Intersindical Canaria ha planteado públicamente la convocatoria de una cumbre de organizaciones ciudadanas, (principalmente políticas y sindicales) para abordar lo que califica de auténtica crisis ecológica del litoral canario, ante la prolongada inhibición del gobierno y de las instituciones insulares.
Plantea el sindicato celebrar esta reunión la primera semana de septiembre para abordar conjunta y unitariamente acciones que obliguen al conjunto de la administraciones públicas a realizar un diagnóstico veráz y objetivo sobre la contaminación de nuestras costas, una evaluación fiable del nivel de afección del mar por residuos, y la ejecución de medidas urgentes y extraordinarias para la eliminación de los focos de la actual y peligrosa alteración del hábitat marino de las islas.
Intersindical Canaria, esta además convencida de la necesidad de impulsar una moratoria turística, tal como recientemente ha hecho el archipiélago balear, para moderar la desproporcionada presión que los visitantes ejercen sobre nuestro patrimonio natural.
En la actual controversia, Intersindical Canaria, además, considera fundamental una aclaración del Gobierno del Estado para conocer si avala las afirmaciones del subdelegado en las Islas, don Guillermo Díaz, vinculando el vertido de aguas residuales con la aparición de las “microalgas”.
Acusa al Gobierno de Canarias de de pretender ocultar esta grave crisis ecológica, supuestamente para no alarmar al turismo.
En este sentido considera IC que la rueda de prensa ofrecida días pasados por algunos colaboradores del presidente Clavijo, en la que en tono paternalista declararon la inocuidad de la substancias presentes en el mar y “que tendremos que acostumbrarnos” al actual panorama de nuestras playas, ha aumentado coherentemente la crispación ciudadana.
DATOS QUE SE SILENCIA EL GOBIERNO
El sindicato califica de atrevidas manifestaciones por parte del Gobierno, precisamente cuando la Comunidad Europea está próxima a ejecutar una amonestación por la inexistencia de un plan de tratamiento de residuos en Canarias y cuando además, el Ejecutivo canario continúa incumpliendo la normativa sobre conservación y biodiversidad.
«Pero el triunfalismo del Gobierno se eleva al grado de cinismo cuando el único informe disponible hoy sobre la emisión de residuos al mar es de hace nueve años, certificando que el 74% de los vertidos de residuos fecales localizados que se realizan en el mar, es sospechoso de incumplir la ley en cuanto a su obligado proceso depuración. En la actual situación de emergencia, el denominado Observatorio Canario para el cambio climático, dependiente del Gobierno, continúa en paradero desconocido; pero además, el gobierno tampoco dispone de un inspector que actúe tras el cierre municipal de tres playas en La Palma», afirman desde Intersindical Canaria.
Para IC, la sociedad canaria se enfrenta a un doble problema igual de peligroso, la contaminación del litoral y la de un gobierno cuya dolosa gestión sombre el medio natural resulta ya intolerable y que por cuestión de supervivencia hay que resolver.