Que Coalición Canaria usa eslóganes en lugar de argumentos y propaganda con dinero público en lugar de información es cosa ya sabida. En realidad es la marca, la única marca de la casa.
Pero de último, sobre todo en La Laguna, ha incorporado otra seña de identidad, suya de ellos: una buena dosis de gamberrismo.
Porque gamberrismo es lo que ha practicado José Alberto Díaz al acusar a los portavoces de Unid@s Se Puede y XTF-NC de estar impidiendo el desarrollo de los servicios sociales en La Laguna.
Un par de datos, frente a la propaganda gamberra del Régimen:
Entre 2013 y 2017, el ahorro bruto, nunca mejor dicho, a que se ha sometido a la ciudadanía lagunera alcanzará los 151.389.169,02 euros.
El ahorro bruto es la diferencia entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes del Ayuntamiento. Exactamente igual que en la economía de una familia.
Ese ahorro viene impuesto por el Plan de “Ajuste” 2012-2023 que el Ministerio de Hacienda obligó a La Laguna a aprobar y cumplir desde que afloraron 70 millones de deuda oculta acumulada por Oramas y Clavijo entre 2003 y 2012.
Fue la contrapartida que Montoro, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria en la mano, puso sobre la mesa para autorizar los préstamos bancarios para pagar el pufo.
¿Se ha dedicado ese ahorro brutal a potenciar los servicios públicos esenciales o la inversión municipal para afrontar los efectos de la Crisis?
No, porque “la formación del Presupuesto” ha de llevarse a cabo “con el horizonte temporal” y ha de “venir condicionada” por el Plan de Ajuste, que exige entre otras medidas las siguientes: b) reducción del gasto corriente y c) financiación de las operaciones de capital, es decir de las inversiones, con cargo al ahorro bruto (Memoria del Presupuesto de 2018, pág. 3). Y así, desde 2013.
Esa es la razón de que el Capítulo II del Presupuesto, con el que se pagan las compras de bienes y servicios, esté prácticamente congelado desde 2011 a 2017 en torno a los 53 millones de euros, lo que “ha implicado una importante reducción del margen operativo y de funcionamiento de los servicios gestores”, que “puede afectar a la capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas en la prestación de los servicios esenciales o que pueden contribuir al bienestar”(Memoria Presupuestaria 2017, pág. 6).
El cumplimiento del Plan de Ajuste ha convertido en ridícula la inversión municipal en estos años: 2,004 millones en 2013, 1,302 en 2016 (Liquidación Presupuestaria) y aproximadamente 7,5 millones en 2017, según datos a 31 de diciembre.
Todo esto en una etapa en la que la presión fiscal sobre los contribuyentes laguneros no ha cesado de crecer, desde 548,00 euros habitante/año en 2011 hasta 662 euros en 2016, según datos oficiales (Auditoría Anual para el Fondo Canario de Financiación Municipal).
A título de ejemplo, la recaudación del IBI Urbano ha subido desde 16.777.542,00 euros en 2008 a 39.104.027,00 en 2018. Es verdad que se ha desplegado en los últimos años la actualización del valor catastral de los inmuebles; pero también que los Ayuntamientos pueden excepcionalmente bajar el tipo impositivo para amortiguar la subida espectacular de la “contribución urbana” (art. 72.5 Ley de Haciendas Locales). Y se han negado a hacerlo, a pesar de las constantes propuestas de la oposición.
Los laguneros hemos estado pagando durante la Crisis una herencia envenenada: la de una mala administración durante la época de las vacas gordas. Irresponsable gestión que tiene nombre y apellidos: ATI-Coalición Canaria.
Eso sí: los gastos de publicidad y propaganda no han bajado del millón de euros cada año (1,452 en 2017, cifra oficial pero no definitiva).
Y, cómo no, el Presupuesto para Fiestas lo han doblado: de 1,141 millón en 2011 a 2,141 previstos para 2018; aunque siempre se gastan más, mucho más que lo presupuestado: en 2017 presupuestaron para Fiestas 1,765 millones y a 31 de diciembre habían comprometido gastos por 2,556 millones, casi un millón de euros más al margen de la legalidad.
Sé que los datos son áridos. Estudiarlos, sistematizarlos y darlos a conocer es obligación de quienes representamos a La Laguna ejerciendo la función de control, imprescindible en la democracia. Porque estamos hablando del dinero de los contribuyentes.
Informar: es lo que deberían hacer los que están en el gobierno. Pero no lo harán, porque les llevaría a tener que dar explicaciones y asumir responsabilidades. Y eso sí que no forma parte del ADN de Coalición Canaria. Por eso prefieren publicidad y propaganda. Propaganda gamberra. Que pagamos todos.