La ONG internacional Oxfam publicó recientemente su informe: “Una economía para el 99 %”, en el que hace una radiografía de la situación social y económica del mundo. Cuando habla de lo ocurrido en España durante los años de la crisis los datos echan por tierra todos los mensajes de autobombo del gobierno de Mariano Rajoy sobre la recuperación económica. La realidad es que España se ha convertido en el segundo país de la UE en desigualdades económicas. Frente a esos récords históricos de empleo propagandísticos, Oxfam pone el acento en la diferencia entre los que más tienen, entre las grandes fortunas y los directivos de las empresas, y los que menos ingresos perciben.
A nivel mundial, 8 personas tienen tanto como la mitad de la población del planeta, 3.600 millones de personas. Y en España la desigualdad ha crecido y se ha cronificado. En el último año hay 7.000 nuevos millonarios, la fortuna de 3 personas equivale a la del 30 % más pobre, a los ingresos de 14,2 millones de personas. Entre 2008 y 2014 los salarios cayeron un 28 % mientras que los más altos apenas se redujeron. En 2015 la remuneración del ejecutivo con el salario más alto multiplicaba por 96 el salario promedio del trabajador de las empresas del Ibex. Mientras que los beneficios de las grandes empresas están acercándose a las ratios anteriores a la crisis, los salarios siguen 9 puntos por debajo de los niveles del año 2008.
Algunos voceros del Partido Popular han intentado estos días desprestigiar a Oxfam para restar credibilidad a su informe. Pero Oxfam se basa en estadísticas oficiales y, de hecho, unos días después de la publicación del informe de esta ONG, el Banco de España difundió la Encuesta Financiera de las Familias. Los datos corroboran que las políticas de austeridad en España y Europa han provocado más desigualdad: el 10 % de los hogares más ricos en España acumulaba en 2014 el 52,8 % de la riqueza una vez descontada la deuda.
El rostro de la desigualdad se ve más claro todavía si centramos la mirada en el 1 % más rico. Este sector privilegiado incrementó su patrimonio entre los años 2011 y 2014, cuando todavía la población estaba sufriendo los embates más duros de la crisis y los gobiernos hicieron los históricos recortes de los presupuestos sociales. Según el Banco de España durante esos tres años la porción de riqueza del 1 % más enriquecido pasó del 16,87 % al 20,83 %. Recordemos que fue precisamente en el año 2012, mientras los multimillonarios españoles estaban multiplicando sus rentas, cuando el gobierno de Mariano Rajoy les aprobó una amnistía fiscal. Algunos dirán ¡qué casualidad!, yo diría más bien que fue una causalidad. Uno de los factores que aumentó la desigualdad fue la política fiscal del Partido Popular, la de la derecha neoliberal que ya practicaban Reagan y Thatcher, la política de “Reagan Hood”, una especia de Robin Hood al revés: le quitaba a los pobres para dárselo a los ricos.
No es raro entonces que, desde Oxfam, planteen que buena parte de esta desigualdad cronificada en España se debe al sistema fiscal. En el año 2016 los trabajadores y trabajadoras aportaron un 84 % de la recaudación frente a un 13 % de las empresas. En los paraísos fiscales se refugia el dinero que debería de contribuir al bienestar de todos y todas, porque conviene recordar que esas empresas que envían su dinero a los paraísos fiscales han logrado esos beneficios gracias a lo que aporta el Estado en infraestructuras de carreteras, puertos y aeropuertos para el transporte de sus mercancías, gracias a que el Estado proporciona sanidad y educación públicas a sus trabajadores, gracias a que el Estado utiliza las embajadas y los viajes de sus dirigentes para facilitar las relaciones comerciales con otros países. España dejó de ingresar 1.550 millones de euros que fueron a esos paraísos, estamos hablando de un 58 % del déficit que tendrá el fondo de reserva de las pensiones en el año 2017. El informe concluye que la desigualdad en España no es fruto de la crisis económica, aunque esta crisis la ha acentuado. La causa es el modelo económico y el fiscal. La economía española ha primado los beneficios económicos y las rentas de capital frente a las rentas salariales y el empleo. El Gobierno lo arrienda todo al crecimiento económico. Y por sí solo el crecimiento (con el actual sistema tributario, con las consecuencias de la reforma laboral) no reduce la desigualdad. Que la economía crezca no significa que aumenten los beneficios de la mayoría de la población. Si a las multinacionales españolas les va muy bien, pero los beneficios de muchas de ellas acaban en paraísos fiscales y los salarios no aumentan de forma proporcional a los beneficios, la desigualdad continuará. Los últimos datos de Canarias apuntan además a que el empleo lo ha creado fundamentalmente la administración pública.
En nuestro archipiélago, hasta el pasado 23 de diciembre las políticas sociales del Gobierno autónomo estaban en manos del partido socialista. Se produjeron algunos cambios positivos: en 2016 se incrementó de forma importante el número de personas que tuvo acceso a las ayudas contempladas en la Ley de Dependencia después de muchos años de tener a Canarias en la cola en la aplicación de la ley. Desde la Consejería de Políticas Sociales se impulsó la nueva Ley de Servicios Sociales, un proceso en el que se ha contado con los cabildos, ayuntamientos, sindicatos, oenegés y colectivos profesionales. El presidente Fernando Clavijo siempre se ha mantenido al margen de estas iniciativas, su empeño ha sido dar protagonismo y prisas a la aprobación de la Ley del Suelo, que no tiene precisamente como objetivo combatir la desigualdad social o atender a los que menos recursos tienen. O a poner representantes empresariales en consejerías estratégicas. Veremos si ahora con el gobierno monocolor el presidente le presta más atención a las políticas sociales. Porque esta tierra sigue estando a la cabeza de las comunidades con mayor índice de parados y de pobreza y exclusión social. Y de pobreza infantil.
Desde los cabildos y ayuntamientos poco podemos hacer para combatir las desigualdades. No tenemos capacidad legislativa y las políticas sociales son competencia de la Comunidad Autónoma. En la parte que nos toca, en el Cabildo de Gran Canaria pusimos en marcha un plan extraordinario de lucha contra la pobreza y por el empleo de más de 15 millones de euros nada más llegar al gobierno de la Isla. En los presupuestos de 2017 hemos incrementado en 5,6 millones de euros el presupuesto de Políticas Sociales y Accesibilidad, cuya consejería contará con 125,3 millones. Dedicaremos en torno a 200 millones de euros a inversiones, para generar economía. El principal objetivo de esas inversiones es crear empleo. Tenemos un convenio con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que nos permitirá tener este año un diagnóstico de la realidad y de los diferentes nichos de empleo en nuestra isla. Esto nos ayudará a desarrollar de forma realista nuestro Plan Integral Transversal de Empleo y Desarrollo de Gran Canaria (PITED-GC 2016-19).
Además en 2017 incrementamos en más de 140.000 euros el presupuesto destinado a subvenciones al Desarrollo local para los 21 ayuntamientos (en total se contará con 560.000 euros). También aumentará la inversión destinada a la promoción y desarrollo de la actividad económica (en colaboración con el Servicio Canario de Empleo), en total dedicaremos a este objetivo 323.066 euros. Multiplicaremos por dos el presupuesto destinado a empleabilidad que desarrollamos con entidades sin ánimo de lucro, en total. 600.000 euros. Otros 300.000 euros irán destinados a crear itinerarios de inserción sociolaboral para personas desempleadas. Y también hemos doblado el presupuesto del Plan de Empleo de Garantía Juvenil que en 2017 tendrá 3.572.000 euros. Con estas políticas queremos caminar hacia una isla más sostenible en el terreno social.
La revista médica The Lancet acaba de publicar un trabajo en el que demuestra que la pobreza y la desigualdad acortan la vida casi tanto como el sedentarismo y mucho más que la obesidad, la hipertensión y el consumo excesivo de alcohol. Los autores del estudio afirman que la OMS obvia esta realidad y que en sus estrategias de salud global no consideran las malas circunstancias socioeconómicas como factores de riesgo modificables. La miseria limita el estilo de vida y las posibilidades vitales. Mata.
La llegada a la Casa Blanca de Donald Trump y el aumento de la extrema derecha en Europa es un dato que nos indica que el panorama internacional no va precisamente a mejorar. La historia ha demostrado que levantando muros entre los pueblos más empobrecidos y los que más tienen no se soluciona el problema de la desigualdad ni del hambre. Pero me temo que ya habrá tiempo para hablar de Trump y a reflexionar de nuevo sobre el auge de la extrema derecha xenófoba y racista en el Viejo Continente en una próxima ocasión.