Ignacio Gonzalez, detenido al par de horas de que la justicia llamara a declarar como testigo en un caso de corrupción a Mariano Rajoy.
El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fue detenido por la Guardia Civil en el marco de una investigación por desvío de fondos en el Canal de Isabel II. El epicentro de la corrupción se desplaza desde Valencia nuevamente a Madrid. En total, hasta el momento son 12 las detenciones y numerosos registros, entre ellos el del domicilio y el despacho del González. El hermano de Ignacio González, Pablo, fue detenido por actuar presuntamente como su testaferro.
La exdirectora financiera del Canal, María Fernanda Richmond, casada con Javier de Andres, amigo de González y consejero delegado en Indra, también fue detenida. Edmundo Rodríguez Sobrino, otro de los detenidos, es considerado «el hombre de Ignacio González en Latinoamérica» y está relacionanado con la supuesta compra de empresas a un precio superior al que tenían.
De delito en delito y tiro porque me toca.
Ignacio González venía siendo investigado por una larga lista de delitos. Entre ellos los de organización criminal, malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, entre otros. El Partido Popular ha reaccionado: el Comité Nacional de Derechos y Garantías ha acordado suspender de forma provisional la afiliación del expresidente de la Comunidad de Madrid.
La investigación se inició hace más de dos años a raíz del presunto saqueo del Canal de Isabel II, que él mismo presidió, aunque las pesquisas desarrolladas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han ampliado al posible cobro de comisiones a cambio de la adjudicación de contratos. La detención del expresidente madrileño se produce horas antes de que la también expresidenta Esperanza Aguirre declare en el caso Gürtel. Ignacio González fue el sucesor de Esperanza Aguirre al frente de la Comunidad de Madrid, aunque ocupó el cargo menos de tres años, de septiembre de 2012 y a junio de 2015. En el último momento, Mariano Rajoy optó por Cristina Cifuentes como candidata y dejó fuera a González, envuelto por aquel entonces en el escándalo de la compra de su ático en Estepona (Málaga).
Todo el dispositivo está coordinado por agentes del grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y está dirigido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, el juez Eloy Velasco, responsable también de los casos Púnica y Acuamed. Según fuentes cercanas al caso, las pesquisas recayeron en un primer momento en el magistrado de apoyo de Velasco, Alejandro Abascal, pero fue asumidas por el titular del Juzgado número 6 cuando el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) eliminó el pasado diciembre esa plaza de refuerzo.
Según indica el diario El Español, Velasco ha citado a Cifuentes para que testifique en calidad de testigo por las irregularidades que se produjeron durante el gobierno de su predecesor. Así mismo, el portavoz del Gobierno regional y presidente del Canal de Isabel II, Ángel Garrido, también ha sido citado para declarar. Cifuntes ha explicado ante los medios que este asunto «está siendo investigando por la UCO junto con la Audiencia Nacional. Esta bajo secreto de sumario y no voy a hacer más declaraciones». La presidenta ha aclarado que están colaborando «absolutamente con la Justicia: remitimos a la Fiscalía una información relativa al Canal de Isabel II. Nuestra colaboración es y será absoluta».
En este aspecto, destaca que «desde este gobierno tenemos tolerancia cero con corrupción y colaboraremos con la Justicia. Haremos todo lo que nos pida el juez. Todo lo van a tener porque somos los primeros interesados. Fue la propia Comunidad de Madrid quien puso este tema en manos de la Fiscalía».
Los lamentos de Rafael Hernando.
El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, ha asegurado que lamenta «profundamente» que en su partido haya personas implicadas en casos de corrupción, pero ha defendido la presunción de inocencia. «A ver si intentamos no condenar a la gente antes de que la condenen los tribunales», indicó.
En rueda de prensa en el Congreso, Hernando ha subrayado que su partido está «en contra de todo tipo de corrupción» y que las personas implicadas en casos «han traicionado el espíritu del PP, el compromiso con la honestidad y la honradez».
Hernando ha asegurado también que no cree que influyan en la imagen internacional de España y del Gobierno situaciones como las de esta semana. «Todo el mundo sabe, la mayoría de los españoles saben, que el Gobierno se dedica a lo que se tiene que dedicar, a hacer reformas que permitan a las familias españolas salir de la crisis», ha asegurado el portavoz ‘popular’, para quien las investigaciones judiciales refuerzan la confianza en los tribunales, «aunque con algunas cosas discrepemos».
Otro «caso aislado».
El caso del canal de Isabel II viene de atrás. Ya hace un año, el juez Velasco ordenó a la Guardia Civil dentro del caso Púnica el análisis de las facturas emitidas a cuenta de un millonario contrato de publicidad de la empresa. Los investigadores sospechaban que la facturación podía encubrir un supuesto desvío de fondos. Esa documentación había llegado a la Audiencia Nacional de la mano de David Colomer, directivo de Arena Media, la sociedad que a comienzos de 2014 se hizo con dicha adjudicación. Las detenciones conectan también con la denuncia que el Gobierno de Cifuentes planteó por la compra que el Canal hizo en Brasil en el año 2013. La empresa pública, a través de su filial en Suramerica, pagó más de 21 millones por una sociedad que un año después tenía un valor contable cuatro veces inferior. Para materializar esta compra, el Canal utilizó una firma pantalla en Uruguay. La compra de Brasil fue la última de una serie de operaciones comerciales que el Canal, primero bajo el mandato de Ruiz-Gallardón, y luego de Esperanza Aguirre e Ignacio González, ha hecho al otro lado del Atlántico en los últimos años.
Reacciones de otros partidos.
La operación de la Guardia Civil no ha dejado indiferente a los partidos políticos. El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, pidió explicaciones a Cifuentes antes de que la presidenta hablara ante los medios. Villegas señaló, también, que este asunto no hace peligrar su pacto con el PP. ,En una entrevista concedida a RNE, aseguró que «Cifuentes, que lleva desde jovencita en las Nuevas Generaciones de Madrid, seguirá diciendo que no sabe nada. En todo caso tendrá que dar algunas explicaciones mas profundas».
El pacto entre la formación naranja y los populares marca que no puede haber imputados en cargo público, y González dejó de serlo en 2015. Pese a ello, Villegas sostuvo que «si alguno de los diputados de la Asamblea de Madrid, ya sea por este caso o por alguno otro, fueran imputados habría que pedir que se cumpliera el pacto». «Si Cifuentes lo incumpliera habría un problema», aseveró.
Por su parte, el portavoz parlamentario del PSOE, Antonio Hernando, denunció que «al PP le estalla la corrupción por los cuatro costados» y celebró a través de su cuenta de Twitter que «la justicia funcione». El dirigente socialista también criticó al PP por «atacar» a la justicia cuando que se investiga una caso de corrupción en sus filas, en referencia a la citación judicial del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para que declare, en calidad de testigo, por la primera época de la ‘trama Gürtel’. «Es intolerable que el PP ataque a la justicia cada vez que se investiga su corrupción», señaló.
Asimismo, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha ofrecido a PSOE y Ciudadanos la posibilidad de una moción de censura para desbancar al PP de la Comunidad de Madrid. «He hablado con Ramón Espinar y me ha transmitido nuestra disponibilidad para estudiar una moción de censura en la Comunidad de Madrid», ha indicado.
Sin embargo, Ciudadanos no contempla esta acción porque, como ha explicado su portavoz, Ignacio Aguado, no se ha incumplido ningún punto del acuerdo de investidura que alcanzaron en 2015. «Nosotros contemplamos sólo una moción de censura si se incumple algún punto del acuerdo de investidura», ha señalado, recordando que uno de los 76 puntos que recoge el documento es que no haya ningún imputado en el Gobierno de la Comunidad. «Y no lo hay en estos momentos», ha apostillado.