EFE.- Si el desperdicio de alimentos fuera un país sería el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo, después de China y Estados Unidos. La magnitud del problema provoca que cerca de 800 millones de personas pasen hambre en el planeta, mientras que un tercio de todos los alimentos producidos acaba directamente en la basura. Como en la contaminación, en los alimentos también existe un gran desequilibrio entre lo que desecha cada región. Así, las pérdidas de los países industrializados serían tan altas como el total de la producción de los países en vías de desarrollo. Y, según la FAO, los consumidores de los países con mayor poder adquisitivo desperdician la misma cantidad de alimentos que la producción neta total de África Subsahariana.
Estas desorbitantes cifras muestran la necesidad de abordar el despilfarro alimentario como un problema de primer orden. Gracias al activismo de la sociedad civil, el debate llegó en 2016 a los parlamentos europeos y se comienza a legislar para reducir las pérdidas de alimentos a lo largo de toda la cadena alimentaria. El primer país en introducir una legislación específica al respecto ha sido Francia, a raíz de una iniciativa en la plataforma Change.org de Arash Derambarsh -concejal del municipio francés de Courbevoie-. La magnitud de los apoyos recogidos por la campaña ciudadana llevada a cabo por Arash desencadenó en la prohibición por ley de que los supermercados tiren comida, y se vean obligados a donar los excedentes a ONGs y bancos de alimentos. De lo contrario, las empresas se enfrentarán a multas de 75.000 euros o dos años de prisión. Desde su aprobación en febrero de 2016, en el país galo se han donado 10 millones de raciones de comida.
Ese éxito ha conllevado que el resto de países comiencen a abordar seriamente el debate. Seis meses después, Italia se convertía en el segundo país en legislar sobre el derroche alimentario. La ley propuesta por el Ministerio de Agricultura, que nace con el objetivo de reducir a la mitad el volumen de comida desperdiciada en los próximos diez años, goza de un enfoque muy diferente al francés. Este texto legislativo no penaliza a los supermercados y centra sus esfuerzos en exenciones fiscales (rebaja en el IVA) y reducción de trabas burocráticas a las superficies que donen alimentos.
En sintonía con sendos proyectos, activistas contra el desperdicio de comida en toda Europa aprovecharon la ocasión para aunar fuerzas en la red y pedir a la Comisión Europea una directiva que obligue a los supermercados de toda Europa a donar la comida a las ONGs. Cerca del objetivo del millón de firmas, la campaña “Stop al desperdicio de comida en Europa” causó un gran impacto en el continente y obligaba a la Unión Europea a dejar atrás las habituales recomendaciones. Nada más lejos de la realidad. La eurodiputada socialdemócrata Biljana Borzan (Croacia) elaboraba un informe sobre los esfuerzos necesarios para reducir el desperdicio de alimentos que era aprobado la semana pasada en el Europarlamento. El texto aprobado con 623 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones pedía a los países miembros “que adopten las medidas necesarias para reducir el desperdicio de alimentos a la mitad en 2030”. Entre los aspectos acordados, se recomendaba a los estados facilitar la donación de alimentos y aclarar el significado de consumo preferente y fecha de caducidad.
Una vez más, la Gran Coalición que conforman liberales, populares y socialdemócratas, volvía a eludir una decisión que obligue a los países miembros y no supera las declaraciones de buenas intenciones. Esto ha sido criticada por el grupo de la Izquierda Unitaria y por organizaciones de consumidores, quienes consideran que una vez más la Unión Europea vuelve a efectuar dejación en sus funciones. De hecho, las medidas contempladas por la eurodiputada croata son idénticas a las aprobadas en 2012 en la misma cámara. La única diferencia son los cinco años que han pasado de una propuesta a otra sin hacer nada al respecto, que ha provocado que el objetivo de reducir a la mitad el despilfarro se aplace cinco años hasta 2030.
El Tribunal de Cuentas de la UE ya alertó en enero de la «ineficiente política de la Comisión Europea contra el desperdicio de alimentos”. Mientras tanto, el 20% de todos los alimentos producidos en la UE se desperdicia y, aproximadamente, el 10% de la población europea no puede permitirse comprar comida de calidad cada dos días. Para Rubén Sánchez de FACUA, la Unión Europea ha asumido que no pueden llegar a más que a simples recomendaciones y no tiene intención de impulsar ninguna medida que obligue a los Estados: “Públicamente transmite la idea de que presentando iniciativas de este tipo cubre el expediente”.
En opinión de Ángela Vallina, eurodiputada de Izquierda Unida, el propósito de la Comisión es no adulterar el modelo de superproducción alimenticia vigente: “Acaban de aprobar el CETA que favorece ese modelo, con lo cual lo único que hacen con las recomendaciones es lavarse la cara. Además, con las medidas planteadas quieren que todos los europeos demos ayudas fiscales como la exención del IVA a los principales responsables del desperdicio alimentario”.
España, camino de adoptar la vía italiana
Como sucede en muchos otros asuntos, el dispendio alimenticio aún no ha llegado a ocupar la agenda política de España. Pese a adoptar un primer paso en 2013 con la campaña «Más alimento, menos desperdicio», que ha logrado cuantificar el fenómeno en nuestro país, estos esfuerzos de la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) no se han traducido en leyes concretas. El último intento, a iniciativa del PSOE, acaba de pasar el examen en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso. La propuesta recoge medidas similares a las contempladas en la ley italiana: exenciones fiscales para los donantes, una revisión del etiquetado que distinga entre fecha de caducidad y de consumo preferente y diversificación del tamaño de los envases.
Begoña Tundidor, diputada del PSOE encargada de elaborar el texto, sostiene que la proposición no de ley (PNL) es necesaria para incentivar que las empresas y agricultores donen los alimentos: “Hay gente que está en contra de incentivos fiscales, pero está claro que si no tienen ningún tipo de beneficio van a tirar la comida a la basura”. Preguntada acerca de si es adecuado bonificar o castigar a los donantes, Tundidor considera que la PNL no está hecha para sancionar, va destinada a sensibilizar a todos los actores de un problema que es real: “No creemos que sancionar sea lo adecuado, lo que queremos es un consenso que no perjudique a ninguna parte. En este momento la legislación española hace responsable al donante si hubiera algún problema sanitario, y lo primero que hay que hacer es modificar la normativa para que el traslado alimentos se haga con la suficiente garantía”.
Por contra, organizaciones como FACUA consideran que no se debe regalar nada a las cadenas de distribución: “Los supermercados saben que hay un porcentaje de lo que ponen las estanterías que no se va a vender nunca, que está simplemente para decorar estanterías porque una estantería llena vende más. No es aceptable que se pague a las empresas por no cometer una atrocidad de tal magnitud como tirar toneladas de basura la comida”.
El texto legislativo fue aprobado con el apoyo de Ciudadanos y las abstenciones del Partido Popular y Unidos Podemos. Mae de la Concha, diputada de Unidos Podemos en la Comisión de Sanidad, explica el motivo de la abstención de su partido: “La PNL es demasiado ambigua. Se habla de beneficios fiscales, pero no sé específica para quien; se habla de hacer envases de diferentes tamaños, pero no se habla del granel. Lo que planteamos es que nos pongamos a trabajar todos en un proyecto de ley y no en una PNL. Existe una cantidad ingente de proposiciones sobre este asunto. Un día es el etiquetado, otro día son los envases, la publicidad infantil, la reducción de los azúcares, el aceite de palma, etc. En realidad, es todo lo mismo. Hay que abordar la alimentación como un tema político de primer orden”.