Con la campaña “El Juego Ilegal NO es un Juego”, se trata de sensibilizar a los estamentos públicos, tanto centrales como autonómicos, de la necesidad de cumplir la normativa vigente sobre juego de la Ley 13/2011 de 27 de mayo, que establece las condiciones específicas que regulan este sector, en todos los niveles, y que es burlada por quienes actúan al margen de la normativa y ponen en riesgo cada día a los ciudadanos que compran estos productos sin ninguna garantía.
UTO-UGT considera “muy escasas” y poco rotundas las actuaciones contra esta actividad ilegal, como la imposición de una sanción de 25 millones de euros a la OID acometida por el Ministerio de Hacienda, puesto que no ha supuesto ningún avance significativo y, como expresa la propia resolución ministerial (BOE 27-12-2014) se trata de una Organización “con plena consciencia del carácter ilegal de su actividad”, con una “actitud perseverante” en la ilegalidad, con “ausencia de aprecio por la legalidad vigente”, lo que constituye un “grave atentado contra el orden jurídico”. Y todo ello sin consecuencias para el infractor.
Desde UTO-UGT, como defensores de los trabajadoras y los trabajadores de la ONCE, así como de la prestación de servicios que ofrece a las personas ciegas y con otra discapacidad –a través de la Fundación ONCE-, además de constituirse en el mayor motor del empleo para personas con discapacidad en nuestro país, reiteramos nuestra postura “radical y rotunda” contra el juego ilegal en todas sus expresiones.
No podemos tolerar que la Administración no haga cumplir las numerosas sentencias y resoluciones administrativas y judiciales que pesan contra el juego ilegal y, concretamente contra la OID, que sigue campando a sus anchas vendiendo sus productos y engañando a casi 100.000 consumidores cada día y, hasta hace poco, con la posibilidad de llegar a menores a través de su página web, como apunta el propio Ministerio de Hacienda en la citada resolución.
UTO-UGT exige, con carácter de urgencia, la intervención de la Administración del Estado para que, de una vez por todas, se haga cumplir la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, no solo a los que actuamos dentro de la legalidad, pagamos nuestros impuestos y trabajamos de forma responsable, sino también, y de manera concluyente y definitiva, a aquellos otros que sistemáticamente la transgreden, como es el caso de la OID.
Para ello, este sindicato iniciará cuantas acciones considere convenientes para denunciar la pasividad e inacción del Gobierno en el cumplimiento de la Ley, exigiendo con rotundidad erradicar esta lacra de juego ilegal que, aprovechándose de la solidaridad de la ciudadanía, ataca directamente a la sostenibilidad de la Institución y a nuestros productos de juego, poniendo en peligro los puestos de trabajo y la estabilidad laboral de todas las personas que dependemos de ella y de forma especial, pues lo sufren directamente en la calle, la de los vendedores y vendedoras de la ONCE.
En el conjunto del estado español el número de organizaciones ilegales asciende a 22, con unos 3.600 vendedores y unas ventas anuales de más de 82 millones de euros.
En el caso de la CCAA de Canarias, a finales de 2014 había un total de 5 asociaciones vendiendo juego ilegal en las calles. Utilizaban para ello 686 colaboradores, todos ellos sin alta en la Seguridad Social ni derechos laborales, con unas ventas totales estimadas en ese año de unos 9570288 euros.