Por: Eligio Hernández
Por mucho que el Gobierno quiera calificar la invasión de Ceuta por unas 80.000 personas, mayoritariamente marroquíes, como una crisis migratoria, estamos a presencia de una invasión desde el punto de vista del derecho internacional público contemporáneo, que considera que la invasión del territorio de un Estado es un acto estrictamente ilícito y constituye una violación flagrante de la soberanía y la integridad territorial, como lo ha calificado también recientemente el Parlamento Europeo que insta a Marruecos a recibir a los que invadieron Ceuta y permanecen en ella, dejando claro que Ceuta es España y que su frontera es la de la Unión Europea. En cuanto que un invasión supone entrar por la fuerza y ocupar de forma irregular el territorio de un Estado, es un acto de Agresión según la Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General de la ONU, que viola de forma directa el Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas, el cual prohíbe explícitamente la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Los líderes estatales y mandos militares que planeen o ejecuten una invasión pueden ser perseguidos penalmente de forma individual ante la Corte Penal Internacional (artículo 8 bis de la Corte Penal Internacional). Una guerra híbrida, es un conflicto que combina tácticas militares tradicionales con métodos no convencionales para desestabilizar a un país contrincante sin llegar a una guerra abierta. La invasión o un ataque directo al territorio de Estados Unidos es una causa legítima (casus belli) para responder con la fuerza militar, aunque no conlleva una declaración automática de guerra. La invasión a Ceuta y la instrumentalización política de la emigración por Marruecos, se prueba claramente con los impecables informes del CNI, de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, que se han menospreciado y no se han valorado debidamente por el Gobierno, lo que es propio de un Estado fallido o en decadencia
La legislación española de Extranjería no está prevista para resolver los problemas que genera una invasión como la de Ceuta. Efectivamente el artículo 157 de la Ley de Extranjería permite las devoluciones sin necesidad de expedientes de expulsión de los extranjeros que pretenden entrar ilegalmente en el país cuando sean interceptados en la frontera o su inmediaciones, aplicable cuando los que entran sean un número de extranjeros que puedan ser controlados, pero imposible materialmente devolverlos, -como a los menores no acompañados por “observancia estricta” de la legislación española, el derecho internacional y la Convención sobre los Derechos del Niño (art. 5),- cuando sea una muchedumbre de extranjeros los que pretenden entrar por la fuerza al mismo tiempo, en cuyo caso, una vez atravesada la frontera, no podrán ser devueltos sino mediante un expediente de expulsión, sin perjuicio de los recursos judiciales que procedan, a cada uno de los 10.000 invasores que todavía se calcula permanecen en Ceuta , para cuya tramitación administrativa se necesita por lo menos un año y no tres meses cono ha indicado el gobierno, y, mientras tanto, se recrudece la insoportable convivencia con los ceutíes al borde de ocasionarse un conflicto de imprevisibles consecuencias, a lo que hay que añadir el efecto llamada que se produce con los campamentos que se están construyendo para alojar insuficientemente en condiciones precarias a los emigrantes ilegales, sin contar las amenazas de nuevas invasiones que se están gestando, lo que hace imposible la vuelta a la normalidad en Ceuta, que solo se conseguirá, no nos engañemos, declarando el Estado de Excepción en Ceuta, autorizado por el Congreso a solicitud del gobierno, en aplicación de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, que permita, prescindiendo de la normativa de extranjería, la expulsión “manu militari” de los invasores , incluidos los menores no acompañados, que hayan entrado masivamente en territorio nacional. Lo demás pretendidas soluciones para lograr la normalidad son una quimera y un engaño al pueblo de Ceuta.
Pretender como hace el gobierno que la entrada multitudinaria en Ceuta es una crisis migratoria y no una invasión con fines políticos, es un fraude de ley. La crisis migratoria sólo se puede encauzar regulándola. Es evidente que el mercado laboral de los países desarrollados necesita emigrantes, para lo cual la Unión Europea debe cuantificar la mano de obra que necesita cada miembro de la Unión y documentarla para la entrada y estancia regular, y evitar la irregular, que, en todo caso, es difícil, porque no se pueden poner muros y alambradas al hambre mientras no se modifique el orden económico mundial.
La incoación de Diligencias Penales por la Audiencia Nacional para investigar la invasión de Ceuta puede llegar a probar no sólo la instrumentalización política de le emigración por Marruecos, sino las responsabilidades penales de las Autoridades españolas, por no emplear los medios legales y materiales para evitarla, sabiendo por sus informaciones oficiales de inteligencia que se iba producir, por lo que han podido incurrir en un delito de prevaricación por negligencia e ignorancia inexcusable, por omisión, o por complicidad en delitos que comprometen la paz o la independencia del Estado
Resulta paradójico que el gobierno exonere de la responsabilidad de la invasión insistentemente a Marruecos, pese a todas las evidencias, y reitere que confía en sus gobernantes, tras ocho siglos de ocupación islámica de la península, que demuestran lo difícil de la convivencia con el Islam y la imposibilidad de la conciliación. Cervantes, que no era racista, y que lucho contra los moros, los califico por boca del Quijote, de «embelecadores», un adjetivo y sustantivo en español que se utiliza para describir a una persona que engaña, embauca o seduce a los demás con falsas promesas, palabras bonitas o artificios, y de “falsarios y quimeristas” que son personas que imaginan o creen en ficciones e ideas irreales, o bien provocan riñas y conflictos.