Por: Lois Pérez Leira. Cofundador de La Izquierda Confederal
Ha sido una gran lección para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, vivir en carne propia la provocación desestabilizadora en la frontera sur. Las estrategias de presión y chantaje impulsadas por actores regionales y globales han intentado medir la resistencia del Estado español. Episodios trágicos como los vividos en el salto a la valla de Melilla, que dejaron un balance devastador de casi 100 muertos entre víctimas mortales y desaparecidos —una masacre que refleja la crueldad con la que se gestionan los flujos migratorios—, evidencian cómo las fronteras de Ceuta y Melilla, junto con las maniobras de la ultraderecha para provocar una reacción popular, forman parte de un intento de desestabilización a cuya jugada le salió mal el objetivo final.
Bajo la dirección del rey Mohamed VI, en el trono alauí desde 1999, el régimen marroquí ha consolidado un modelo de poder fuertemente centralizado que utiliza de manera recurrente herramientas de presión geopolítica, chantaje migratorio y vulneración de derechos humanos. Desde una perspectiva crítica, el papel que desempeña esta monarquía en la región es interpretado a menudo no solo como un peligro constante y un factor de inestabilidad para el sur de Europa, sino también como un elemento de fricción que entorpece la cooperación y el desarrollo democrático en el propio continente africano.
Para un gobierno que se autodenomina progresista, la gestión de estas crisis no puede ni debe basarse en la capitulación tácita ni en el apaciguamiento de regímenes autoritarios. La respuesta a la coacción y a los intentos de tutelar la soberanía nacional exige firmeza democrática y un retorno a los principios fundamentales del derecho internacional.
En este tablero, España mantiene una deuda histórica y jurídica insoslayable con el pueblo saharaui. El alineamiento unilateral con las tesis marroquíes sobre el Sáhara Occidental, adoptado al margen del consenso tradicional y de espaldas a las resoluciones de las Naciones Unidas, no ha traído una verdadera estabilidad, sino una sensación de sumisión ante la chequera de Rabat. La única salida verdaderamente realista y justa pasa por reconocer de manera valiente el derecho de autodeterminación del Sáhara Occidental, exigiendo simultáneamente la liberación de todos los presos políticos saharauis.
Paralelamente, la diplomacia española necesita recomponer de forma urgente y profunda sus lazos políticos y económicos con Argelia. Prescindir o deteriorar el entendimiento con un socio energético y comercial estratégico de la magnitud de Argel, condicionados por los equilibrios de una relación bilateral asimétrica con Marruecos, constituye un error de cálculo imperdonable.
Una política exterior verdaderamente autónoma, soberana y progresista no puede construirse sobre la base de debilidades coyunturales ni de cesiones ante el chantaje externo. Exige dignidad, respeto estricto a los derechos humanos universales y una apuesta decidida por el derecho internacional tanto en el norte de África como en el conjunto del escenario global.