SB-Noticias.- El Parlamento de Canarias anunció en noviembre de 2016 la puesta en marcha de una plataforma ‘online’ de participación en el procedimiento legislativo “para permitir a los ciudadanos y ciudadanas enriquecer el debate sobre los proyectos o proposiciones de ley con sus ideas y comentarios, propuestas que podrán ser asumidas por los grupos parlamentarios y que, llegado el momento, podrán ser incorporadas al texto final a través de las enmiendas al articulado presentadas por los diputados y diputadas…”.
Aunque la Fundación César Manrique (FCM), entre otras organizaciones, ha solicitado la retirada del Proyecto de Ley del Suelo y la redacción de una nueva Ley que compatibilice la protección de la naturaleza con el desarrollo económico y humano, que sea respetuosa con el territorio y con la cultura territorial de las Islas, sin embargo ha participado en el proceso de enmiendas parciales para contribuir a evitar daños irreversibles.
En respuesta a la iniciativa de participación del Parlamento canario, la FCM, entre cuyos objetivos fundacionales se encuentra desarrollar actividades que favorezcan tanto la conservación del medio natural como su transformación sostenible y la ordenación del territorio, en particular en Lanzarote y Canarias, presentó un escrito de 44 páginas con 94 enmiendas parciales a la Ley del Suelo, dirigido a la Mesa del Parlamento para que fueran distribuidas entre los grupos políticos con representación parlamentaria. Dichas enmiendas —de supresión de artículos, de modificación en la redacción, o de adición de apartados, artículos o epígrafes aclaratorios— van acompañadas de su justificación y están orientadas a aminorar los impactos negativos que el actual texto de la Ley del Suelo provocaría sobre el territorio de Canarias de aprobarse en los actuales términos.
Más de una decena están dedicadas a lo que en la Ley del Suelo se refiere al suelo rústico y a los asentamientos rurales: el mantenimiento y la conservación como deber del propietario; la delimitación y ordenación de los asentamientos rurales; de adición de usos prohibidos; modificación en cuanto a usos ordinarios, usos residenciales, usos complementarios, usos autorizables y límites de actividades autorizables en suelo rústico. Se presentaron tres enmiendas destinadas a los principios de ordenación de usos del suelo que incluyen la voluntad de mitigar el calentamiento global.
Otra decena de enmiendas está referida al planeamiento insular, motivadas por el propósito de reforzarlo frente al debilitamiento que propugna la Ley del Suelo. Así se defiende la potestad de los planes insulares para la ordenación de los recursos naturales y para delimitar los sectores de suelo urbanizable. La FCM incluye asimismo enmiendas de adición con la finalidad de que el planeamiento insular tenga competencias para reclasificar como suelo rústico un suelo previamente clasificado como urbanizable o para atribuir nuevas categorías a los suelos rústicos; y también para que sean los planes insulares los que definan el modelo territorial y las zonas reservadas a usos turísticos así como su delimitación.
Se defiende que las competencias municipales tengan menor rango que las autonómicas, y se insta a que el organismo encargado de la redacción de la evaluación ambiental de los instrumentos de ordenación no recaiga sobre la Administración municipal redactora sino que se sitúe en un ámbito jerárquico superior de carácter autonómico.
Una parte importante de las enmiendas presentadas por la FCM combate los denominados proyectos singulares de interés regional e insular, o sea instrumentos excepcionales al margen del planeamiento, procurando limitar su alcance, con efectos perniciosos para el suelo rústico y la construcción dispersa. Se plantean enmiendas de modificación que supriman determinadas actuaciones previstas en la Ley del Suelo, como las deportivas, sanitarias y turísticas. Se propone la reducción de los proyectos singulares a la iniciativa pública suprimiendo la privada; y se incluyen propuestas de modificación para que determinados proyectos lleven implícita la declaración de utilidad pública, interés social, necesidad de ocupación o carácter de urgencia.
Casi una veintena de las enmiendas planteadas por la FCM están relacionadas con los Espacios Naturales Protegidos de la Red canaria y los Espacios Naturales que forman parte de la Red Natura 2000 europea. La FCM defiende que la ordenación de los espacios naturales prevalezca en cualquier circunstancia sobre la planificación sectorial; presenta modificaciones para que fondos económicos insulares se destinen a actuaciones de regeneración y reforestación; otras, relacionadas con artículos de la Ley del Suelo que permiten establecer usos como residencial, siendo inadecuado e incompatible, a juicio de la FCM en Parques y Reservas Naturales. Hay enmiendas de modificación y de supresión en las que se justifica que la competencia para formular los instrumentos de ordenación de los Espacios Naturales, así como la modificación y aprobación de dichos instrumentos debe recaer en el Gobierno de Canarias y no en los Cabildos. Del mismo modo, se propugna que la ordenación urbanística municipal esté supeditada a la ordenación ambiental, y se agregan enmiendas de adición en las que se determina que se deben incorporar a la Ley del Suelo las infracciones y las sanciones que se deriven de las indisciplinas urbanísticas cometidas en espacios naturales de la Red canaria y de la Red europea.
Finalmente, hay enmiendas de supresión y adición dirigidas a incluir en la Ley del Suelo la vigencia de las Directrices de Ordenación General. Otras enmiendas hacen referencia a la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, al planeamiento del suelo urbano, al cómputo de la dotación mínima de espacios libres por habitante… Y sugerencias relacionadas con la accesibilidad a los servicios de la Administración para disminuir la movilidad y la emisión de gases.
La Fundación César Manrique considera que la Ley del Suelo elaborada por el Gobierno que preside Fernando Clavijo es un proyecto indeseable para Canarias que tendrá efectos nocivos tanto para el paisaje como para la ordenación del territorio y la calidad de vida de los ciudadanos de las Islas. Por ello, continúa solicitando su retirada para abordar un proceso participado y una nueva redacción, sobre nuevas bases, que no le dé la espalda a la cultura territorial de las islas, atienda al cambio climático, a la racionalidad territorial y a la capacidad de carga, y anteponga la identidad del paisaje, los recursos naturales y la sostenibilidad de las Islas a los intereses abusivos y especulativos del dinero