Las organizaciones sociales advierten de que obligar a los inmigrantes a inscribirse en un registro así como requisito previo a recuperar la asistencia sanitaria pública es un elemento disuasorio
{mosimage}La Coalición por el Derecho a la Sanidad de Canarias, integrada por CEAR, Amnistía Internacional y Cáritas, entre otros, ha rechazado la creación de un registro de inmigrantes irregulares para ofrecerles cobertura sanitaria, por considerarlo "sospechoso" y "discriminatorio".
"Si eres una persona que estás en el país de forma ilegal, no vas a ir a dar tus datos y señas para que te vengan a buscar y te deporten", ha declarado Fontanilla, miembro de Amnistía Internacional.
En nombre de su organización, pero también de otras, como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado o la plataforma Yo Sí Atiendo, constituida por médicos y enfermeros opuestos a aplicar el real decreto por el que en 2012 se retiró la tarjeta sanitaria pública a los inmigrantes irregulares, ha insistido en que la iniciativa del Ministerio "no es pertinente".
En su opinión, sería además "ineficaz y hasta mantendría la vulneración de los derechos humanos que supuso, de por sí, el real decreto de 2012".
Este colectivo de ONG entiende que con ese decreto de hace tres años el Gobierno del Partido Popular "se metió en un cenagal del que ahora no sabe todavía como salir".
Por ello, consideran que "la única solución lógica es volver a hacer que la sanidad pública sea universal derogando ese decreto".
Fontanilla ha destacado que, en esa línea, la Coalición por el Derecho a la Sanidad "valora la posición del Gobierno de Canarias (de CC y PSOE) de oponerse a ese registro y apostar por devolver la tarjeta sanitaria a los inmigrantes", ya que el objetivo de esta plataforma es "volver a la misma situación que había antes de 2012, cuando cualquiera recibía la asistencia que necesitara y ya está".