Manuel Marrero Morales. Coordinador General de IC
{mosimage}El allanamiento de la sede del sindicato LAB perpetrado por la guardia civil, este 12 de enero en Euskal Herría, constituye un verdadero atentado contra el derecho a la libre asociación y a la legítima organización de la clase trabajadora y, claramente, forma parte de la escalada represiva y de amedrentamiento que lleva adelante el gobierno del Partido Popular para acallar a las voces críticas y a las organizaciones combativas que se resisten a aceptar calladamente sus políticas antiobreras y de destrucción de los derechos laborales y sociales.
Además, hay también que resaltar por su especial gravedad el asalto paralelo de los despachos y posterior detención de los abogados y abogadas que defienden los derechos de los presos políticos, precisamente en la misma fecha en que parte de los privados de libertad iban a ser enjuiciados por motivos ideológicos. Ello supone un secuestro por parte del gobierno español en clara venganza por la movilización popular que en favor de esos presos se realizó la pasada semana.
Desde el gobierno del Partido Popular y, a través los aparatos represivos del Estado, se pretende también que las organizaciones sindicales se conviertan simplemente en gestoras desideologizadas que administren el despojo de nuestros derechos y hagan de comparsa fotografiandose con presidentes y ministros para lavarle la cara a quienes han generado el mayor retroceso que se recuerda en las conquistas laborales. Se pretende así, negar el derecho forjado históricamente por las organizaciones obreras a mantener una visión sociopolítica y comprometida no solamente en la lucha por los derechos laborales sino también con las reivindicaciones nacionales, sociales y políticas que nos afectan como trabajadores y que, advertimos, Intersindical Canaria continuará defendiendo poniendo especial énfasis en la consecución del ejercicio de todas los derechos para la Nación Canaria frente a lo opresión que actualmente ejerce el Estado Español.
Intersidical Canaria quiere manifestar su absoluta solidaridad y apoyo a los cientos de miles de afiliados al sindicato nacionalista LAB, y advierte que con la detención de los abogados defensores de los detenidos vascos, el PP ha dado un salto cuantitativo al traspasar la línea roja que separa la democracia de las más despreciables de las dictaduras, muchas de la cuales nunca se atrevieron a recurrir a semejante quiebra de los derechos fundamentales como lo es la asistencia letrada al detenido. El gobierno español con esta acción, además de estar irresponsablemente provocando la vuelta a la violencia en Euskadi, incumple todas las directivas internacionales que, como firmante de ellas le afectan y obligan (Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de Roma, además de El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del Consejo de las Naciones Unida, de 1966. Añadidamente, el derecho inquebrantable a asistencia letrada a los presos y detenidos, recordamos, ha sido ratificado por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Sentencia de 25 de abril de 1983, asumida y reiterada con posterioridad por el propio Tribunal Constitucional español. En definitiva, ha sido el de hoy un día aciago para las libertades y los derechos humanos, no sólo en Euzkadi sino en el conjunto del Estado español y los pueblos que, voluntaria o forzosamente, hoy lo conforman.