Los colectivos integrados en la red ‘Canarias Tiene un Límite’ han hecho un llamamiento a la ciudadanía para participar masivamente en la huelga general y en las movilizaciones convocadas para el próximo 11 de noviembre. Con el objetivo de centralizar los esfuerzos en la defensa del derecho a la vivienda, la organización ha decidido posponer las manifestaciones por la moratoria turística que estaban previstas para este mes.
Desde la red apuntan a la vivienda como uno de los principales problemas del archipiélago, señalando que afecta directamente a la calidad de vida, la salud, las redes familiares y el derecho al trabajo en un territorio limitado y fragmentado. Según los datos expuestos por los colectivos, mientras que el precio de la vivienda ha experimentado una subida del 100% en la última década, los salarios en las islas apenas se han incrementado un 16,8%, una brecha que, denuncian, sitúa a parte de la población al margen de este derecho básico.
Turismo y particularidades legislativas
El manifiesto de la organización señala de forma directa el impacto de la industria turística en la habitabilidad de las islas, afirmando que se ha superado la capacidad de carga del territorio y de sus recursos. Asimismo, critican herramientas normativas como la Ley de Islas Verdes, aplicable en La Gomera, El Hierro y La Palma, al considerar que permite la construcción de alojamientos turísticos sobre suelo rústico y elimina suelo agrícola, impidiendo en esas mismas parcelas la edificación de viviendas residenciales.
Propuestas para un cambio de modelo
Con el fin de centrar el debate en las soluciones específicas que requiere la economía insular, ‘Canarias Tiene un Límite’ ha respaldado una batería de medidas basadas en el documento de ‘Canarias Palante’, que consideran el punto de partida mínimo para un cambio de modelo:
- Prohibición de compra empresarial: Restringir la adquisición de viviendas a sociedades, fondos de inversión y entidades patrimoniales, exceptuando a los organismos públicos y entidades sin ánimo de lucro dedicadas al alquiler social.
- Restricciones a no residentes: Limitar la compra de inmuebles y suelo a personas no residentes, exigiendo un mínimo de diez años de residencia continuada en las islas.
- Regulación de la vivienda vacacional: Prohibir esta modalidad en zonas residenciales, fijar límites por barrios, edificios y propietarios, y establecer licencias temporales revisables acompañadas de un cuerpo de inspección y sanción específico.
- Expropiación de viviendas vacías: Incorporar de manera permanente al parque público de alquiler social las viviendas vacías propiedad de grandes tenedores y fondos de inversión mediante el pago de un justiprecio.
- Movilización del parque existente: Activar las 211.000 viviendas vacías estimadas en el archipiélago a través de gravámenes específicos e incentivos al alquiler de larga duración, evitando así la ocupación de nuevo suelo.
- Ampliación del parque público sin consumir suelo: Adquirir edificios a medio construir, rehabilitar inmuebles deteriorados y antiguos bloques de protección oficial, y reconvertir complejos hoteleros y de apartamentos turísticos obsoletos.
- Moratoria turística: Frenar el crecimiento de la planta turística para destensar el mercado inmobiliario, abogando por un decrecimiento turístico que priorice la calidad de vida y el medio ambiente.
Los portavoces de la red insisten en que estas propuestas buscan atajar la raíz de la crisis habitacional, evitando que la vivienda continúe utilizándose como un activo de inversión o un apéndice de la industria turística. Por todo ello, reiteran su invitación a la población canaria a secundar el paro del 11 de noviembre para exigir límites al modelo actual.
