Diario de Avisos / 11 de marzo de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. La Dirección General de Costas, como ya hiciera en diciembre pasado, ha remitido al Ayuntamiento de Santa Cruz un informe en el que aconseja que no continúen las obras en la playa de Las Teresitas hasta que "se clarifique la situación de la propiedad de los terrenos", tras anular el Tribunal Supremo la compra del frente de playa por el Ayuntamiento a Inversiones Las Teresitas a cambio de 52,6 millones de euros.
En un escrito divulgado por la concejal de Urbanismo, Luz Reverón, durante una rueda de prensa convocada para tal fin en la tarde de ayer, el ingeniero jefe de la Demarcación de Costas, Carlos González, comunica al Ayuntamiento que las obras de la fase II del proyecto de reordenación de la playa (accesos y complementos) "no cuentan en el momento presente con el título habilitante que se requiere para realizar la parte que invade el dominio público marítimo terrestre".
En el documento, elaborado a petición del propio Ayuntamiento y que entró en el registro de la Gerencia de Urbanismo el viernes 7 de marzo, se recuerda que Costas aprobó el 6 de febrero de 2006 el proyecto de ordenación de Las Teresitas referido a la fase I (la zona de playa de la que se encargará Costas), "y no el proyecto global", en cuya referida fase II "no participa el Ministerio de Medio Ambiente" sino el Ayuntamiento y el Cabildo. En el mismo escrito, Costas informa a Urbanismo que para firmar el convenio pendiente entre ambos organismos públicos con el fin de ejecutar el proyecto de ordenación de Las Teresitas, según el proyecto de Dominique Perrault, "sería prudente esperar a que se emita el informe de la Abogacía del Estado" sobre la situación legal de los terrenos que el Ayuntamiento pretende ceder al Ministerio de Medio Ambiente, es decir, parte de las parcelas compradas a Inversiones Las Teresitas.
Ante este nuevo informe, la concejal de Urbanismo acusó ayer a la citada Dirección General de crear "inseguridad e incertidumbre jurídica" al haber informado favorablemente el deslinde público marítimo terrestre fijado a partir de una sentencia del Tribunal Supremo de 1998 (la linde iría de esta forma por el actual muro entre la playa y los aparcamientos), y, sin embargo, cambiar ahora de criterio al considerar que sigue vigente el deslinde de 1961, a la espera de aprobarse uno nuevo, que abarcaría parte de los solares arquiridos por el Consistorio en 2001. "Si hay responsable de una paralización de las obras, de inactividad y de cómo está la playa, es la Dirección General de Costas, que ha estado continuamente yendo en contra de sus propios actos", protestó Reverón.
La edil recordó que en 2001, fijar un nuevo deslinde público en ejecución de la sentencia de 1998, y que el expediente lleva todos esos años sin resolverse. Lo que no explicó la edil, a preguntas de este diario, es por qué el Ayuntamiento solicitó el nuevo deslinde un mes después de cerrarse la operación de compraventa del frente de playa, y no antes.
Reverón anunció que esta misma semana se convocará un pleno monográfico del Ayuntamiento para decidir si se deben parar o no las obras. Una medida que se tomará de acuerdo con los informes técnicos y jurídicos municipales, pues, a su juicio, en este caso "aquí los políticos poco tenemos que decir".
La concejal aludió a las tres vertientes de lo que ocurre en Las Teresitas: la penal ("en la que son competentes los tribunales"), la política ("en 2001 el pleno municipal aprobó por unanimidad que la playa, urbanizable según una sentencia del Supremo, fuera pública") y la administrativa (en la que, dijo, se atenderá a los dictámenes técnicos, y en la que Costas "va contra sus propios actos").
Preguntada si cree que Costas cambia ahora de opinión sobre el deslinde por motivos políticos o, por el contrario, por razones estrictamente técnicas, afirmó confiar en que el organismo estatal "no tenga intencionalidad política ni que se politice" el proyecto.
Sin embargo, sí se quejó de que el Ayuntamiento "ha recibido una presión constante y diaria" de Costas en las obras que se ejecutan actualmente, con la visita de "un guardián" de la Demarcación "lunes, miércoles y viernes para vigilar que los trabajos no invadan el dominio público. Una "presión" ejercida también a través de inspectores de trabajo que han acudido a la zona de obras para comprobar que cumplen con los requisitos legales, según refirió.
"Si Costas al final decide no hacer la obra tendrá que dar explicaciones a los vecinos, que pueden ser los perjudicados por un conflicto interadministrativo que impedirá tener la playa acondicionada para finales de este año o principios de 2009 ", añadió la concejal.
En el oficio conocido ayer, Costas considera que la propuesta de Perrault -dividida en dos partes- debe considerarse un todo y un proyecto global, por lo que "no tendría sentido alguno" ejecutar la fase II si el Ministerio de Medio Ambiente no realizara la fase I.