{mosimage}SB-Noticias.- El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha valora el anuncio hecho por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la apertura del plazo de información pública y presentación de alegaciones, durante los próximos 30 días, para el estudio de impacto ambiental y la remodelación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Buenos Aires.
El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, confía en que el paso dado por el Gobierno del Estado “se traduzca ahora en la habilitación de la partida presupuestaria, necesaria para acometer los trabajos, que tienen una importancia fundamental y representan una necesidad para Santa Cruz y el resto de municipios del área metropolitana, con el fin de que puedan iniciarse el próximo año”.
El proyecto de ampliación de la EDAR de Buenos Aires contempla, entre otras medidas, la adecuación de los colectores de entrada, la realización de nuevos aliviaderos, la mejora del desbaste y la instalación de un bombeo intermedio en la zona baja de la estación, nuevo pretratamiento en los colectores situados en la zona alta de esta infraestructura, nuevo pretratamiento de todo el caudal que se bombee y, por último, la remodelación de los bombeos existentes a la EDAR, al emisario submarino, reforma y adecuación de la instalación eléctrica y mejora de la desodorización.
El cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga, manifiesta que el anuncio realizado por el Estado es “una gran noticia y un paso más para la construcción de la ampliación de la depuradora. El hecho de que este proyecto salga a información pública constituye un indicador irrefutable de que el Gobierno de España ha tomado conciencia de la dimensión del problema y ha priorizado la obra”.
Igual que el alcalde, elconcejal entiende que la ampliación de la depuradora “debe comenzar a ejecutarse en 2016 sí o sí, ya que es la mejor solución técnica posible y la que acaba, de manera definitiva, con los vertidos al mar. Esta decisión respalda, de la misma manera, la estrategia seguida durante los últimos años por el Ayuntamiento de Santa Cruz, el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias”.