Hay un lugar, definido como democrático, donde Gobierna el tercer partido más votado. Donde gane quien gane, gobiernan siempre los mismos desde hace más de 30 años. Donde el voto de algunos ciudadanos vale 14 veces más que el de otros. Donde 1.800.000 habitantes eligen el mismo número de diputados que 350.000 o lo que es lo mismo, la mitad del Parlamento es elegido por el 17 por ciento de la población.
Hay un lugar que tiene las barreras electorales más altas de toda Europa, ya que para tener derecho a un escaño hay que obtener el 30 por ciento de los votos a nivel insular o conseguir el 6 por ciento autonómico.
Un lugar donde obtener un escaño le cuesta a un partido 19.000 votos, mientras a otro le cuesta 1.700. Un lugar donde demasiados miles de ciudadanos ven cómo su voto se queda fuera de la Cámara que debe ser representante de la voluntad popular.
En ese lugar, el umbral efectivo de representación -el número de votos necesario para conseguir representación- es el más elevado del Estado del que forma parte, de hecho llega a ser casi el doble: un 8.2% frente al promedio del 3.9% en el conjunto del país.
Hay un lugar donde llaman democracia a un sistema electoral que con estos datos en la mano, tiene poco de democrático. Terrible paradoja esta que habitamos. Un lugar que, de 65 sistemas electorales, ocupa el puesto 64 según un estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid. Solo Tanzania tiene un sistema electoral más injusto que el nuestro.
Este lugar se llama Canarias. Y ya no puede esperar más. El debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía llega estos días al Congreso de los Diputados, y debería incluir una verdadera reforma de nuestro sistema electoral porque éste hace tiempo que dejó de ser una cuestión política para convertirse en una cuestión de sentido común.
Ya no valen los chantajes falsos que llevan utilizándose más de 30 años, ya tienen poco de efectivo, porque han vendido representación a las islas menores para después olvidarlas en los presupuestos. Un viejo truco que ya no sirve para engañar a nadie. La isla más premiada por el sistema electoral es El Hierro, que a su vez es la isla con mayor índice de pobreza de todo el Archipiélago.
Los habitantes de El Hierro o de La Gomera quieren ver una igualdad real, que se manifieste donde debe hacerlo: en el reparto de los presupuestos, en infraestructuras y en políticas sociales y de bienestar, y no en un reparto del voto injusto que de nada les ha servido para equipararse a las islas capitalinas, sino más bien al contrario. Y que encima es la cuerda que les mantiene maniatados por caciques que solo entienden la Democracia como una herramienta para perpetuarse en el poder.
Estos 33 años con este sistema solo han servido para que ocupemos el último lugar en empleo, desarrollo y servicios sociales de España y de toda la Unión Europea. Y el primero en pobreza. La ecuación es clara: un mal sistema electoral tiene como resultado malos gobiernos. Una mala democracia nos ha llevado a una mala realidad en nuestro día a día.
La desproporción de nuestro sistema lleva a una desproporción de todas las decisiones que se toman en el Parlamento de Canarias. Nuestro sistema está viciado en el origen
¿Son acaso legítimos y justos unos presupuestos en los que influyen unos ciudadanos por encima de otros? La sentencia que afirma que la sobrerrepresentación de algunas islas sobre otras es necesaria para que se legisle de forma más equilibrada no solo es injusta, si no que se ha demostrado falaz. El resultado que muestran los hechos es que este sistema no beneficia a personas, si no a partidos políticos.
Hay un agotamiento del Régimen del 78 en el conjunto del Estado, y del régimen del 82 en Canarias. Ambos sistemas fueron necesarios en su momento, y a ambos hay cosas que reconocerles y agradecerles. Pero ahora es el momento del cambio.
El mantenimiento de este sistema electoral solo tiene una explicación lógica que nadie puede atreverse a negar: perpetuar en el poder a un partido que, sea cual sea el resultado, siempre gobierna. Ya es hora de dejar de un lado los intereses particulares y pensar en intereses generales. Esto tiene un nombre: se trata de un pucherazo. Un pucherazo legal, pero nunca legítimo. Y los pucherazos electorales, a estas alturas de siglo XXI, ya no tienen cabida en una Europa que debe ser de los pueblos, y de nadie más.
Desde Podemos no nos vamos a conformar con ponerle parches a un sistema que hace aguas por todos lados. Reclamamos una reforma auténtica y profunda. Con el debate del Estatuto de Autonomía tenemos la oportunidad de cambiar el sistema electoral. Es vital y necesario porque solo con una democracia real podremos defender a nuestra gente.
Noemí Santana
Portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias