Huelga de recogida de basura en el Norte de Tenerife

{mosimage}Este conflicto está  creado por la intransigencia de la empresa Urbaser, titular del servicio, que, sorprendentemente, insiste en  negociar  un convenio con los representantes de UGT, a pesar de que éstos  han sido expulsados del comité de empresa por la inmensa mayoría de trabajadores.

El 15 de Diciembre pasado se registró en el Semac el acta de revocación en la que se recogía la voluntad mayoritaria de trabajadores para que los tres representantes de UGT no comiencen la negociación del nuevo convenio. El resultado de la revocación fue claro y contundente: 30 trabajadores a favor de la revocación y ninguno en contra, de una plantilla de 38 trabajadores. ¿Cuál es el motivo de que la empresa y  los miembros expulsados de UGT no reconozcan ese contundente resultado y vulneren, de forma tan descarada,  la legislación en materia de libertad sindical?

La razón la encontramos en la negociación del convenio  anterior, convenio que la UGT y la empresa desmantelaron y recortaron hasta el extremo:

Congelación salarial durante cuatro años, eliminación del  fondo social de 3500 euros para los años 2012, 2013 y 2014, reducción a la mitad de un fondo de ayuda escolar de 3000 euros, con suspensión total de su cobro para el año 2014 y 2015, eliminación de la bolsa de vacaciones para el año 2014, reducción a la mitad del plus de exceso de recogida de los lunes, reducción a la mitad del plus de domingo y festivos, eliminación de la cláusula de ultraactividad para que no se siga aplicando el convenio anterior mientras se negocia el nuevo…
 Son sólo ejemplos de  recortes vergonzosos  que los trabajadores no estaban dispuestos a admitir para el nuevo convenio, de ahí el contundente resultado en la votación de rechazo hacia los miembros de UGT

 Sabemos que la empresa prefiere acuerdos ventajosos para sus intereses; prefiere interlocutores sin escrúpulos para recortar derechos adquiridos, como es el caso, pero resulta bochornoso que una representación de los trabajadores se someta a los intereses empresariales de forma tan descarada.  Estamos hablando de salarios que rondan entre los 900 y los 1000 euros mensuales, salarios que se mantienen congelados desde hace cuatro años. Esa es la razón de que no reconozcan ésta clara votación de rechazo. Pretenden seguir contando con los mismos negociadores en la tramitación del nuevo convenio para seguir aplicando recortes con su complicidad.

Por el contrario no admiten a aquellas opciones sindicales que si denuncian los permanentes incumplimientos en materia de salud laboral. En dos ocasiones hemos denunciado ante la Inspección de Trabajo la sobreexplotación del personal de contratación temporal, aquellos que nunca se quejan para que les renueven el contrato, y a los que se obliga a doblar turnos, descansando, en ocasiones entre 4 y 5 horas, lo que indica un permanente y absoluto desprecio hacia la seguridad de los trabajadores, al colocarlos frente a un permanente riesgo de accidentes. Algunos camiones de recogida se encuentran en situación precaria, lo que sí ha provocado aparatosos accidentes, afortunadamente sin daños  personales. El abandono en el lavado de contenedores, con continuas quejas vecinales, de las que los trabajadores pueden dar fe a diario. Estas denuncias en la precariedad en el servicio, el recorte de las rutas de recogida, el exceso de horas extras para el mantenimiento del servicio y el incumplimiento en la reposición y el lavado de contenedores, no las hemos realizado sólo ante la empresa Urbaser: hace justamente un año, se presentaron denuncias ante la Mancomunidad que aglutina el servicio y ante cada una de las cinco alcaldías, sin que hasta la fecha hayamos obtenido respuesta, ni de la Mancomunidad ni de ninguno de los cinco Ayuntamientos.

   Esa es la realidad que se quiere ocultar, con la complicidad de algunos supuestos representantes de los trabajadores y el asesoramiento de un sindicalismo colaborador y sumiso, cuya única respuesta, ante este preaviso de huelga es sacar un comunicado amenazando a los trabajadores con la aplicación del artículo 315 del código penal, previsto para los casos de coacciones y amenazas que inciten a la huelga. Los convocantes de la huelga somos totalmente respetuosos con el derecho de los que quieran trabajar los días de paro, y en ningún caso vamos a entorpecer esa libertad, pero resulta vergonzoso que sea precisamente un sindicato el que amedrante a los trabajadores para que no hagan huelga. Ni la empresa se ha atrevido a tanto.