La cúpula nacional de Nueva Canarias (NC) ha comparecido ante los medios de comunicación para desmontar lo que califican como una «estrategia de manipulación» orquestada por el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. La dirección de los canaristas progresistas, encabezada por su secretario general, Luis Campos, la vicesecretaria general, Carmen Hernández, el secretario nacional de Programas, Formación y Estrategias, Román Rodríguez, y el coordinador parlamentario, Fermín Delgado, ha acusado al Ejecutivo autonómico de capitular ante los intereses patronales mediante un polémico acuerdo extrajudicial de 500 millones de euros.
Las tres trampas del Ejecutivo
El secretario general de NC, Luis Campos, abrió el turno de intervenciones definiendo la maniobra gubernamental en tres ejes transversales: manipulación mediática deliberada para desviar la atención, un intento burdo de torpedear el debate social sobre los límites al crecimiento turístico y, finalmente, una rendición incondicional del Gobierno en una negociación oculta que se ha vendido falsamente como un éxito.
Campos criticó con dureza que los acuerdos extrajudiciales alcanzados con los empresarios no solo contemplen cuantías multimillonarias, sino que además les permitan mantener intactos todos sus derechos edificatorios. El dirigente nacionalista exigió una transparencia absoluta sobre un proceso técnico y político cuyas directrices históricas fueron lideradas de forma impecable en su momento por Román Rodríguez y Fermín Delgado.
Cero euros por las moratorias de 2001 y 2003
Por su parte, el expresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, tomó la palabra para desgranar con datos y rigor legislativo el histórico de la ordenación territorial en las islas. Rodríguez recordó que desde la década de los noventa la sociedad canaria viene exigiendo poner límites al crecimiento turístico en favor de la sostenibilidad, una demanda ciudadana que hoy vuelve a salir a las calles.
Bajo esa premisa social, el Ejecutivo que presidió Rodríguez impulsó las leyes 6/2001 y 9/2003, aprobadas por unanimidad parlamentaria, logrando paralizar de forma fulminante 300.000 camas turísticas, incluidas 20.000 en el espacio protegido de Veneguera. El líder de NC fue categórico al desmentir a Clavijo, explicando que frente a las 14 reclamaciones judiciales potentes que recibieron aquellas normativas, la comunidad autónoma ganó la totalidad de los pleitos en el Tribunal Supremo, por lo que el Ejecutivo canario jamás tuvo que pagar ni un solo euro en indemnizaciones.
El origen de la negligencia en 2009
Rodríguez situó el verdadero origen del problema económico actual en la segunda moratoria promovida en el año 2009 por el Gobierno de Coalición Canaria y el Partido Popular a través de la Ley 17/2009. Nueva Canarias ya advirtió entonces de la existencia de un artículo altamente «temerario» que permitía a los propietarios de suelo edificable solicitar la reconversión a suelo rústico para exigir su posterior expropiación forzosa. Aprovechando la crisis financiera de la época, se presentaron 54 solicitudes que el Gobierno de entonces gestionó de manera negligente.
Esta inacción provocó una acumulación de hasta 39 sentencias judiciales en contra de la administración pública. No obstante, el expresidente matizó que ningún fallo judicial fijaba cuantías económicas, sino que obligaba a la tramitación del suelo. Han sido los particulares quienes han impuesto las cifras económicas que han querido ante la pasividad de la administración.
Una rendición de 500 millones de euros
Para Nueva Canarias, el pacto extrajudicial de 500 millones de euros alcanzado este año por el Gobierno de Clavijo —justificado bajo la premisa de haber ahorrado otros 500 millones— supone una «rendición vergonzosa» y un regalo a la patronal, que además conserva la calificación del suelo para seguir construyendo.
La formación nacionalista ya ha registrado la solicitud de toda la documentación y los informes técnicos de cada uno de los expedientes para auditar de dónde surgen unas diferencias que califican de «abismales» entre lo recomendado por los servicios jurídicos y lo finalmente abonado. Rodríguez concluyó advirtiendo que llegarán hasta las últimas consecuencias legales, «caiga quien caiga», ante un acuerdo que genera serias sospechas y cuyo único fin es confundir a la opinión pública para diluir responsabilidades políticas y frenar el clamor popular que exige un cambio de modelo turístico.
