El agua debiera ser un derecho universal, porque es un bien esencial para la vida. Actualmente, las sequías, las hambrunas, las guerras y los movimientos migratorios, ocasionados por los efectos del cambio climático, los están sufriendo ya millones de personas, de animales y de plantas, convirtiéndose el agua en objeto del deseo de las multinacionales que trafican y negocian con ella.
En Canarias, además, el agua es un bien escaso. Escaso y privado.
Dos condiciones necesarias para que el agua sea objeto de negocio y especulación.
Cabría preguntarse por el papel que juegan, en todo el ciclo del agua, los consejos insulares de Aguas, que están en manos de cada uno de los cabildos.
Tenemos que apostar porque se apliquen los criterios de la economía circular al ciclo del agua: eficiencia y sostenibilidad en todo el proceso, desalar menos y no permitir que tengamos unas pérdidas próximas al 70% en el transporte del agua, depurar con procedimientos naturales, que no consumen energía, y reutilizar la totalidad del agua.
El binomio agua-energías renovables debiera ser indisoluble. Sin embargo, en Canarias se opta por apuestas de obsolescencia programada, por las grandes obras y los grandes negocios.
Agua, piche y ladrillo entremezclan sus intereses económicos en las islas. Y cuentan con el apoyo político de Coalición Canaria y sus incondicionales PP y ASG, para continuar enriqueciéndose y estafando a los canarios.
Cobrar por depurar y no hacerlo es un timo.
Es una estafa vendernos agua potable de abasto y seguir permitiendo que núcleos de población de diversas islas no puedan utilizar el agua de sus grifos por el exceso de fluoruro, de nitrato o de boro, que incumplen los criterios de calidad del agua, según la Consejería de Sanidad.
Durante más de tres décadas los sucesivos responsables políticos de Canarias, la mayoría de Coalición Canaria, han incumplido reiteradamente con la normativa canaria, la española y la europea en materia de vertidos de aguas residuales al mar.
Y, en consecuencia, hemos recibido reiteradas multas de la Unión Europea por vertidos ilegales, que son competencia de los ayuntamientos; multas millonarias por no haber realizado los planes hidrológicos de las islas, competencias de los Cabildos.
Y, por encima de ellos, el Gobierno de Canarias.
Según el censo, estamos tirando agua al mar por 394 conducciones, 49 de ellas son emisarios submarinos. El número de puntos de vertido no autorizados es de 277 (72%), repartidos al 50% en ambas provincias. Y 69 de ellos vierten a zonas clasificadas como playa, es decir, donde nos bañamos.
Islas como El Hierro (5) no tienen punto alguno autorizado. La Gomera, de 10 sólo tiene 3, los mismos que La Palma de 17; Lanzarote, de 37 sólo 8 autorizados; Fuerteventura de 40 sólo 10 autorizados; Gran Canaria de 113 sólo 33 autorizados y Tenerife de 172 sólo 59 autorizados.
El panorama es desolador. Ayuntamientos, Cabildos y Gobierno de Canarias decidiendo que este asunto no es prioritario porque no da votos. Es solo porquería. ¿Qué más da?
La entrada en la Unión Europea trajo consigo que llegara mucho dinero a Canarias, fondos europeos que debían haberse invertido en depuración de aguas, mejoras de la canalización, emisarios submarinos, alcantarillado… y nos hemos encontrado con un Gobierno y unas instituciones locales que han preferido gastarse el dinero procedente de Europa en miradores, obras faraónicas, rotondas, anillos Insulares, más carreteras y puertos desiertos.
El negocio de la construcción como un fin en sí mismo, que, además, siempre beneficia a unos pocos, que son los que deciden sobre la política en Canarias.
Las aguas residuales urbanas significan el 57% de los vertidos al mar y lo hacen a través de 224 puntos de vertido censados, del total de 394 conducciones que acaban en el mar. De ellas sólo se depura y regenera un 18%.
Esta situación tiene remedio, hay soluciones alternativas y ya lo está discutiendo la ciudadania en distintas islas, formando plataformas ciudadanas como la de Isla Baja en Tenerife, o recogiendo firmas en change.org como lo vienen haciendo en Gáldar con la zona de Bocabarranco.
Frente a métodos basados en altos costes de mantenimiento usando combustibles fósiles existen otros métodos que podrían disminuir el caudal de agua residual con procesos de depuración primario y secundario en zonas más altas, depuración con biodigestores anaerobios y una última fase de depuración con plantas.
Estos sistemas presentan múltiples ventajas como su nulo coste energético, bajos costes de implantación, elevada autonomía de funcionamiento, ausencia de malos olores, y posibilidad de reutilización de los productos generados (planta acuática para el forraje u ornamental, fangos para el abono, agua de salida como fertilizante líquido para el riego de cultivos, biomasa generada en el proceso como combustible).
Tenemos diversos expertos en Canarias que, con tecnología propia, han demostrado que es posible.
Seguramente, los responsables políticos no han pensado en ello ni apuestan por ello, porque no son grandes infraestructuras, no consumen energía eléctrica, no dependen, por tanto, del petróleo ni del gas con elevadas facturas de consumo, y, claro, no son negocio en sí mismas.
Han optado por las desaladoras en todas las islas, que consumen mucha energía y producen salmueras y lodos altamente salinizados a los que no se les ha encontrado la solución óptima.
Tenemos que apostar por la depuración natural y porque no se contaminen nuestros mares y nuestro territorio y se reutilice la totalidad de las aguas residuales.
Manuel Marrero Morales
Diputado del Grupo Parlamentario Podemos Canarias