Los empresarios del sector del turismo cree que «ha llegado el momento» de pedir la competencias de Costas para Canarias
La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) ha entendido que es hora de solicitar al Estado la transferencia de competencias en materia de Costas para poder regular desde Canarias «un aspecto tan importante de la oferta turística».
Considera que se dan las circunstancias en las relaciones Canarias-Estado para abordar este asunto, incluso blindándolo en el Estatuto de Autonomía si así fuera necesario.
La patronal hotelera ha llegado a esta conclusión tras las «consecuencias negativas» generadas por el cierre de los chiringuitos de playa en los municipios de Adeje y Arona (en la isla de Tenerife) por parte de la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del actual Ministerio para la Transición Ecológica.
Asimismo, ha insistido en su rechazo a las formas en que se ha producido este cierre, «que ha provocado grandes perjuicios a una multitud de usuarios, privados en un mes tan importante como agosto de unos servicios que en los últimos años forman parte de la oferta turística en ambos municipios del sur de Tenerife».
El presidente de Ashotel, Jorge Marichal, apuntó que está de acuerdo en la necesidad de hacer cumplir la ley y que si bien es probable que algunos de estos quioscos hayan ofrecido servicios para los que no tenían autorización, es posible hacer las cosas de otra forma sin tener que afectar a los usuarios que demandan estos servicios y sin tener que dañar a quienes trabajan en ellos, forzados a perder sus empleos.
«Se podía haber exigido el cumplimiento estricto del contenido de las autorizaciones temporales expedidas, al tiempo que se trabajaba en unos pliegos para el concurso y autorización de los quioscos mediante las correspondientes licencias», consideró.
También señaló que «lo peor es que podemos llegar a la temporada de invierno –alta en Canarias– y que la solución no haya llegado aún», al tiempo que insistió en que estas actividades en la playa deben de estar licitadas mediante unos concursos públicos, abiertos y transparentes, evitando autorizaciones de temporada que acaban generando los problemas que se han producido.
«Se trata de ofertar aquellos servicios para los cuales hay ya una demanda consolidada, por lo que la normativa debe dar respuesta a esta realidad y no al revés», concluyó Marichal.