Si atendemos solamente a la evolución de las variables macroeconómicas que continuamente se nos mencionaban en los años más duros de la crisis, debemos considerar que esta ha sido superada.
El crecimiento del PIB, el descenso de la tasa de desempleo, la recuperación del consumo de las familias y sobre todo el hecho de que nadie mencione ya la otrora omnipresente prima de riesgo así lo sugieren.
Otro indicador de la mejora de la macroeconomía lo podemos encontrar en la decisión del Gobierno de Canarias de fijar en el 100% la tasa de reposición para los cuerpos de funcionarios docentes no universitarios. Cabe recordar que en los años más duros de la crisis dicha tasa llegó a estar solamente en un 10%.
Debido a tal disparatada decisión, el profesorado de Canarias está asistiendo atónito a la que probablemente sea la mayor oferta pública de empleo que la administración educativa de las islas pone en marcha desde que se creó. Oferta que pone en peligro los puestos de trabajo del profesorado interino que desde hace años desarrolla su labor en la enseñanza pública.
Tal desatino proviene del acuerdo firmado el pasado mes de marzo entre el gobierno central y algunos sindicatos, los cuales ahora, una vez publicada la desmesurada oferta de plazas, se rasgan las vestiduras. Dicho acuerdo pretende bajar la tasa de interinidad del 25% al 8% en los servicios esenciales en tan solo tres años, con la excusa de que el Tribunal de justicia de la UE ha reprochado al estado español su alto índice de funcionariado interino.
Nos choca tanta preocupación por contentar a ese Tribunal a toda prisa, cuando recientemente nos enteramos que en las conclusiones anuales sobre el grado de cumplimiento de los Estados miembros de los derechos relativos a salud, seguridad social y protección social de la Carta Social Europea se indica que en el estado español las medidas para reducir accidentes de trabajo son insuficientes, los subsidios por desempleo escasos para personas sin cargas familiares, y los requisitos para acceder a prestaciones y asistencia social no son adecuados.
Está por ver cuánto tardan las administraciones, y en particular la canaria, en tomar decisiones para subsanar esta situación y cumplir con los requerimientos de la UE, a ver si para este tipo de problemas que afectan directamente a la clase trabajadora hay solución o por el contrario aún no hay dinero para ello, porque si algo está claro es que aquellas medidas anticrisis que afectaron negativamente a los derechos de los trabajadores no parece que tengan intención de revertirlas a corto plazo, y como ejemplo de ello a los docentes enseguida nos viene a la cabeza el enorme deterioro que han sufrido nuestras condiciones de trabajo a lo largo de estos años.
En efecto, en 2012 sacaron el Real Decreto-ley, llamado con el rimbombante nombre de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, y que en la práctica no es sino una norma para aplicar recortes. A raíz de esta normativa, en Canarias al profesorado de secundaria y otros cuerpos se les incrementó en dos las horas lectivas semanales y las de permanencia en el centro, empeorando de manera significativa las condiciones de trabajo.
Si a este horario abusivo, que ya de por sí exige al profesorado un sobreesfuerzo permanente, unimos que Canarias es de los territorios del estado en los que es mayor el número medio de alumnos por profesor/a, lo que obliga a los docentes a dedicar más tiempo a tareas burocráticas y menos tiempo a cada uno de sus alumnos y alumnas, nos encontramos con un escenario que sigue siendo más propio de una situación de crisis económica y que sólo consigue dañar de forma importante a la enseñanza pública canaria.
Si como parece ya hemos superado la crisis, también es hora de superar los recortes que en su nombre nos impusieron, es hora de que el profesorado recupere las condiciones de trabajo perdidas, es hora de hacernos oír, ya es hora.