Si fuese presidente del Cabildo de Tenerife me disgustarían esos antecedentes machistas por los que la institución nunca ha tenido una presidenta.
Por eso, me sentiría incómodo con la idea de que la primera presidenta del Cabildo de Tenerife podría ser sólo presidenta honoraria. Y sí, lo sé, es verdad que, además, sería presidenta perpetua. Pero, insisto, lo grave es que sería sólo presidenta honoraria. Así que, en conjunto suena a sentencia punitiva: presidenta honoraria a perpetuidad.
Para deshacer y conjurar tamaño entuerto estaría dispuesto a dar mi voto al presidente Carlos Alonso para que él fuera presidente perpetuo del Cabildo tinerfeño. Eso sí, a cambio de que fuera también presidente honorario. Sé que el resultado, en comparación con la situación actual, sería un mal menor…
En cualquier caso, es lamentable pensar que, cuando por fin vamos a tener una presidenta del Cabildo, vaya a ser sólo presidenta honoraria. Y es que la propuesta de Alonso, para que la Virgen de Candelaria sea presidenta honoraria del Cabildo, evoca los tiempos en que la alianza entre política y religión discriminaba a las mujeres de carne y hueso. La propuesta es una distopía premoderna que encandilaría a cualquier ayatolá chapado a la antigua. Veamos las razones.
En mayo de 2016, el Papa Francisco afirmó que el Estado debe garantizar la libertad religiosa y que “debe ser laico. Los estados confesionales terminan mal. Esto va contra la Historia”. Pues bien, precisamente porque comparto esta opinión del Papa me preocupa la propuesta del presidente del Cabildo para otorgar la presidencia de la institución a la Virgen de Candelaria. Me preocupa porque lleva implícita una anacrónica concepción confesional del Estado y, además, contradice el mandato evangélico: “Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.
Ni el Estado debe meterse en el espacio de la religión, ni la religión debe meterse en el espacio del Estado. Las instituciones del Estado no deben promover símbolos religiosos que reflejan creencias particulares ajenas a los criterios que articulan las normas de la convivencia democrática. Los símbolos religiosos implican una perspectiva de parte sobre cuestiones como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la eutanasia, el aborto y mil asuntos más sobre los que el Estado establece normas, sin asumir el criterio de ninguna confesión religiosa y sin imponerla a quienes no la comparten. Porque lo que cada cual se pueda exigir a sí mismo como creyente no tiene derecho a imponérselo a otras personas, sean o no creyentes, sirviéndose del Estado.
Es más, el hecho de que los creyentes de una misma confesión voten a partidos distintos muestra cómo, pese a tener las mismas creencias, conciben la política separada de la religión. Tener la misma religión no supone querer la misma política. Por eso es fundamental separar el espacio de las convicciones personales del espacio institucional que establece las normas de convivencia. El Estado democrático no debe promocionar ni prohibir creencias personales. El Estado debe limitarse, como decía Voltaire, a garantizar las condiciones para que cada cual escoja la vía que quiera al cielo o al infierno.
Si aceptamos que un símbolo religioso como la Virgen de Candelaria presida una institución del Estado, ¿por qué no aceptamos también que esa imagen se coloque en todas y cada una de las dependencias del Cabildo? Más aún: en la medida en que un símbolo religioso conlleva la promoción de unas creencias religiosas determinadas, ¿por qué no asume el Cabildo la promoción más intensa de esas creencias? ¿Por qué no asume en serio el Cabildo la tarea de evangelizar? Porque, no nos engañemos: la promoción de un símbolo religioso conlleva la promoción de las creencias religiosas que representa. Y, por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de grado: cuando el Cabildo acepta promocionar una confesión religiosa puede limitarse a proyectar la figura de la Virgen o ir más allá y descargar de trabajo a los sacerdotes. Se abre una vía para la recuperación de facto de la confesionalidad del Estado. Éste es el anacronismo que, con tan buen criterio, rechaza el Papa Francisco.
¿Qué pretende el presidente del Cabildo instrumentalizando a la Virgen de Candelaria desde una institución del Estado? ¿Quiere resignificarla y desvincular la imagen de la Virgen de las creencias que representa? ¿O quiere vertebrar el Cabildo a partir de las creencias religiosas que representa la Virgen de Candelaria? ¿Quiere que parezca falsamente que quienes estamos en contra del uso político de la Virgen de Candelaria estamos en contra de la Virgen de Candelaria? ¿O, simplemente, lo que quiere el señor Alonso es promocionar su imagen aprovechando actos públicos de la Virgen?
Cuando al Poder le sobran sinrazones y le faltan razones siente la tentación de echarse al monte en busca de feligresías ajenas. Porque no hay nada tan eficaz para que el Poder se perpetúe, sin rendir cuentas, como despertar emociones identitarias, incluidas las religiosas. Se atribuye al rey Enrique IV, que se convirtió al catolicismo para poder reinar, haber dicho que “París bien vale una misa”. Carlos Alonso, su versión ultraperiférica, ultraanacrónica y ultracutre, debe pensar que “Tenerife bien vale una misa”. Ramón Trujillo, coordinador de Izquierda Unida Canaria y concejal en Santa Cruz de Tenerife.