Estando el momento político espańol, en periodo de negociaciones entre los partidos con representación parlamentaria en el Congreso de los Diputados, que surgió de las elecciones generales celebradas el pasado 20 de diciembre, para lograr un gobierno, cuyo presidente ha de ser investido por dicha Cámara de representación popular y así poder formar gobierno.
Tenemos que recordar que, el Convenio Internacional de las Naciones Unidas contra la corrupción, suscrito por España, dice lo siguiente:
"La corrupción es una plaga insidiosa que tiene un amplio espectro de consecuencias corrosivas para la sociedad. Socava la democracia y el estado de derecho, da pie a violaciones de los derechos humanos, distorsiona los mercados, menoscaba la calidad de vida y permite el florecimiento de la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas a la seguridad humana".
El Partido Popular, es objeto de investigaciones judiciales por innumerables casos y hechos de corrupción, al existir indicios que dirigentes de derecho o de hecho del mismo, actuando concertadamente en nombre del partido o por sí mismos han cometido actos relacionados con la corrupción, que involucran a su partido.
Pero, ahora, esta actuación, autorizada judicialmente, de entrada y registro en su sede de Madrid, el jueves 11 de febrero de 2016, se hace en el curso de una investigación que puede involucrar al Partido Popular como parte de una organización criminal politico empresarial o mafiosa. Toda vez que, quien lleva. a cabo las actuaciones, repito, ordenadas judicialmente, es la Unidad Central Operativa (UCO), que es el órgano central de po!icía judicial de la Guardia Civil, encargada de la investigación y persecución de las formas más graves de delincuencia y del crimen organizado, tanto nacional como internacional.
Un partido, del que existen indicios de pertenecer sus dirigentes representativos del mismo o que hayan sido, a la mafia o cooperar con ella, no puede continuar gobernando el estado español, al contaminar de antidemocráticas, tanto su estructura partidaria como las instituciones representativas donde sus miembros gobernantes son tachados fundadamente de corruptos.
Ante este socavamiento de la democracia, por la imputación de corrupción generalizada en la actuación de miembros dirigentes o que hayan sido del Partido Popular, teniendo una presunta colusión o consorcio con la mafia, el Congreso de los Diputados, por el decisivo papel constitucional que tiene en la formación del nuevo Gobierno de España, inmediatamente, en Pleno, debe debatir y, en su caso, aprobar, instar al Fiscal General del Estado la ilegalización del Partido Popular. Interesando al Fiscal General del Estado a que presente demanda de ilegalización del Partido Popular y de disolución de su grupo parlamentario. Y que solicite, además, la suspensión cautelar de sus actividades en el procedimiento correspondiente e, incluso en las causas penales abiertas, si proceciera, hasta que se dicte sentencia o resolución definitiva firme al respecto.
Lo cual, conllevaría, a la convocatoria de nuevas elecciones generales por el Presidente del Congreso, debido a que no puede presentar a un representante del grupo parlamentario del partido popular en las consultas de Felipe VI,si prospera la iniciativa de suspensión de actividades del Partido Popular. Desestimando el Congreso y dejando sin efecto la propuesta de la candidadura del lider del PSOE Pedro Sánchez, para someterse al debate de investidura de presidente del gobierno. Siguiendo el mismo gobierno, estrictamente en funciones, llevando cuestiones de trámite, hasta la finalización del nuevo proceso electoral que se abriría e investidura de un presidente de gobierno.
"La Guardia Civil registra la sede del PP de Madrid en busca de pruebas de su financiación ilegal.Los agentes han allanado también la vivienda del directivo de OHL y yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, íntimo amigo del rey, y la del exgerente del partido, Beltrán Gutiérrez.El juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha ordenado este jueves una operación policial que afecta al Partido Popular de Madrid. El magistrado investiga la presunta comisión de delitos de cohecho y blanqueo de capitales dentro de una nueva fase de la Operación Púnica, apunta a una supuesta financiación irregular del partido en Madrid, según informan fuentes jurídicas.
Las sospechas se centran en pagos realizados por el consejero de OHL Javier López Madrid al que fuera gerente del PP de Madrid hasta octubre de 2014, Beltrán Gutiérrez, quien abandonó el cargo tras el escándalo de las tarjetas black de Caja de Madrid, según las mismas fuentes.
De momento los hechos investigados se incardinan en los delitos de cohecho y blanqueo de capitales puesto que en el momento de producirse la presunta entrega del dinero aún no existía el de financiación irregular de partidos políticos, que fue introducido en la última reforma penal.
En el curso de la instrucción ha ordenado cinco registros, entre ellos la sede del PP de Madrid, que está dentro de la sede nacional en la calle Génova de Madrid. La Guardia Civil ha accedido al despacho del ex-gerente regional del partido, que sigue siendo empleado en la formación, y se ha revisado el ordenador con el que trabaja habitualmente. Gutiérrez acompañaba a los agentes en el momento del registro, tras concluir el que se había desarrollado en su vivienda.
Agentes de la Unidad Central Operativa del Instituto Armado (UCO) han accedido también al domicilio, así como a dos despachos personales del empresario Javier López Madrid, si bien una portavoz oficial de OHL ha especificado que no se han visto afectadas por estas actuaciones ninguna de las plantas que ocupa la constructora en su sede de Madrid, ubicada en Torre Espacio.
Fuentes de la investigación apuntan a que los registros han tenido que ser adelantados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 tras la publicación estos días en un medio de comunicación de la existencia de esta parte de la investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario.
Los registros habían terminado antes de las siete de esta tarde y no se espera que el juez ordene por el momento nuevas entradas, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción que no descartan que se puedan practicar nuevas diligencias en los próximos días tras analizarse los documentos incautados este jueves. De momento se descartan también detenciones en relación con estos hechos" (tomado titulares y texto del digital "Publico.es).