laopinion.es/25 de marzo de 2009.-Noé Ramón, Santa Cruz de Tenerife. El Tribunal Supremo (TS) emitió ayer un auto a través del cual rechaza el recurso de casación interpuesto por Inversiones de Las Teresitas (ILT) por medio del cual solicitaba una rectificación de error material en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que ordenaba que se devolvieran a sus propietarios originales cuatro parcelas de Las Huertas. Con esta decisión, el alto tribunal parece poner fin a la estrategia judicial de Ignacio González y Antonio Plasencia para dilatar la devolución de estos solares a sus propietarios originales.
En concreto, se trata de las fincas 50, 62, 94 y 113, propiedad de la familia Sanfiel Cabrera y González Sanfiel –cuyo abogado es Miguel Pérez Camacho– que obtuvieron una sentencia favorable en el año 2006. En aquel entonces, ILT decidió interponer un recurso de casación contra el fallo ante el Supremo. Sin embargo, a finales del pasado año, el alto tribunal decidió inadmitir el recurso.
A partir de aquí ILT interpuso otro recurso ante el TS solicitando rectificación de error material. En este punto el tribunal ha sido contundente al rechazar este recurso y prácticamente los argumentos defendidos por la empresa de Ignacio González y Antonio Plasencia. Y es que a grandes rasgos considera el Tribunal que más que una impugnación por error en realidad los abogados de ILT habían presentado un recurso contra el fallo, ya firme y ejecutable.
Así se indica que el escrito presentado por la empresa, "aunque dice ser de solicitud de rectificación de errores, excede lo que es propio de los que están legalmente previstos para esta finalidad, según lo que se prevé en la Ley Orgánica, que únicamente admite ese trámite para aclarar algún concepto oscuro o rectificar cualquier error material del que adolezcan el auto o sentencia a que se dirige, sin que, por tanto, pueda servir para modificar las declaraciones jurídicas empleadas".
"No caben más vacilones". El abogado de estos vecinos, Pérez Camacho, señaló ayer que el nuevo auto viene a comunicarle a González y a Plasencia que "aquí no caben ya más vacilones" y por lo tanto, la sentencia emitida en su momento es "inexpugnable". Por ello, Pérez-Camacho fue claro al señalar que a partir de ahora pedirán la ejecución de la sentencia en los términos en los que ya apuntó que se debería cumplir por parte del TSJC. O lo que es lo mismo, sacar estas parcelas del Plan Parcial, devolverlas a sus propietarios originales y proceder a continuación a realizar una nueva equidistribución de beneficios y cargas.
La respuesta del TSJC a la petición de aclaración fue que aunque los afectados sólo representan la quinta parte de las fincas, "hemos de considerar, que cuando se aborda una cuestión propia del derecho administrativo, la Sala da por supuesto el conocimiento general por parte de la representación de los demandados, del régimen jurídico de aplicación a los actos sobre bienes inmuebles pertenecientes a comunidades. Parece que se ha olvidado y no tendría que ser objeto de aclaración", se señalaba entonces en evidente tono de reproche.
Acto seguido desde el alto tribunal canario se recordaba que estos dueños "están legitimados por si mismos y sin necesidad de la audiencia ni aquiescencia de ningún otro comunero, para impugnar una disposición que ha afectado al inmueble del cual son parte, generando un destino que consideran ilegal o contrario a sus intereses y pueden sin ninguna duda proceder a anular".
¿Parcelas correctamente expropiadas?
Esta cadena de fallos en contra de los intereses defendidos por la Junta de Compensación e Inversiones Las Teresitas (ILT) no es casual. Desde hace ya varios años todas las sentencias parecen ir en un mismo sentido, que no puede ser otro que intentar reconducir el embrollo, al parecer interesado, que se produjo en Las Huertas y en Las Teresitas para proceder a una operación de compraventa por parte del Ayuntamiento que también ha sido anulada por el Tribunal Supremo. Inaccesibles al desaliento la Junta indicó en su momento que las cuatro fincas en cuestión habían sido expropiadas a finales de 1972 y principios de 1973 y consignados sus importes, obrando en poder de la Junta las correspondientes cartas de pago". Se indica que en aquel entonces el TSJC desestimó las pretensiones de los recurrentes y se desistió de recurrir en el Supremo. Así, se considera que la parcela 113 era propiedad de la Junta, no habiéndose renunciado entonces a la expropiación. Por su parte, las 50, 62 y 94 tienen un coeficiente de 0,3018. Según la Junta, los propietarios habían solicitado la integración en la escritura de 30 de agosto de 1973 ante notario, "habiéndose aceptado en la sesión de 10 de diciembre de 1973, con respecto a las parcelas 50, 62 y 94 y no con respecto a la 113, a cuya expropiación no se renunció. La titularidad de todas las parcelas indicadas es de la Junta de Compensación correspondiéndoles a sus anteriores titulares un coeficiente de 0,2309". Así lo indicó la Junta ante la Gerencia de Urbanismo cuando este organismo abrió una investigación hace ya un año para determinar si eran ciertas las reivindicaciones de más de un centenar de vecinos sobre estas 32 parcelas. Y es que estos ciudadanos denunciaban que habían sido expoliados ya que sus propiedades nunca llegaron a ser realmente ni expropiadas, ni pagadas, ni revertidas otra vez sobre sus propietarios originales. Tras más de un año de estudiar la documentación presentada la Gerencia determinó que efectivamente 28 de las 32 parcelas eran de sus dueños originales. Tras abrir un período de información pública el dictamen final redujo la cantidad de propiedades reconocidas a 17 sobre 31. No obstante, este hecho ha sido recibido por los vecinos de Las Huertas como un auténtico triunfo histórico de sus reivindicaciones.
Un mes para que todas las parcelas vuelvan a sus dueños
A partir del último pleno celebrado por el Ayuntamiento de Santa Cruz el pasado 20 de marzo donde se reconocieron 17 de 31 parcelas a sus propietarios originales, se ha abierto el plazo de un mes para que Mapfre, propietario actual de los terrenos, y la Junta de Compensación comiencen a poner orden en la situación registral de estas parcelas. Así desde ahora se cuenta con treinta días para que los actuales propietarios reviertan las propiedades hacia los vecinos. Igualmente en este tiempo se deberá llegar a un acuerdo con el fin de paralizar o continuar los trabajos en cinco parcelas como son la 50, 77, 75, 62 y 61, de las cuales dos corresponden a este proceso judicial. Pieza separada. Por lo tanto en este mes se intentará dar solución a una injusticia histórica que se viene repitiendo desde hace ya cerca de tres décadas. En el reconocimiento por parte del Ayuntamiento de los derechos de los dueños ha tenido mucho que ver la apertura de una pieza separada dentro de la causa penal del caso Teresitas que abarca todo lo ocurrido en Las Huertas.
Pérez Camacho: "Aún no nos han llamado para negociar"
El abogado de la familia Sanfiel, Miguel Pérez Camacho indica que a partir de hoy comenzarán las negociaciones para intentar regularizar la situación de estas cuatro parcelas. Pero estas conversaciones no sólo tendrán como único interlocutor a Inversiones Las Teresitas (ILT) o a Mapfre sino también a los abogados de los restantes vecinos como son José de La Rosa y Felipe Campos. Estos últimos ya han anunciado su disposición a solicitar que se anule el plan parcial de Las Teresitas con el fin de que sea redactado de nuevo pero contando con el punto de vista de los propietarios. Y es que en estos momentos se calcula que de los 130.000 metros cuadrados comprados por Mapfre a ILT por 120 millones de euros, casi la mitad han vuelto a las manos de sus auténticos propietarios.