Antonio Morales Méndez. Presidente del Cabildo de Gran Canaria
{mosimage}Hace unos días el presidente de Cruz Roja en Canarias, Gerardo Mesa, mostró su preocupación por los “alarmantes” niveles de pobreza y exclusión social en Canarias, donde persisten "problemas económicos graves, pese a la idea, mensajes y noticias de que la crisis se ha superado o de que ya se está en proceso de hacerlo". El responsable de la ONG denunció que los datos que maneja la entidad sobre sus usuarios indican que Canarias es la comunidad autónoma donde más ha aumentado en los dos últimos años el riesgo de caer en exclusión y vulnerabilidad social.
Por esas mismas fechas el director de Cáritas, Gonzalo Marrero, se lamentaba de que los presupuestos del Gobierno de Canarias no considerasen como una prioridad “incorporar a las personas en situación de exclusión social” y recordaba que en este archipiélago en solo uno de cada mil hogares se percibe la PCI, apenas un 17% de la población que reúne las condiciones de acceder a ella; que 600.000 personas están en riesgo de exclusión social en esta comunidad donde la pobreza severa ha aumentado en un 8%.
En una rueda de prensa convocada para analizar los presupuestos del Gobierno Autónomo y coincidiendo con las manifestaciones anteriores, el Colegio de Trabajo Social de Las Palmas y la Red Regional de Defensa de los Servicios Sociales denunciaban que la situación para los más desfavorecidos ha empeorado considerablemente en las islas a causa del “desmantelamiento del sistema público de servicios sociales” debido a los pocos recursos que le dedican los presupuestos de la Comunidad Autónoma y a la entrada en vigor de la Ley de Reforma de la Administración Local que resta competencias a los municipios en esta materia. También la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales sitúa a las islas como una de las regiones con peores coberturas para atender a las familias empobrecidas.
El periódico El Día, al hilo de todas estas informaciones, titulaba en un editorial que el tiempo corre en contra de los ciudadanos y que los niveles de pobreza y exclusión son “alarmantes”, atendiendo a la palabra empleada por Cruz Roja. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE, el “Informe sobre exclusión y desarrollo social en Canarias”, publicado por la Fundación FOESSA, el trabajo sobre “Desigualdades entre las comunidades autónomas españolas”, también de FOESSA, el Informe sobre la pobreza infantil "Iluminando el futuro", de la organización Save the Children de marzo de 2015, el último Informe Anual de Caritas Diocesana en Canarias, los informes de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, los de Oxfam Intermon, los de las universidades canarias y tantos otros estudios, vienen a confirmar el incremento de la desigualdad en Canarias y, su expresión más lacerante, el aumento de la pobreza y la exclusión social.
Que Canarias registre una tasa de pobreza y exclusión (tasa AROPE) del 35,5%, (en España es del 27,3%), que la tasa de riesgo de pobreza sea del 27,6% en el Archipiélago (en España del 22,2%), que los hogares con carencia material severa afecten al 8,5% de los hogares isleños (en España al 6,2%), que el ingreso medio neto por persona sea en Canarias del 79,9% de la media española, que el porcentaje de pobreza infantil sea aquí del 39,4% (en España del 32,6%), que la evolución del coeficiente de Gini haya empeorado en Canarias en un 11,1% (en España lo ha hecho en un 8,6%), lo que nos coloca como la segunda comunidad autónoma con mayor desigualdad en la distribución de la renta, son datos que muestran que la salida de la crisis se está saldando con una mayor desigualdad y una preocupante fractura social.
Como se observa, aunque no es nuevo, en Canarias el aumento de la desigualdad de los ingresos y de la pobreza es mucho más notable que la media de España, y ésta se encuentra entre los países más desiguales de la Unión Europea e incluso de la OCDE. En nuestra Comunidad esta situación se debe al enorme número de parados, a la extensión del tiempo en que las personas están desempleadas, a la disminución de las prestaciones por desempleo, al deterioro de las condiciones contractuales en el mercado de trabajo y a la debilidad de los mecanismos públicos de integración de los sectores más golpeados por la crisis. A ello se une el que se cobren los salarios privados y las pensiones más bajas del Estado. Las últimas reformas laborales del Gobierno estatal han tenido como consecuencia que mucha gente que logra un contrato permanezca en situación de exclusión social debido a los bajos salarios. Para el Gobierno del PP la desigualdad social y la exclusión social no son un problema. Tampoco lo son para la gran patronal que defiende la bajada salarial porque dice que así nuestras empresas son más competitivas. Aunque hemos visto que no se aplica la receta cuando les afecta a ellos: el presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha visto incrementado su salario como consejero de Gas Natural en un 64% en 2015. Según publicó eldiario.es en mayo de 2015 la compañía eléctrica le subió su sueldo por lo que ese año cobró 208.000 euros frente a los 175.000 que había cobrado en 2014. En la línea de la patronal esta semana hemos conocido que el Gobierno canario promociona como algo positivo de nuestras islas que aquí se cobran los salarios más bajos de Europa. En el Parlamento de Canarias el presidente Fernando Clavijo defendió esa política de promoción como “un ejercicio de transparencia” y dijo que la oposición hace “demagogia” por criticar que el Gobierno en lugar de combatir los salarios bajos lo que hace es promocionarlo como algo positivo.
La situación en Canarias es especialmente grave, pero la desigualdad se extiende por todas partes. Y va sembrando una infelicidad colectiva…Lo hace en España, en Europa (especialmente en el sur), en el mundo… En España el 10% de la población acapara el 55,6% de la riqueza patrimonial (solo veinte ciudadanos acumulan un patrimonio equivalente al del 30% de la población más pobre); más de diez millones de personas viven bajo el umbral de la pobreza; 2,5 millones de trabajadores perciben un salario y son pobres y casi un millón de familias no perciben ninguna renta… mientras el gasto social se recortaba en un 13% en la anterior legislatura. Y sucede lo mismo en el sur de Europa. 122 millones de europeos viven hoy en riesgo de pobreza. Y sucede en el resto del planeta donde las 62 personas más ricas acumulan la misma riqueza que los 3.600 millones más pobres; donde el 1% más rico se aleja del 99% restante.
No puede parecer extraño entonces que la OCDE afirme que el 40% de los estudiantes de familias desfavorecidas en España registra un bajo rendimiento en matemáticas, frente al 8% de los alumnos favorecidos que no alcanzó la considerada "competencia básica". Es decir, las características personales, familiares y socioeconómicas del alumno determinan su desempeño en el sistema educativo. No es de extrañar tampoco que la pobreza y la mala salud vayan de la mano; que los países pobres tiendan a presentar peores resultados sanitarios que los más pudientes, y dentro de cada país las personas pobres tengan más problemas de salud que las acomodadas: la pobreza genera mala salud y la mala salud los hace aún más pobres. El profesor Joan Benach afirma que “son las clases sociales más desfavorecidas las que mueren antes, enferman más, y tienen con mayor frecuencia hábitos perjudiciales para la salud y peor calidad de vida”.
La extrema desigualdad, según Anton Costas, asesina la democracia. Para Angus Deaton, galardonado con el Nobel de Economía especialmente por sus estudios sobre la desigualdad, “la pobreza erosiona la democracia. Si los impuestos se gastan con sensatez, la libertad podrá difundirse ampliamente”. La redistribución de los impuestos y la lucha contra la evasión hacen a las sociedades más igualitarias. Paul Krugman sostiene que se puede hacer sin entorpecer el progreso económico. Kofi Annan también: “actuar severamente contra la evasión fiscal contribuiría a reducir la desigualdad”. Eso y un compromiso claro y rotundo con los más desfavorecidos por parte de unos gobiernos autonómico y estatal que, desgraciadamente, miran para otro lado a la hora de afrontar el reto de poner en marcha una propuesta real y efectiva de lucha contra la pobreza. Eso y una voluntad clara de confirmar un Gobierno de progreso para España sin dilaciones, al margen de tacticismos, ministerios plurinacionales o referéndums, que lo primero es lo primero. Al fin y al cabo, como afirmó John Stuart Mill, “los malos solo necesitan para alcanzar sus fines que los buenos miren para otro lado y no hagan nada”.