Una decena de colectivos sociales y medioambientales convoca una gran movilización por tierra y mar en Tenerife para exigir la paralización de macroproyectos turísticos y urbanísticos que amenazan la costa suroeste de la isla.
Escuchar aquí la entrevista a Kilian López
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La franja marina Teno-Rasca se convertirá este próximo sábado 31 de octubre en el epicentro de la protesta ciudadana en Canarias. Bajo el lema «Teno-Rasca no se toca», una decena de organizaciones ecologistas y vecinales ha convocado una gran movilización que se desarrollará de forma simultánea por tierra y mar en el entorno de Playa de San Juan, en el municipio de Guía de Isora. El objetivo de la convocatoria es exigir de manera contundente a las administraciones públicas la paralización inmediata de varios macroproyectos urbanísticos y turísticos que amenazan de forma directa el litoral suroeste de la isla.
Kilian López, portavoz de Greenpeace en Canarias, ha advertido en radio San Borondón de que la situación del litoral isleño ha alcanzado un punto «insostenible», afectando no solo al equilibrio ecológico de la zona, sino también al bienestar social de la población canaria. Según el portavoz, el actual modelo de turismo de masas está absorbiendo de forma progresiva los pocos rincones vírgenes que aún se conservan en el archipiélago. Desde las organizaciones convocantes señalan que esta protesta busca lanzar un mensaje unificado ante la inacción de las instituciones públicas.
Un territorio amenazado por el hormigón
Los colectivos denuncian que, a pesar de las constantes señales de saturación, la presión urbanística sobre el suroeste de Tenerife no cesa. Entre las principales amenazas citadas se encuentra el proyecto de Cuna del Alma, donde las obras continúan activas afectando al patrimonio y tras procesos judiciales que implican al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por la regulación del dominio público marítimo-terrestre.
A esto se suman otras iniciativas como los planes de desarrollo en el entorno de la Montaña de Guaza, la proyección de dos grandes complejos hoteleros en Playa de San Juan y los intentos de reactivación del puerto de Fonsalía, una infraestructura que los colectivos consideraban descartada. Asimismo, se mantiene la alerta sobre el proyecto de Watergarden; aunque se le retiró la declaración de interés insular, los colectivos temen que los promotores intenten ejecutarlo mediante vías de desarrollo privado.
Un santuario marino en peligro
La zona costera y marina objeto de la protesta cuenta formalmente con figuras de protección ambiental internacionales, al estar declarada como Zona Especial de Conservación (ZEC) y formar parte de la Red Natura 2000. La franja Teno-Rasca alberga una de las mayores riquezas en biodiversidad marina de Europa, destacando como un santuario vital para ballenas y otros cetáceos, incluyendo una colonia permanente de entre 300 y 400 calderones tropicales.
El portavoz de Greenpeace resalta que la falta de control en los vertidos al mar y el avance de las infraestructuras hoteleras amenazan de forma directa este ecosistema único. Los colectivos ambientales critican que las normativas de conservación actuales se queden muchas veces «en el papel» debido a que las administraciones gestionan el territorio de espaldas a los criterios científicos y de regeneración real que exigen estas áreas protegidas.
Clamor por un cambio de modelo
La movilización de este sábado se enmarca dentro de una corriente de descontento social más amplia en el archipiélago, vinculada a las demandas de vivienda, sanidad y educación. Los organizadores aclaran que la protesta no busca criminalizar el turismo, sector que reconocen como el principal motor económico de las islas, sino exigir una diversificación de la economía y un freno inmediato a la destrucción del territorio.
El impacto ambiental y paisajístico en Canarias preocupa también a nivel estatal. Equipos de investigación de Greenpeace desplazados a la isla mostraron su alarma ante el avance urbanístico en zonas colindantes como Los Gigantes. Las organizaciones insisten en que, al tratarse de un territorio insular con espacio estrictamente limitado, cada metro cuadrado urbanizado agrava la brecha social y deteriora de forma irreversible el patrimonio natural de la comunidad autónoma.




