Asistimos en los últimos años a un deterioro constante del conjunto de los servicios públicos en nuestro país que contribuye a ahondar en la crisis. Aunque el proceso se inició antes, la crisis es la coartada perfecta para imponer políticas antisociales, argumentando que son inevitables.
Este ataque a los servicios públicos es uno de los elementos fundamentales de la ideología neoliberal: la privatización de actividades con más expectativas de beneficio (sanidad), ventas a bajo precio de empresas bien gestionadas y rentables (el agua), recortes y reformas que amenazan gravemente la calidad de servicios esenciales (educación y sanidad públicas, seguridad, dependencia, servicios sociales…), o el acceso de la población a los mismos dependiendo de sus ingresos (incremento de tasas, descenso de becas y pagos o repagos sanitarios).
Estas políticas se han traducido en la pérdida que supera los 16.100 empleos en Canarias, desde julio de 2011 a julio de 2015, vinculados a los servicios públicos.
Si a esta situación añadimos los resultados reflejados en el informe de fiscalización de las encomiendas de gestión para los ejercicios 2013 y 2014 realizado por la Audiencia de Cuentas de Canarias a quien le llama la atención principalmente el uso del recurso de la encomienda de gestión por parte de los organismos autónomos y otras entidades públicas, pues dentro de su marco competencial están creados para desarrollar éstas, es decir, actividades provenientes de la propia Administración autonómica en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas, para lo cual han sido dotadas de competencias, personal y recursos financieros que les debería garantizar la suficiencia para el cumplimiento de sus fines.
Por otro lado se observa que el número de encomiendas en total formalizadas en ese periodo de tiempo fue de 234 por un importe de 65,5 millones de euros, que las mismas se han gestionado sin control alguno, o muy superficial, por parte del gobierno, y que en la mayoría de las encomiendas analizadas no se concretan las actividades a ejecutar, especialmente en aquellas que tienen un carácter estructural y permanente, parece evidente que su finalidad última parece ser el de cubrir insuficiencias de plantilla. Esto impide que la Administración trabaje en la recuperación del empleo público.
Por tanto, en primer lugar, demandamos un plan de empleo que incluya ofertas de empleo anuales, incrementando las plantillas (especialmente en centros educativos, dependencia, prestaciones, menores, centros base de atención al discapacitado, servicios sociales…) que permita la prestación adecuada de los servicios públicos. Necesitamos recuperar el empleo público perdido en los últimos años así como un acuerdo por la estabilidad del empleo de aquellos colectivos en situación de precariedad laboral (interinos, temporales, indefinidos, etc.) consolidando el empleo público, lo que supone la necesaria desvinculación de las listas de empleo de las oposiciones en los términos establecidos en el Decreto 74/2010, de configuración de listas de empleo en varios sectores de la Administración pública canaria.
Igualmente en este período los empleados públicos han soportado un gran esfuerzo asumiendo recortes salariales de todo tipo que han logrado una pérdida importante de su poder adquisitivo. Por ello exigimos que se trabaje en la línea de establecer planes mediante los que se logre:
– La recuperación del 5% del salario sustraído en el año 2010.
– La recuperación total de la paga extraordinaria eliminada por el RDL 20/2012 y la extensión a todas las Administraciones y empresas públicas de los derechos que se reconocen para la Administración General del Estado, partiendo del principio de que a todas las Administraciones les fueron arrebatados los derechos por una decisión del Gobierno, por lo que deben restituirse en todas las Administraciones y empresas, con carácter básico y no potestativo. Solicitamos que el Gobierno de Canarias apruebe antes de finales de junio de 2016 un crédito extraordinario para el abono del 50% de la paga extra que adeuda a los empleados públicos antes de que finalice el año en curso, pues así se establece en la Ley de presupuestos de Canarias para este año.
– El abono íntegro del Complemento Específico en las pagas extras, pues actualmente se paga solo el equivalente al 78% del CE.
– El abono al profesorado canario de los sexenios y el complemento por tutorías que se abona en el resto del estado.
– La restitución del abono del 100% del complemento por IT en todos los supuestos, tal y como se percibía antes del RDL 20/2012.
– La recuperación de los premios de permanencia y jubilación.
– La inclusión de los entes de presupuestos estimativos en los planes que recojan la recuperación de estos conceptos.
on carácter general, para remontar la fuerte devaluación salarial que han sufrido las personas que trabajan en el sector público, CCOO considera necesario que se incrementen las retribuciones en más del 1% propuesto, único mecanismo para poder recuperar y expandir las rentas salariales y que no se produzca una nueva pérdida de poder adquisitivo entre los colectivos afectados.
or último, demandamos el apoyo del gobierno a la labor de los empleados públicos pues desatiende la necesaria negociación con sus representantes en el ámbito de la Función Pública canaria al no convocar la mesa general de negociación de empleados públicos desde el pasado mes de octubre. Por ello hacemos un llamamiento a la inmediata apertura de la negociación colectiva y reivindicamos la dignificación de la labor de los empleados públicos.
Desde la negociación colectiva entendemos que se ha de consensuar un plan para lograr la reversión de los recortes y la recuperación de los derechos y condiciones laborales, entre los que destacamos:
. Recuperar el derecho a la movilidad y la carrera profesional mediante:
– Convocatoria inmediata de traslado de personal laboral mediante el correspondiente proceso. Este es un derecho reconocido en convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad Autónoma que no se realiza desde hace una década.
– Convocatoria de todos los Concursos de traslados pendientes de funcionarios, derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público y en la Ley de la Función Pública Canaria que sin embargo no se están realizando en los tiempos legalmente previstos.
– Convocatoria de promociones internas horizontales y verticales de todos los puestos vacantes.
– Derogación de los Acuerdos de Consejo de Gobierno de 2006 y 2013 que limitan la carrera profesional de los funcionarios públicos (imponiendo límites a los complemento de destino y específico) siendo medidas no negociadas e impuestas.
2. Jornada laboral:
– Recuperación de la jornada laboral de 35 horas semanales.
– Restablecimiento de la jornada especial de verano, fiestas navideñas y carnaval.
– Restablecer el horario del profesorado de secundaria de 18 horas lectivas y 24 de permanencia en los centros.
– Supresión de horas extraordinarias para la docencia a distancia o semipresencial.
– Disminución y regulación de las jornadas parciales y horarios compartidos.
– Recuperar los 10 días anuales en concepto de atención directa a disminuidos y ancianos por parte del personal de centros base de atención a la discapacidad.
– Que se reconozca y se incorpore en el SICHO, al personal que proviene del convenio de enseñanza privada de la Consejería de Asuntos Sociales, las vacaciones de Navidad, Semana Santa así como los cinco días adicionales de verano.
– Mejorar y agilizar los sistemas de sustitución.
– Disminuir las ratios en centro educativos.
3. Acción y Atención Social:
– Restablecer la aportación al Plan de Pensiones de la Comunidad Autónoma de Canarias, suspendida desde el año 2009, porque son una parte importante del salario diferido que además permitiría disponer como pensionistas de salarios más dignos.
– Recuperación de los créditos de Acción Social y Formación como las ayudas por estudio, médico-farmacéutica, etc.
– Atender adecuadamente, sin ideas o criterios preestablecidos por los equipos de valoración de incapacidad (EVI), las solicitudes de incapacidad permanente, no sobrecargar al enfermo respetando el derecho a la salud.
– Vigilar, evaluar y articular el sistema utilizado para el cumplimiento del convenio de determinadas entidades de seguro con MUFACE para la prestación sanitaria a los funcionarios.
Para lograr un plan como el que demandamos es urgente la implicación del Gobierno, por lo que desde CCOO iniciaremos una campaña de difusión de nuestras reivindicaciones y sus motivos por los centros de trabajo solicitando el apoyo de los empleados públicos mediante la oportuna recogida de firmas. Visitaremos a los grupos parlamentarios en busca de apoyo institucional; elevaremos a la mesa de concertación social las cuestiones que se consideren que pertenecen a ese ámbito de negociación, contactaremos con los diferentes centros directivos de la Administración canaria; solicitaremos la inmediata convocatoria de la mesa general de negociación de empleados públicos y nos reservamos el derecho a la movilización si esta situación de pasividad se mantiene en el tiempo.
Por último, para CCOO es necesario modificar el modelo de Función Pública, por un lado mediante una nueva Ley de Función Pública de Canaria, desarrollando el Estatuto Básico del Empleado Público y, por otro, mediante la dotación adecuada de recursos a la Dirección General de Función Pública. Todo ello tendente a la innovación como uno de los elementos básicos de desarrollo del futuro modelo de empleo público, que suponga una mayor profesionalidad de los empleados públicos, una cultura de la responsabilidad por la gestión y cumplir expectativas de desarrollo profesional. Sólo así el empleo público será una institución valorada socialmente.