La denuncia de la Fiscalía trae causa del llamado «Caso Hubara» que a su vez proviene del «Pelotazo de Las Teresitas».
La Fiscalía ha pedido al juzgado de instrucción número 4 de esta capital la apertura de juicio oral contra el administrador del CCN, José Luis Langa; su presidente, Ignacio González Santiago; y los dirigentes Pedro González Santiago y Juan Pedro Ruiz.
En el escrito de acusación se pide cuatro años de cárcel para José Luis Langa y seis meses para los demás encausados.
El Ministerio público pide la apertura de juicio oral a Ignacio González para José Luis Langa y sión de seis meses al igual que para Pedro González Santiago y Juan Pedro Ruiz, mientras que a José Luis Langa le pide una pena de cuatro años de cárcel. También pide que se juzgue por estos mismos hechos al expresidente de la Cámara de Comercio de Tenerife, Ignacio González Martín, para el que solicita tres años y medio de cárcel por malversación de fondos públicos y falsedad electoral.
La Fiscalía de Tenerife también inculpa en el posible delito de malversación a Pedro González Santiago, hijo del expresidente de la Cámara de Comercio y hermano del dirigente del Centro Canario Nacionalista, partido que en la actualidad no tiene actividad. En este caso, demanda que se le impongan tres años de cárcel. En un escrito la Fiscalía recuerda que la ley de Régimen Electoral General señala unos límites máximos de gasto electoral que puedan realizar los partidos que concurren a las elecciones y que no deben superar. En el caso del CCN, para las elecciones autonómicas de 2007 tenía autorizado un gasto total de 2.088.736,35 euros, mientras que la cantidad total empleada, según el escrito de la Fiscalía, para financiar la campaña fue de 7.137.152,74 euros. De acuerdo al escrito, con el ánimo de eludir los límites establecidos de gasto electoral, los cinco acusados «se pusieron de acuerdo para poder financiar la campaña electoral del CCN de forma que fueran varias de las empresas controladas por la familia del candidato Ignacio González Santiago las que hicieran efectivo los gastos publicitarios derivados de la misma».
Agrega que para ello Ignacio González Martín, como administrador de las empresas familiares, dio las órdenes para que los gastos de publicidad del CCN fuesen presuntamente facturados con cargo a estas sociedades «ocultando de esta forma el gasto real de la campaña al facturarse como si de servicios prestados a estas sociedades en su contabilidad y no en la del CCN«.
El Ministerio Fiscal indica que del pago de estas facturas se ocupaba el acusado Pedro González Santiago, quien llevaba a cabo la gestión, coordinación y planificación de la campaña electoral del CCN desde la sede del partido, propiedad de la familia.
Todo el proceso se ponía en práctica, según la Fiscalía, con el consentimiento y el conocimiento del administrador del partido, José Luis Langa.
El escrito añade que los acusados se encargaron «de acomodar y controlar la contabilidad» del CCN para que no superase los límites establecidos en la ley de Régimen Electoral General y presentaron ante el Tribunal de Cuentas unas cantidades «que no obedecían a la realidad». El Ministerio Público sostiene que Ignacio González Martín, aprovechando su situación como presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, dispuso que dos empleadas dejasen de prestar sus servicios en esta entidad durante el tiempo que duró la campaña electoral y se instalasen en la sede del CCN.
Asimismo señala que González Martín y Pedro González Santiago, presidente de la Comisión de Exterior de la Cámara de Comercio, autorizaron que otro miembro de la entidad prorrogase su estancia en Venezuela para contratar a artistas de dicho país para la campaña electoral del CCN con cargo a la entidad cameral. En concreto, la Fiscalía señala que el total de los gastos efectuados en Venezuela en concepto de billetes de avión y estancia en hoteles ascendieron a 10.336,39 euros, cantidad que el Ministerio Fiscal pide que devuelvan a la Cámara de Comercio.
EL CASO HUBARA
El Caso Hubara es una ramificación judicial de la investigación penal abierta, pendiente de juicio, por la compraventa de las once parcelas del frente de la playa de Las Teresitas. Durante un registro en un piso de la calle de La Rosa, en la capital tinerfeña, la Policía Judicial encontró abundante información que apuntaba directamente a la cúpula del partido centrista como responsable de presuntos delitos vinculados con el desembolso financiero que se llevó a cabo durante la campaña electoral de 2007.
A la espera del informe pericial de Hacienda, que será clave a la hora de cuantificar con precisión las cantidades que manejó el CCN en la campaña de los comicios investigados, la Policía Judicial ha detectado gastos que superan los siete millones de euros, muy por encima de lo que legalmente permite la legislación vigente. Durante las diligencias llevadas a cabo por la juez Lorenzo-Cáceres han sido citados a declarar como testigos los directores de los principales medios de comunicación de la provincia tinerfeña, con los que el CCN contrató una parte importante de las campañas publicitarias que llevó a cabo desde 2006 de cara a las elecciones del año siguiente.