Ha realizado estas declaraciones tras reunirse con los presidentes de las asociaciones eólicas de Canarias
{mosimage}EFE.- La consejera de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno canario, Francisca Luengo (PSOE), ha defendido este lunes la "valentía" del Ejecutivo regional al suprimir el sistema de concurso y apostar por la autorización administrativa para la adjudicación de potencia eólica en las islas.
La consejera ha recordado que el Consejo Consultivo de Canarias ha dado su visto bueno al proyecto de decreto del Gobierno de Canarias para que la adjudicación de potencia eólica se realice mediante autorización administrativa.
Además, ha subrayado que el sistema anterior de concurso ha sido un "fracaso" y una "anomalía", ya que había llevado a la judicialización de las adjudicaciones realizadas en el 2007 e impedido la instalación de un solo molino eólico en el archipiélago desde el año 1996.
La consejera ha asegurado que la nueva autorización permitirá a cualquiera que presente un proyecto "con todas las garantías" obtenga potencia y ha añadido que el procedimiento será el que ya se aplica en el resto de energías renovables y en todas las infraestructuras eléctricas y energéticas.
Tras destacar que es la primera vez que se trabaja "con el sector y de la mano del sector", Luengo ha defendido que el nuevo sistema "no excluirá a nadie" y, además, garantiza la "igualdad de oportunidades" de los que quieran participar en la explotación de la potencia eólica, tanto consorcios públicos como privados.
Tras adelantar que el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno será publicado la próxima semana por el Boletín Oficial de Canarias, la consejera ha informado de que los interesados ya no competirán, sino que obtendrán potencia aquellos que presenten un proyecto y cumplan con los requisitos de ordenación del territorio y medioambientales.
Luengo ha explicado que los nuevos molinos no podrán funcionar hasta el año 2018 porque, en paralelo, Red Eléctrica de España tendrá que construir las subestaciones paralizadas por la judicialización del concurso y, también, por la crisis económica.
Por su parte, María Antonia Moreno ha explicado que el decreto del Gobierno de Canarias establece un régimen transitorio para las empresas que habían presentado sus proyectos al concurso y que no habían obtenido una resolución, o que habían sido adjudicatarias pero habían perdido la adjudicación por sentencias judiciales.
Moreno ha apuntado que estas empresas no estarán obligadas a presentar nuevos proyectos, sino que el Ejecutivo les validará la documentación ya presentada y, además, podrán obtener la autorización siempre que mantengan sus compromisos con los ayuntamientos.
Enrique Rodríguez de Azero ha agradecido la "valentía" de la Consejería para reconocer lo que "no ha funcionado" en la energía, ha aplaudido su decisión y, aunque ha reconocido que no ha leído la letra pequeña del decreto, sí piensa que es una "muy buena noticia" para el sector.
"La energía eólica en Canarias con 164 megavatios instalados no deja de ser una asignatura pendiente cuando está región es la que tiene más recursos y cuando el sistema eléctrico genera un déficit descomunal para el Estado, con 1.400.000 de euros anuales de pago por el concepto de coste extrapeninsular", ha añadido.
El presidentes de la Asociación Eólica de Canarias, Rafael Martel, también ha apuntado que el cambio normativo es "valiente" y que su organización aboga por que se instale la mayor potencia eólica posible en las islas por el ahorro que genera, al tiempo que ha lamentado que el Ministerio no haya aprovechado el autoconsumo con las renovables.
Por su parte, Claudio Palmés ha calificado la iniciativa del Gobierno canario como "un camino acertado" y le ha reconocido "mérito y valentía" al decreto, aunque ha asegurado que, para acogerse al nuevo régimen económico retributivo, el plazo del 31 de diciembre de 2015 es "muy corto".
"El decreto es un acicate y un impulso porque se visualiza un apoyo a las renovables", ha destacado Palmés, quien ha recordado que queda "mucho trabajo" para cumplir con los plazos y el objetivo de que el modelo eléctrico de Canarias sea más económico y más sostenible con el medioambiente.