La Asociación para la Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias valora positivamente que el nuevo gobierno de PSOE-Unidas Podemos haya cumplido su promesa de aumentar las pensiones un 0,9 % según el IPC en su primera reunión y que, en caso de que la inflación aumente por encima del 0,9%, los y las pensionistas recibirán durante el primer trimestre de 2021 una paga compensatoria de la diferencia.
Sin embargo explican que para una pensión media-alta el 0,9% de aumento supondrá percibir 15 o 20 euros mensuales más; pero una pensión mínima contributiva, de alrededor de 670 euros al mes, solo subirá unos 6 euros y una pensión no contributiva o del SOVI, que ronda los 400 euros, no pasará de 4 euros, por lo que las personas que perciban este tipo de pensiones no lograrán salir de la marginación social y la pobreza.
Esto sucede en todo el Estado español, pero en Canarias es incluso más grave, porque más de la mitad de los alrededor de 300 mil pensionistas censados, tanto los que perciben pensiones no contributivas como los que perciben pensiones contributivas mínimas, están muy por debajo del salario mínimo interprofesional, con prestaciones que en una gran proporción no sobrepasan los 430 euros mensuales. «Nadie puede vivir dignamente con estas pensiones» aseguran.
Por eso, el año pasado la ADPC presentó el pasado año en el Parlamento de Canarias cinco mil firmas de ciudadanos y ciudadanas en apoyo a la solicitud de que en los presupuestos generales de 2020 se habilitara una partida para complementar estas pensiones de miseria. Asimismo solicitaron una entrevista al presidente del Gobierno Autónomo, D. Ángel Víctor Torres, para exponerle dicha petición.
Indican que «los presupuestos se aprobaron con algunas medidas sociales destinadas a paliar la situación de extrema necesidad de amplios sectores de nuestra gente, pero el señor presidente no ha tenido tiempo para reunirse con nosotras y nosotros. Seguimos a la espera, pues no podemos permitir pasivamente que muchísimas personas, sobre todo mujeres que han trabajado toda su vida cuidando la vida de los demás, sigan en la pobreza, mendigando ayudas sociales o buscando en los contenedores de basura algo que les permita sobrevivir en su penuria».
Desde la Asociación señalan que los gobiernos central y autonómico tienen en sus manos la legitimidad y el poder otorgado por la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos españoles y canarios para reparar esta injusticia social. Recuerdan que la renta para vivir dignamente es hoy el 60% del salario medio, como dispone la Carta Social Europea firmada por España, y que aquí supone 1.084 euros al mes y que este tope debe servir tanto para el salario mínimo como para las pensiones mínimas.
«Somos conscientes de las dificultades para lograr un mayor y mejor reparto de la riqueza; pero también sabemos que si hay verdadera voluntad política, si se pone en marcha una reforma fiscal justa y progresiva, con los medios humanos y económicos que la hagan posible, se podrá financiar muchas políticas sociales. España recauda el 7% menos que la media de la Unión Europea, hay margen para actuar», concluyen.