Diario de Avisos / 6 de febrero de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. El ex interventor general del Ayuntamiento de Santa Cruz, Antonio Messía, se reafirmó ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en que el informe de valoración de las 11 parcelas del frente de Las Teresitas debió haberlo firmado un arquitecto municipal, "para preservar y garantizar la independencia" de este tipo de trámites.
En su comparecencia ante el TSJC como imputado en el caso Las Teresitas, el 7 de mayo del pasado año, Messía se ratificó así en la observación que hizo en 2001 en el informe que emitió para la propuesta marco de convenio urbanístico entre el Ayuntamiento e Inversiones Las Teresitas, al sostener que "lo ideal hubiera sido que el informe [de valoración] hubiera sido completado y suscrito por un arquitecto municipal de la Gerencia de Urbanismo".
El entonces interventor general, que pese a esta salvedad, informó favorablemente el precio de 52,6 millones pagado por el Ayuntamiento, puntualizó ante la juez que "no hay ningún precepto legal" que obligue a que los informes periciales previos deban ser emitidos por un funcionario de carrera, pero que era su "opinión personal". A preguntas de la fiscal, Messías dijo no poder decir por qué entonces en su dictamen no hizo constar que se trataba de una "opinión personal".
El informe de valoración lo suscribieron finalmente el secretario de Urbanismo, Víctor Reyes (abogado), y el responsable del Area Económica municipal José Javier López de Vergara (economista). La entonces arquitecta municipal Pía Oramas confesó ante el juez que recibió presiones para que firmara un precio superior en más 33 millones de euros al que ella había estimado, y ante la firmeza de su negativa, fue apartada de este expediente administrativo.
Al respecto, Messía ratificó lo que había manifestado a la Policía previamente, esto es, que el motivo por el que Pía Oramas abandonó su puesto en el Ayuntamiento fue que había tenido "muchas discusiones" con el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.
Preguntado por la fiscal Anticorrupción, María Farnés, por qué informó favorablemente sobre la tasación de Tinsa ( 10.500 millones de pesetas) pese a afirmar que la "más completa" era la de Sociedad de Tasación (7.789 millones de pesetas), el ex interventor respondió que se basó en el informe del citado Víctor Reyes -también imputado en este caso-, "que afianzaba y acreditaba que [la de Tinsa] era ajustada al valor del mercado y que era correcta".
El ex interventor general, en otro momento de su declaración, mantuvo que tanto Víctor Reyes como el interventor delegado de Urbanismo, José Luis Roca, "son personas que en el desarrollo de su trabajo están muy influenciadas por Manuel Parejo", afirmación que Messía había hecho ante la Policía, si bien precisó que ésta era "una opinión personal subjetiva y puede estar sujeta a error". Tras aclarar que él es economista y no abogado, sostiene que según la ley de la función pública y la de régimen local, "la garantía de independencia corresponde a un funcionario". Abundó que el articulo 11 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales exige un informe previo pericial, pero no que deba ser un funcionario público.
Sobre este punto ya se pronunció el Tribunal Supremo el pasado año, al anular la compraventa, entre otros motivos, por considerar que en este caso el Ayuntamiento no cumplió el citado artículo porque el informe de valoración de los terrenos no lo hicieron técnicos competentes en la materia;no se ajustó a criterios objetivos e imparciales, y el precio se acomodó a las exigencias de los empresarios que los vendieron.