La Gaceta de Canarias / 10 de junio de 2008.- A. Camino. Las Palmas de Gran Canaria. La magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Carla Bellini Domínguez, mantuvo ayer la imputación de un delito de apropiación indebida al presidente de la Junta de Compensación de los terrenos de Las Teresitas, Jerónimo Delgado Delgado, al tesorero del órgano, Clemente Martín Rodríguez, y al secretario, Álvaro Fernaud López, tras tomar declaración a los tres durantemás de cinco horas en la sede de la alta institución judicial en la capital grancanaria.Desde el TSJC recordaron el secreto del sumario decretado sobre el caso de presunta corrupción urbanística en la compraventa de terrenos en la playa de Las Teresitas.
La ronda de declaraciones ante la magistradaCarlaBellini y la fiscal María Farnés comenzó alrededor de las 11.00 horas, con Jerónimo Delgado bajo la asistencia legal del abogado Gerardo Hernández, también letrado de Clemente Martín. El presidentede la Junta de Compensación, que accedió al cargo tras el fallecimiento de Antonio Delgado Brito, semostró “muy nervioso” al abandonar la Sala de lo Civil poco antes de las 14.00 horas y fuentes jurídicas atribuyeron su actitud, además de a la citación en el TSJC, a problemas de salud de un familiar cercano.
“No voy a decir nada, me tengo que ir”, se excusó Delgado Delgado para eludir comentar los términos de su comparecencia judicial, aunque añadió que la declaración se desarrolló “estupendamente”.A continuación, su abogado, que acudió sin documentación alguna en su poder, compartió la valoración de su cliente, aunque eludió ahondar en explicaciones al amparo del secreto judicial.
El letrado Gerardo Hernández salió del Palacio del Justicia, en el capitalino barrio de Vegueta, al filo de las15.00horas después de asistir en la declaración de Clemente Martín, su segundo cliente de la jornada, propietario de terrenos y miembro fundador del órgano encargado de negociar las expropiaciones. El abogado subrayó que los dos acusados contestarona “todas las preguntas”, porque “no tienen nada que ocultar”.
Asu juicio, “está todo aclarado” tras la comparecencia de Delgado Delgado y Martín Rodríguez. “Creemos que no va a haber ningún problema”, abundó Gerardo Hernández, a pesar de que la magistrada mantuviera las imputaciones.
Álvaro Fernaud, cuyo padre también ostentó el cargo de secretario de la Junta de Compensación de Las Teresitas, entró a declarar sobre las 14.40 horas, casi dos horas después de su citación, y accedió a la sala junto a su letrado, pertrechado de una voluminosa maleta. Al finalizar la comparecencia, alrededor de una hora, el abogado Miguel Rodríguez destacó que su cliente, “el personaje menos importante [de la Junta] al no poseer ningún poder ejecutivo” en el órgano, se limitó a “decir la verdad de lo poco que sabe, que es prácticamente nada”.
Garantía procesal
A pesar de la imputación, Fernaud López está “muy tranquilo”, según su letrado. No en vano, Rodríguez Martínez argumentó que resulta “procesalmente normal no retirar la acusación en la fase de instrucción” y, además, constituye una “garantía” jurídica para el afectado al permitirle la asistencia letrada, a diferencia de las citaciones de los testigos.
La presencia de los tres imputados por apropiación indebida ante el alto tribunal canario se produjo después de la declaración, el pasado jueves, del abogado Mauricio Hayek, detenido por el caso Las Teresitas a lo largo de la noche del lunes. En este caso, la magistrada Bellini, que coincidió con la petición formulada por la fiscal Farnés, también mantuvo el cargo de apropiación indebida y decretó la situación procesal de libertad sin fianza, por lo que Hayek deberá comparecer los días 1 y 15 de cada mes en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife.
Denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción, la compraventa de parcelas de la playa capitalina generó cuantiosas plusvalías a los empresarios accionistas de Inversiones LasTeresitas tras la enajenación de parte del suelo en favor del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la recalificación de otros terrenos por parte de la administración municipal. El Tribunal Supremo ya anulóuna operación que acarreó un desembolso de 52,5 millones de euros a las arcas del consistorio.