La plataforma ‘Canarios por una justa movilidad’ denuncia que los precios abusivos impiden a los residentes en el exterior viajar a las islas, incluso ante emergencias familiares como cirugías o fallecimientos.
Escucha aquí la entrevista a Desirée Hernández en Radio San Borondón
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El desarraigo forzoso y la barrera económica que sufren los ciudadanos del archipiélago canario que residen en la península ha alcanzado una situación límite. Desiré Hernández Valencia, portavoz de la plataforma ‘Canarios por una justa movilidad’, ha denunciado en Radio San Borondón el «alto precio» que deben pagar quienes se ven obligados a abandonar su tierra nativa. Esta asfixia económica ha motivado la convocatoria de una movilización el próximo 31 de octubre frente al Congreso de los Diputados.
La trampa de la antelación
Tradicionalmente, la planificación temporal permitía a los viajeros acceder a tarifas más o menos asequibles para conectar las islas con el territorio peninsular. Sin embargo, la organización advierte de que el mercado aéreo ha cambiado radicalmente y esa ventaja ha desaparecido por completo. En la actualidad, sin importar el tiempo de antelación con el que se consulte o adquiera el billete, las tarifas finales resultan prohibitivas y desorbitadas para las familias trabajadoras.
Eventos familiares inalcanzables
Esta escalada de precios no solo afecta al ocio, sino que impacta de forma directa en el tejido social y afectivo de los afectados. Citas tradicionales como la Navidad o las vacaciones de verano se han convertido en un lujo inaccesible para muchos canarios en el exterior. La imposibilidad de asistir a celebraciones cotidianas como cumpleaños o bodas profundiza el aislamiento de una comunidad que se siente abandonada por las instituciones.
Emergencias sin respuesta
El escenario más dramático se produce cuando las razones para viajar son de fuerza mayor. La plataforma denuncia casos de familiares que deben afrontar intervenciones médicas o postoperatorios en absoluta soledad debido a la imposibilidad de que sus allegados costeen el trayecto de urgencia. La cumbre de esta problemática se manifiesta en los momentos de duelo, donde el factor económico impide a los ciudadanos despedir a sus seres queridos fallecidos, una realidad que los colectivos califican como una vulneración flagrante del derecho a la movilidad.
Silencio institucional crónico
Los colectivos vecinales y de migrantes recalcan que esta problemática no es nueva, sino una crisis sostenida que lleva años cronificándose ante la inacción política. A pesar de haber trasladado sus demandas a los diferentes representantes institucionales en repetidas ocasiones, aseguran que solo reciben palabras de escucha activa pero ninguna solución legislativa o ejecutiva real. Con la protesta del 31 de octubre, los organizadores buscan forzar un cambio normativo que regule las tarifas aéreas y garantice una conectividad justa y digna para el pueblo canario.
