{mosimage}Santiago Pérez.- Piense lo que piense uno sobre Podemos, a estas alturas es imposible negar que ha encarnado electoralmente la indignación y la resistencia –también la esperanza– de amplios sectores de la sociedad española ante el crecimiento de las desigualdades, el retroceso de las libertades y el desprestigio de las Instituciones.
Nunca compartí los juicios sumarísimos sobre La Transición, ni la idea de que ésta obedeció a un guión premeditado, ni que su resultado fue una mera prolongación maquillada del franquismo. Que el desenvolvimiento de esa etapa histórica estaba muy condicionado por imperativos geoestratégicos en Plena Guerra Fría, y por la correlación interna de fuerzas en un país que salía de décadas de dictadura y de siglos de autoritarismo, formaba parte de la naturaleza de las cosas.
Pero sirvió para alumbrar un sistema político pluralista y un pacto social reflejado en el artículo 9.2 de la Constitución que impuso a los poderes públicos, como una de sus funciones esenciales, la de remover las desigualdades sociales que atenazan la libertad y la dignidad de las personas.
El sistema político instaurado en La Transición, a pesar de los déficits de representación del régimen electoral (que, por cierto, se puede reformar considerablemente sin tocar la Constitución), mantiene la suficiente comunicación entre sociedad e Instituciones como para haber traducido, en tiempo récord, la indignación social en la composición del Congreso, de los parlamentos autonómicos y de los Ayuntamientos. Que Carmena y Colau sean alcaldesas de Madrid y Barcelona y que Iglesias y Rivera representen a más de 100 diputados debiera hacer reflexionar a más de uno sobre las virtualidades del Régimen de La Transición.
En opinión de un observador de provincias, que es lo que soy, la demolición del sistema de convivencia, de los acuerdos políticos y sociales y de la legitimidad de las Instituciones alumbradas por La Transición no son fruto de las descalificaciones efectuadas por los sectores “indignados” ante el panorama de deterioro político y social. No.
Los verdaderos dinamitadores de aquellos acuerdos son y han sido los que, aprovechando la Crisis como coartada, han pretendido instaurar el régimen político y social que les habría gustado como perpetuación del franquismo: hegemonía de los grandes grupos económicos sobre las Instituciones; degradación de la fiscalidad progresiva y, por tanto, de los grandes servicios públicos; deterioro de las libertades y leyes mordaza y, por fin, plena involución de los derechos de los trabajadores. Ese es el programa de desmantelamiento de lo que fue y ha sido un pacto de convivencia entre las personas y los pueblos de España.
El crecimiento exponencial de las desigualdades sólo es viable mediante el deterioro de las libertades y el falseamiento de la democracia.
Me he quedado atónito con el descaro con el que 8 grandes asociaciones empresariales, que representan entre otras a las grandes firmas del IBEX, anuncien un manifiesto en el que conminan a PP, PSOE y Ciudadanos a repartirse no sólo el Gobierno, sino la oposición, desterrando a Podemos a quien le niegan, incluso, el liderazgo de la oposición.
Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, “…no defiende la gran coalición porque considera que alguno de los dos grandes partidos debe limitarse a abstenerse y dejar gobernar al otro para quedar como jefe de la oposición. Los empresarios ven peligroso para la estabilidad del país dejar ese papel en manos de Pablo Iglesias.”(El Mundo, hoy).
Es evidente el envalentonamiento irresponsable y antisistema-democrático que ha anidado en ciertas élites empresariales.
No es que en período electoral haya expresado sus preferencias por tal o cual partido, lo que sería completamente legítimo. No: es que después de haberse pronunciado el cuerpo electoral, en ejercicio de la soberanía, pretenden negarle a quienes representan a millones de españoles y españolas el derecho a estar presentes en las instituciones, inhabilitando a una parte de la sociedad para ejercer su derecho fundamental a la participación política.
Porque los diputados de Podemos y de las candidaturas afines no están en el Congreso representándose a sí mismos, sino que ejercen el derecho constitucional a la participación política en nombre de sus representados. Es decir, son los ciudadanos quienes ejercen su derecho constitucional a través de esos diputados, en una democracia representativa.
Y la esencia de ese derecho consiste en acceder al Congreso en función del número de votos y lo han conseguido, a pesar de las deformaciones del sistema electoral; a permanecer en sus cargos durante la legislatura; a ejercer las funciones del cargo formando parte del Gobierno o integrándose en la mayoría parlamentaria; o ejerciendo desde la oposición la función de control que, en contacto con la opinión pública, representa el contrapeso de poderes en la democracia contemporánea. Y, por tanto, la garantía de la libertad política.
No pude imaginarme, lo confieso, en los albores de la democracia que pocos años después –cuarenta años no es nada– algunos volvieran a las andadas. Están jugando con fuego; pero no se dan cuenta, porque representan las más calamitosas tradiciones hispanas. Las que forzaron a la vieja España a siglos de injusticias, intolerancias y tragedias.