Diario de Avisos / 5 de febrero de 2008.- Vicente Pérez. Santa Cruz. El ingeniero jefe de la Demarcación Provincial de Costas, Carlos González, declaró ante ante la juez del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que la nueva propuesta de deslinde marítimo terrestre de Las Teresitas "parte de las parcelas [del frente de playa] pasan a ser públicas", aunque confesó que no había comprobado en el catastro a nombre de quién están inscritos esos solares. El responsable de Costas en Tenerife compareció ante la instructora del llamado caso Las Teresitas el pasado 30 de octubre, en calidad de testigo, con otros funcionarios de este organismo dependiente de la Dirección General de Costas, y ésta, a su vez, del Ministerio de Medio Ambiente.
La toma de declaración a estos testigos resulta fundamental para esclarecer si, como sostiene la fiscal Anticorrupción, María Farnés, casi una tercera parte de los 109.420 metros cuadrados urbanizables que el Ayuntamiento compró por 52 millones de euros a Inversiones Las Teresitas ya eran en realidad suelo público, pues estaban dentro del deslinde público.
González, que era jefe de Servicios en la Demarcación cuando se cerró esta compraventa, reiteró que la única línea vigente es la aprobada en 1961, y que "básicamente" ésa es la que "actualmente tendría" que fijarse. De hecho, manifestó que en un informe que realizó en 2005 a raíz de una alegaciones de ATAN al expediente de delimitación del nuevo deslinde -aún en trámite- "éste debía ser al pie de la montaña en la segunda parte de la playa", frente a las pretensiones del Ayuntamiento, que defiende que vaya a lo largo de la línea del muro que separa la arena de los actuales aparcamientos.
De las declaraciones de los funcionarios de Costas se aprecia el papel clave que ha desempeñado Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza en este expediente. De hecho, González asegura que la propuesta de ATAN "está más o menos bien" . El ingeniero jefe recordó que en octubre de 2001, el Ayuntamiento pidió a Costas un deslinde conforme a una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 1998, pero, a su juicio, y en la línea de lo sostenido por ATAN, esta instancia judicial "no es la competente para fijar el deslinde a menos que esté viendo este tema" y que "son los planes los que deben adaptarse al dominio público, y no al revés", señaló.
Con respecto a aquella sentencia, refirió ante el TSJC que, a raíz de la misma, la línea de deslinde quedaba establecida en el muro de la playa, pues la Demarcación de Costas consideró en aquel momento que dicho fallo judicial implicaba esa modificación. En 2004, según el relato de González, se inició un nuevo expediente de deslinde, tomando como referencia el de 1961, "pero modificada la primera parte de la playa, de forma que fuera por el muro y además se tuvieran en cuenta las obras que se fueran a desarrollar según el proyecto de Dominique Perrault", aprobado a raíz del concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento y la entonces Junta de Compensación.
Carlos González trató de justificar ante el Tribunal por qué la Demarcación de Costas informó en su día favorablemente al deslinde que iba por el muro y ahora propone otro. Por todo lo que había pasado, se creía que el deslinde de 1961 no estaba vigente y así lo creían los anteriores jefes de la Demarcación, Manuel Barrios y Mariano González, advirtió.