¿Alguien puede pensar que los pactos políticos de La Transición se fraguaron en un terreno neutral en la que todas las partes negociaron en pie de igualdad?
Claro que no; porque esos acuerdos y cualesquiera otros bajo la luz del sol se negocian a partir de una correlación de fuerzas en la que ninguno de los interlocutores deja de utilizar en su provecho las cartas que maneja.
La correlación de fuerzas en la desembocadura del franquismo era compleja. Los herederos del Régimen del 18 de julio, fueran partidarios del “todo atado y bien atado” del testamento del General o se alinearan con las tesis más aperturistas o simplemente partidarias de restablecer la democracia, se apoyaban en la propia continuidad del Régimen y en la amenaza, como arma negociadora más o menos velada, de la irrupción de unos aparatos represivos criados y ensolerados para servir a una dictadura. La preferencia de estos últimos era la de una democracia embridada que no pusiera en peligro el sistema económico y social consolidado por el franquismo.
Por su parte, las fuerzas de oposición –con una debilidad organizativa y un liderazgo social mucho más endeble de lo que aparentaban– invocaban el malestar social generado por la prolongada Crisis “del petróleo”, ciertos apoyos internacionales y aprovechaban la desorientación y los temores, tras la muerte del Caudillo, de los sectores económicos y sociales que más se beneficiaron del Régimen: un sistema autoritario plenamente integrado en el capitalismo y alineado con el bando occidental durante las décadas de la Guerra Fría, una vez abandonadas las ensoñaciones de una revolución nacional-sindicalista.
En esos acuerdos, la oposición democrática aceptó la Monarquía, a partir de la evidencia de que Juan Carlos era la única autoridad aceptada por las Fuerzas Armadas. El propio Rey designado por la Lex Sucesoria franquista hizo una apuesta arriesgada por una democracia homologable y aceptó una monarquía parlamentaria.
Y la oposición logró plasmar en el Texto Constitucional una amplia Declaración de Derechos, el reconocimiento del principio democrático, del Estado Social y de las autonomías territoriales.
A partir de ahí, los diferentes gobiernos han ido intentando profundizar en la parte de los Pactos con los que se sentían más identificados hasta que en la última década, en el marco de la nueva correlación de fuerzas –fraguada por la globalización, una Europa muy derechizada y la Crisis Económica– los sectores conservadores jibarizaron el Estado de Bienestar y los derechos laborales, amordazando las libertades públicas y derechos que son imprescindibles para articular la resistencia social contra esos ataques, a la par que el nacionalismo catalán rompió los acuerdos de convivencia territorial, en una huida hacia ningún lado en la que coincidieron los independentistas de siempre, los epígonos a la desesperada de Convergencia y Unió y grupos antisistema.
La Monarquía, por su parte, ha entrado por los propios deméritos de Juan Carlos en un tobogán de desprestigio de pronóstico reservado.
Sin embargo, en mi opinión es un error, un grave error de algunos sectores de izquierdas dejarse llevar en estos momentos por la querencia antimonárquica y plantear desde la exigencia de un referéndum sobre monarquía o república o la de la abdicación de Felipe VI.
Primero, porque la disyuntiva monarquía/república no tiene ni de lejos la importancia política y social que galvanizó los enfrentamientos políticos del pasado. El centro de gravedad de nuestro sistema de gobierno no es, como lo fue, una Monarquía con funciones de gobierno; sino la jefatura de un Ejecutivo, fruto de las disposiciones constitucionales, de nuestro sistema electoral, de un sistema de partidos muy jerarquizados y de una forma de gobierno parlamentaria racionalizada, en la que la Moción de Censura constructiva está diseñada para auspiciar la estabilidad del Gobierno.
Y, segundo, porque la situación de emergencia que vivimos ha colocado ante la ciudadanía la verdadera dicotomía: capitalismo salvaje o Estado social. La reivindicación del papel de los poderes públicos como garantía de las condiciones de vida de los ciudadanos y de la vigencia efectiva de los derechos sociales esenciales (salud, educación, dependencia…) se abre paso ante la opinión pública, frente al balance de las políticas desmanteladoras de los principales servicios públicos que han desarrollado los gobiernos del PP, y gobiernos autonómicos conservadores de lo más variopintos, con perseverancia digna de mejor causa.
Es esa reivindicación de lo público y de los instrumentos de cohesión social la que debe centrar la agenda de la izquierda. Y la que puede reducir la base social y electoral de la derecha y afianzar un nuevo ciclo de gobiernos y políticas progresistas.
Y no ponerle en bandeja a una derecha confrontada ante su propio espejo por amplios sectores de la opinión pública, una vía de salida y un pretexto para su reagrupamiento: alinearse en defensa de la Monarquía y acusar a la izquierda de romper los acuerdos en que se ha sustentado durante cuarenta años la convivencia en este turbulento país. Que es el nuestro.
Reivindicar los Pactos de la Transición, es decir reivindicar la Constitución de 1978, no puede dejarse en manos de una derecha tan dispuesta a apropiarse de la Constitución, de la Monarquía, de la idea de España y de lo que haga falta, como a desmantelar el Estado Social.