Vicenç Navarro. Público
{mosimage}Este artículo toca un tema de gran importancia y gravedad como es el Tratado de Libre Comercio entre EEUU y la UE, analizando un tratado semejante conocido como el Trans-Pacific Partnership, en el cual aparece claramente la pérdida de soberanía de los países a manos de tribunales que dictaminan sobre conflictos entre las compañías transnacionales y los Estados, sin que sus decisiones sean apelables. El artículo cita también casos que ya se están dando, y que rompen con cualquier tipo de soberanía existente.
Si usted, lector, cree que estoy exagerando, le sugiero que se lea el excelente artículo del Profesor John Miller (“Trans-Pacific Partnership: Corporate Power Unbound”, Dollars & Sense, julio/agosto 2015) en el que analiza el impacto de otro tratado mal llamado de libre comercio que se está también elaborando entre EE.UU. y los 12 países del Océano Pacífico (EE.UU., Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam), que colectivamente producen el 40% del Producto Interior Bruto Mundial, tratado conocido como TPP, Trans-Pacific Partnership. Es uno de los tratados que cuenta con más apoyo por parte de las mayores corporaciones que gobiernan el mundo, que lo están promoviendo activamente a través de los mayores medios de información que controlan (siendo España, donde la pluralidad de los medios es muy limitada, un claro ejemplo de ello). En EE.UU., los mayores sindicatos (AFL-CIO) se han movilizado masivamente en contra. No así el Partido Republicano y el aparato del Partido Demócrata, dirigido por la Administración Obama, que lo apoyan. En el mundo académico, la mayor figura que se opone a este tratado es el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y el centro de investigación económica más conocido que se opone es el Center for Economic and Policy Research (CEPR), en Washington, uno de los centros más reputados y conocidos en aquel país.
El punto clave donde ocurre la pérdida de soberanía es en el establecimiento de un tribunal que tendría la última palabra en cualquier conflicto legal entre el gobierno de un Estado (que en teoría representa a la ciudadanía de un país) y las grandes transnacionales que invierten en aquel país. Este tribunal, conocido como Investor-State Dispute Settlement (ISDS) en inglés, decidirá quién tiene razón en cualquier disputa entre un Estado y una empresa extranjera que invierta en ese país, siendo su decisión inapelable.
En realidad, los ISDS ya existen en varios tratados, también mal llamados de libre comercio. Como consecuencia de su existencia, hemos visto los siguientes casos:
1. La compañía de tabaco Phillip Morris ha llevado a los tribunales a los Estados de Uruguay y Australia, urgiendo una compensación económica por pérdidas en sus beneficios como consecuencia del descenso de ventas, resultado de la nota escrita en cada cajetilla de tabaco alertándole de los daños a su salud que le puede producir el consumo de tabaco, nota escrita que es obligatoria en aquellos países, por mandato estatal.
2. La empresa nuclear Vattenfall ha llevado a los tribunales, demandando una compensación de 3.700 millones de dólares (unos 3.500 millones de euros), al Estado alemán por la supuesta pérdida de beneficios resultante de que haya decidido disminuir su dependencia energética de la industria nuclear, después del desastre de Fukushima.
3. La compañía francesa de gestión de residuos, Veolia, ha llevado al gobierno egipcio a los tribunales por haber subido el salario mínimo de aquel país, lo que le ha supuesto un aumento de los costes, por los que la compañía urge al Estado que le compense.
Sé que es probable que el lector no se acabe de creer lo que se le viene encima con el mal llamado Tratado de Libre Comercio. Pero le aseguro que si el tratado entre EE.UU. y la UE se aprueba, verá la defensa de sus intereses como ciudadano, trabajador, consumidor y usuario, dramáticamente reducida, porque el Estado verá debilitado enormemente su poder para protegerlo. Es, sin lugar a dudas, la mayor amenaza que hoy se cierne sobre la democracia y la soberanía de los pueblos, la cual las derechas superpatriotas de siempre están dispuestas a imponer, en defensa de los intereses económicos que las financian. Son, ni más ni menos, que vendepatrias. Utilizan las banderas para defender sus intereses de clase. No hay otra manera de verlo.