Mary C. Bolaños Espinosa. Colectivo Harimaguada
{mosimage}Hemos de reconocer que las mujeres hemos avanzado en la conquista de muchos derechos y que son el ámbito corporal, la sexualidad y la reproducción los terrenos donde perduran los controles patriarcales más duros, donde cuesta más desatar los nudos de la discriminación.
Tras un intento de imponer una reaccionaria ley de aborto que detuvo una gran respuesta social, abanderada por el movimiento feminista, el gobierno del PP vuelve a atentar contra los derechos humanos de las mujeres, cebándose sobre el sector de la población femenina más joven, a la que le impide optar a la IVE sin el consentimiento maternal/paternal, modificando la Ley Orgánica 2/2010.
Las razones que da el Ejecutivo para estas modificaciones pretenden confundir a la opinión pública, enmascarando este ataque como una protección a las “niñas” de 16 y 17 años.
La Ley actual reconoce claramente a estas jóvenes el derecho a tomar la decisión de interrumpir su embarazo, pero con la obligatoriedad de informar a los progenitores o tutores legales. La excepción se da solamente en los casos que pudieran suponer riesgo para la menor. Según un estudio de ACAI (Asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo), solo una de cada diez menores que interrumpieron su embarazo en alguna de sus clínicas lo hizo sola, por motivos relacionados con el desamparo familiar, provenir de familias desestructuradas, estar solas en el país, tener progenitores con enfermedad invalidante, en la cárcel, que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor o abiertamente contrarios a la interrupción del embarazo.
La hipocresía del PP queda evidente en estos temas. Nos están usando como moneda de cambio para intentar mantener los votos de los sectores más integristas de su propio partido y para contentar a la iglesia a la que tantos favores le deben.
Con 16, 17 o 22 años, quién va a ser madre es la mujer que está embarazada. Es lógico pensar que ella es quién debe decidir.
Si la relación familiar es la deseable y en el núcleo familiar se dan los elementos de confianza, diálogo, respeto y cariño necesarios, la joven, ante una decisión relacionada con su capacidad reproductiva – como en otras importantes decisiones de su vida -, lo hablará, lo consultará y buscará consejo y apoyo en su familia.
Pero si estas condiciones no se dan, esta misma joven, aun sintiéndose incapaz de ser madre, callará y esperará cargada de angustia, buscará una solución peligrosa al margen de su familia, o será madre por obligación, solo por no disponer de una firma.
Y esto no es “protección”, es atentar contra el derecho a la vida. Si no es justo obligar a una mujer a proseguir con un embarazo contra su voluntad, menos lo es obligar a las más jóvenes o abocarlas a un aborto clandestino.
El derecho de las mujeres a decidir sobre nuestras sexualidades, nuestros cuerpos y nuestras vidas tiene su fundamento en ser consideradas personas con capacidad moral para formular nuestros propios juicios y tomar decisiones sobre los dilemas que se nos pueden presentar en la vida, entre los que la maternidad es uno de ellos particularmente relevante.
Entronca con nuestro derecho a la autonomía, a la intimidad, a la seguridad e integridad. Implica que el Estado tiene la obligación de garantizar que cualquier mujer que decida abortar pueda hacerlo en condiciones adecuadas. Requiere que la sociedad respete nuestras decisiones y que las religiones no se entrometan.
Privarnos de nuestra libertad de decisión o limitar nuestra autonomía, considerándonos mujeres necesitadas de permanente tutelaje, como mantienen quienes se niegan a la despenalización del aborto, es violencia estructural. El hecho de que otra persona decida sobre nuestro cuerpo es una violación de los derechos humanos, que nos enmudece y elimina como sujetos de derechos.
Hacer de la salud, del cuerpo, de los derechos sexuales y reproductivos, un tema de democracia y ciudadanía; y hacer de la dignidad, la autonomía y la libertad, aspectos centrales de los derechos humanos, deben ser elementos inherentes a cualquier proyecto transformador.
Corresponde, ahora, volver a parar la contrarreforma del PP, sin olvidar que seguimos reclamando que se produzca un cambio legislativo en el que el aborto deje de estar tipificado como delito y que se desarrollen y amplíen los derechos reconocidos en el texto vigente (Ley Orgánica 2/2010) para que se garantice el derecho a la autonomía reproductiva de TODAS, TODAS las mujeres.