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Home»Opinión»Política Opinión»Políticos jugando con la salud

Políticos jugando con la salud

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By on septiembre 4, 2020 Política Opinión
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En medio de un bronco y tenso debate, el PSOE de Tenerife y Unidas Podemos, han obligado al presidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, a posponer el nombramiento de Conrado Domínguez, como nuevo director del Servicio Canario de Salud (SCS).

Ese mismo cargo ya lo ejerció Domínguez en la pasada legislatura presidida por Fernando Clavijo, actual senador de Coalición Canaria en Madrid. Hasta el día de ayer, Torres lo tenía casi todo “atado y bien atado”. Sin embargo, el rechazo de los socialistas tinerfeños y de Unidas Podemos a “readmitir” a Domínguez al frente del SCS al ser considerado un gestor muy cercano a la sanidad privada y al expresidente Clavijo, ha provocado una pelea de gallos entre los socios del Gobierno. Una vez más, el presidente Torres, queda desautorizado y muy debilitado como un político sin criterio y sin autoridad moral. Me imagino a Clavijo partiéndose de la risa ante las estrafalarias decisiones que no para de tomar su sucesor en el cargo tras las últimas elecciones autonómicas de mayo de 2019. En apenas un año y dos meses, Torres ha pretendido realizar el cuarto cambio en un mismo departamento tras batir el récord de haber sido el artífice de nombrar y cesar a varios directores generales en menos de catorce meses.¡Patético!

Por pura lógica, y por un sentido común de estrategia empresarial, económica o política, los grandes directores y responsables de recursos humanos que dirigen a profesionales del mundo de los negocios, no cambian sus proyectos ni a sus ejecutivos cada dos meses. Eso sería demencial. Lo mismo ocurre con el programa político de un Gobierno donde se debe actuar con temple, cautela, profesionalidad y prudencia. Máxime en una Consejería de Sanidad y en el SCS, el área con mayor presupuesto del Gobierno autonómico. Los experimentos con gaseosa siempre fracasan. La consolidación de un proyecto profesional se tiene que planificar a corto, medio y largo plazo. Con la salud no se juega, señor presidente.

En la gestión política del jefe del Gobierno autonómico, ocurre todo lo contrario: cada vez que piensa y habla provoca un cisma, un apagón general, o “cero energético”. El profesor Torres está demostrando todos los días que es un incompetente peligroso. Pues sus temerarias decisiones afectan a una población canaria de 2.220.270 habitantes, es decir a la 7ª Comunidad de España en cuanto a población se refiere. Con este hombre, nuestro Archipiélago Canario vive al filo del precipicio. En catorce meses al frente del ejecutivo regional, ha cambiado cuatro veces al máximo responsable del SCS. Por ese cargo, aparte del propio Domínguez, han pasado en menos de un año y medio Blanca Méndez, Antonio Olivera y Alberto Pazos. ¡Vergonzoso! De nuevo, el profesor Torres, intenta “repescar” a Conrado Domínguez, un tecnócrata supuestamente vinculado a la sanidad privada que, según dicen, es una persona receptiva y dialogante. (…) Su vuelta al SCS coincidiría con un rebrote de nuevos contagiados por la COVID19 que está poniendo a prueba, en esta segunda oleada tan alarmante, la más que demostrada profesionalidad de todos los médicos, enfermeros, enfermeras, personal auxiliar, celadores y demás trabajadoras y trabajadores de nuestros hospitales públicos y centros de salud.

Las aventuras del profesor Torres ya no provocan la risa, sino preocupación y desconfianza por ser un gobernante inestable y sin personalidad. Carece de criterio. Su ego lo tiene obnubilado. Es incapaz de asumir que, sin humildad, sencillez, destreza y sabiduría, no se resuelven los problemas ni se puede ser presidente de un Gobierno cuya sociedad reclama diálogo, consenso, negociación y unidad para superar los obstáculos. De un plumazo, y con cierta inquina, se cargó a la anterior consejera de Sanidad, Teresa Cruz. En las últimas horas, influenciado por los barones autonómicos liderados por Sebastián Franquis, secretario general del PSOE en Gran Canaria y titular de la Consejería de Obras Públicas, Torres tuvo que aceptar la vuelta de Conrado Domínguez al SCS por una orden expresa de Franquis que es quien manda en el Ejecutivo y en el PSOE de Las Palmas”, me ratifica una fuente del PSOE en Tenerife que, además, advierte: “no vamos a tolerar que Torres nombre a Domínguez porque está demostrado que es un hombre de la sanidad privada”. Ante este aviso a navegantes, queda claro que las guerras internas, intestinas e intestinales, están marcando distancias entre las familias socialistas de Tenerife y Gran Canaria y el aparato del partido del que, de momento, Torres Pérez es su secretario general a las órdenes de Sebastián Franquis. Esas distancias se notan, incluso, cuando uno comprueba que los socios del “pacto de las flores” recelan unos de otros. Nadie se fía de nadie. “Las escopetas están cargadas”.

El presidente Torres vuelve a fracasar en su gestión como presidente de un Gobierno inestable cuyos socios y algunos de sus consejeros cuestionan su propio liderazgo. No lo respetan. Ni siquiera lo escuchan. No se fían de su palabra. Empezando por el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, cuyas relaciones personales  y políticas con Torres son turbulentas. El que fuera presidente del Ejecutivo Canario y exdirector general del Servicio Canario de Salud, no soporta que Ángel Victor gobierne a golpe de improvisación o que actúe presionado por ciertos barones del PSOE que, desde dentro del aparato de poder, desde el mismísimo Consejo de Gobierno, le marcan la agenda al presidente al que consideran un pelele. No olvidemos que, aunque Román Rodríguez ya fue obispo antes que cardenal, sigue siendo un «malabarista de la intriga y la conspiración». Es decir, conoce el ganado que guarda. Viene de vuelta. Sabe nadar y guardar la ropa.

Lo único que ha logrado Torres con sus nombramientos en la cúpula de la consejería de Sanidad y del SCS, es demostrarnos que apenas alcanza el nivel de un politicastro local con menos luces que un torpe concejalillo de pueblo. Pues con la politización de la Sanidad Pública, lo único que ha conseguido es erosionar y debilitar aún más la imagen pública del colectivo de médicos en general. Desmotivando, por otra parte, a ese otro importante colectivo compuesto por enfermeras, enfermeros, celadores, auxiliares y todo el personal que sufre los zarpazos de este desgobierno que provoca vergüenza, risa, cabreo, indignación y rechazo general.

Hay que despolitizar el SCS y acabar con los denominados «cargos de confianza» o de amigachos, militantes, compañeros del partido y una larga lista de enchufados. Hoy por hoy, el presidente del Gobierno canario, ha convertido el SCS en un  «Club de Amigos»; transformados, a la vez, por arte del “travestismo” político, en clanes de presuntos “mafiosos” que son los que se reparten los cargos en todos los hospitales públicos de Canarias que dependen del Servicio Canario de Salud. Esos clanes son los que acuerdan “extraños” conciertos económicos con la Sanidad Privada.

El SCS tiene la obligación de investigar el asunto de los “servicios de radiología privados” como, por ejemplo, DIMEC Clínica San Roque, que ocupa espacio público e instalaciones en el mismísimo hospital Doctor Negrín. ¿Qué hace una clínica privada instalada, presuntamente, en el interior de un hospital público realizando determinadas pruebas radiológicas, incluida medicina general nuclear? A quién pertenece el PET-TAC, Positron Emission Tomography (Tomografía por Emisión de Positrones) y todos los aparatos de RX? ¿Son propiedad de DIMEC o del Servicio Canario de Salud? ¿Porqué la Consejería de Sanidad no hace público el concierto económico y de colaboración con DIMEC Hospitales San Roque y lo hace llegar al Parlamento de Canarias y a todos los medios informativos para que lo publiquen?

El SCS, en esa misma política de transparencia, tiene la obligación de investigar, revisar y hacer público su concierto con Hospitén en Tenerife y sus centros en otras islas de nuestro Archipiélago. ¿Acaso temen descubrir, presuntamente, algún pozo sin fondo? Los partidos políticos representados en el Parlamento canario, tienen que investigar si cierto hospital privado en Tenerife presente en otras islas, facturaba y cobraba, supuestamente, el doble de precio al SCS y a los seguros de extranjeros por el mismo paciente.

Cada día que pasa, la sociedad democrática está comprobando que la política es una simulación. Muy pocos son los que están en política por cuestiones éticas. Estamos en manos de ciertos mediocres que, como el asunto que nos ocupa del SCS, están jugando con la salud de los pacientes y con la propia gestión del SCS que es una trinchera de cargos ofrecidos a dedo a amigos y compañeros del partido en el poder. Ahí tenemos, para no ir muy lejos, los poderes otorgados al Doctor Jesús Morera Molina, director gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, al que la mayoría de los profesionales lo consideran como una persona contraindicada e ineficaz para desempeñar un cargo de tanta responsabilidad como el que hoy ostenta. El propio expresidente del Gobierno, Fernando Clavijo, llegó a vincular la mayor contratación de seguros médicos privados a la “gestión inadecuada” del entonces consejero de Sanidad del PSOE, Jesús Morera. ¿Se atreverá el presidente Torres a cesarlo? Es probable que su salida sea inminente. Morera podría tener los días contados al frente del hospital Doctor Negrín.

Urge un debate serio y riguroso en el Parlamento canario sobre el estado de salud de la Sanidad Pública en Canarias. Los partidos de la oposición no pueden permanecer al margen y en silencio ante esta situación que oscurece la transparencia de la gestión sanitaria. La democracia no puede vivir a oscuras. Urge que se publiquen las cuentas claras y hasta la letra pequeña de los conciertos entre la Consejería de Sanidad y las clínicas privadas para saber, investigar y aclarar si es cierto que, presuntamente, casi la mitad de las operaciones quirúrgicas de Canarias se hacen en hospitales privados. Aquí no se puede hablar de errores en la planificación. No hay que confundir errores con delitos. Si hay delitos, que se esclarezcan. De momento, todos callan y todos otorgan. ¿Porqué será?

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