El responsable de Sanidad, Mercados y Cementerios de La Laguna se equivocó de cuenta de WhatsApp y publicó mensajes machistas en un chat de socialistas tinerfeños
El concejal del PSOE en La Laguna Zebenzuí González, según adelantó Canarias Ahora, en los primeros días de agosto pasado envío la cadena de mensajes “Yo a follar / jejejejeje / con empleadas que pongo yo y enchufo en el ayuntamiento / y después a hacer campaña por frikis” en un chat compuesto por militantes del Partido Socialista de la zona Nordeste de la isla de Tenerife. Acto seguido el grupo fue cerrado a instancias de la primera teniente de alcalde de la ciudad, Mónica Martín, presidenta de la gestora local del PSOE.
En concreto, los textos llegaron a un grupo organizado para la comunicación interna entre militantes del PSOE en la zona Nordeste de Tenerife. Cuando se percataron de lo acaecido, se borraron los mensajes (no sin antes disculparse Zebenzuí González) y se celebró una suerte de cumbre para abordar el tema, cita celebrada en casa de Castañeda y en presencia de Martín y el propio González, tal y como detalla Canarias Ahora. La primera medida fue clausurar el foro, aunque muchos de sus integrantes se enteraron después de los motivos reales de ello.
No sólo hay que poner en evidencia el corte machista de los mensajes, además hay que tener en cuenta que los favores sexuales, dádivas o prebendas recibidos a cambio de «enchufar» a alguien en un ayuntamiento presuntamente podrían ser constitutivos de un delito de COHECHO, siempre que se pueda probar la conexión entre la dádiva recibida y el acto administrativo. El bien jurídico protegido en todos los delitos de cohecho es el mismo: el interés de que los funcionarios públicos no incurran en corrupción, es decir, evitar que ejerciten sus funciones en atención a las recompensas solicitadas, entregadas u ofrecidas, con la finalidad general de preservar la «objetividad» de la Administración pública.
El artículo 419 del código penal establece:
La autoridad o funcionario público que, en provecho propio o de un tercero, recibiere o solicitare, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor o retribución de cualquier clase o aceptare ofrecimiento o promesa para realizar en el ejercicio de su cargo un acto contrario a los deberes inherentes al mismo o para no realizar o retrasar injustificadamente el que debiera practicar, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a doce años, sin perjuicio de la pena correspondiente al acto realizado, omitido o retrasado en razón de la retribución o promesa, si fuera constitutivo de delito.
Según Canarias Ahora, el concejal es quinto teniente de alcalde y responsable de las áreas de Sanidad, Mercados y Cementerios y tiene a su cargo a varias mujeres contratadas por el grupo municipal socialista como cargos de confianza. En el chat ya clausurado se encontraban muchos militantes del PSOE de los barrios laguneros de Tejina, Valle Guerra, Bajamar y La Punta del Hidalgo.
Si el concejal Zebenzuí González llegase a dimitir, algo improbable pues ese verbo habitualmente no se conjuga en primera persona, sería sustituido por la siguiente candidata de la lista, Silvia Maestre, que no comulga con el pacto con los nacionalistas, lo que podría hacer inclinar la balanza a favor de una censura en la segunda ciudad de la isla de Tenerife y bastión simbólico de Coalición Canaria.
El concejal es uno de los cinco socialistas que integran el pleno del Ayuntamiento de La Laguna, pero él y dos de sus compañeras (las citadas Mónica Martín y María José Castañeda) forman parte del grupo municipal de gobierno junto a Coalición Canaria, mientras que los otros dos -entre los que se encuentra el cabeza de lista en las elecciones de 2015, Javier Abreu- se declararon hace más de un año en rebeldía por serias diferencias con el alcalde, José Alberto Martín, y su grupo de concejales. Estos dos concejales integran la oposición y pesa sobre ellos un expediente de expulsión del PSOE por no acatar las órdenes de apoyar a Coalición Canaria.