Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político.
El 15 de agosto no existió un intento de entrada masiva en Ceuta. Lo que presenciamos fue la escenificación de un teatro de operaciones tan viejo como rentable para la satrapía alauita: una maniobra de coerción calculada, minuciosamente instrumentada para pasar la factura en los despachos de Bruselas. Para desentrañar la arquitectura de esta representación, es imprescindible revisar primero el baile de cifras del episodio anterior —30 y 31 de julio—, donde el propio Estado español se vio obligado a corregir su relato a medida que la realidad desmontaba la versión inicial.
Aquel fin de semana no entraron 40.000 personas como se afirmó en un primer momento. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió a Ceuta denunciando una «violación de la integridad territorial» e imputando la responsabilidad en exclusiva a las mafias. Sin embargo, la contabilidad fue mutando al ritmo de la conveniencia política: de los 40.000 o 50.000 iniciales —versión destinada a minimizar el impacto—, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo que elevar la cifra a 72.000. Fuentes gubernamentales y el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, terminaron admitiendo ante el Parlamento Europeo un saldo de hasta 80.000 entradas y 75.000 devoluciones exprés en apenas 24 horas. La brecha entre el relato y los hechos puso al descubierto la mayor irrupción instrumentalizada de la historia reciente.
El recuento de la violencia letal sufrió idéntica metamorfosis. La versión oficial arrancó admitiendo 43 fallecidos. Poco después se contabilizaban 57 cadáveres en aguas de Ceuta; la Cadena SER elevaba la cifra a 94; y hoy, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos y Caminando Fronteras confirman al menos 141 muertos a ambos lados de la valla, 78 rescatados en territorio español y 63 en la vertiente marroquí. Pasamos de 43 a 141 víctimas. Tal es el coste humano acumulado que sirve de preámbulo a la nueva escenografía.
Sobre ese reguero de sangre se montó la operación del 15 de agosto. Alimentada por la propagación de convocatorias en redes sociales —«Nos vemos allí el día 15»—, el aparato del Majzén ejecutó la maniobra inversa. En las colinas de Jbel Moussa y el barrio de la Cerámica, a tres kilómetros de Fnideq, las Fuerzas Auxiliares desplegaron una batería represiva desproporcionada: gases lacrimógenos, helicópteros, drones, perros y un saldo de 294 detenidos, 248 subsaharianos y 46 magrebíes. La respuesta posterior fue la acostumbrada violencia estructural: deportaciones forzosas en autobuses fletados a Ouarzazate —a más de 800 kilómetros—, detenciones arbitrarias sin verificación documental y el abandono de seres humanos en zonas desérticas o en la frontera con Argelia.
Existe una lógica contable y de clase en esta selección de la violencia. El 30 y 31 de julio la masa estaba compuesta por jóvenes marroquíes; el 15 de agosto la represión se encarniza contra la población negra. No es un exceso aleatorio, sino un cálculo racista de contención política. Reprimir brutalmente a la juventud de Beni Mellal o Tetuán tras el impacto de 141 muertes recientes entraña un riesgo de reactivación del conflicto interno que el régimen no puede asumir. Por el contrario, aporrear, perseguir y expulsar a un joven chadiano o a un menor nigeriano carece de coste social en el frente doméstico, pero genera un altísimo rendimiento geopolítico exterior: produce la foto exacta que se vende en Europa.
Esta es la piedra angular del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo. El acuerdo ha transformado la frontera sur en un mercado de subasta donde la capacidad punitiva se retribuye con fondos públicos. Marruecos domina las reglas del juego: abre la espita cuando necesita recordar su capacidad de chantaje soberano, y la cierra mediante la cacería de subsaharianos cuando busca certificar su rol de gendarme indispensable. La ecuación es implacable: a mayor violencia exhibida, mayor flujo de euros en concepto de cooperación, pertrechos antidisturbios y tecnología de control fronterizo.
Para que la mercancía represiva cotice al alza, es condición indispensable amordazar la información. La expulsión de Fnideq de los equipos periodísticos de EFE y RTVE —bajo amenazas de retirada de acreditación y coacciones a la hostelería local— no es un incidente aislado: es un acto de censura estructural para garantizar el monopolio del relato a los medios estatales del régimen. Sin testigos independientes, la narrativa se reduce a la operación contra las mafias y la desinformación, deteniendo a decenas de administradores de redes sociales que se limitaron a amplificar el bulo propiciado por el propio sistema para justificar el despliegue.
Este engranaje represivo y extractivo no opera en el vacío; se sostiene sobre una sólida cobertura imperialista. Mientras se escenificaba la batida en Castillejos, en Tan-Tan —a 200 kilómetros de Canarias— las fuerzas de AFRICOM estrenaban el Centro AMTEC con simulacros de misiles de largo alcance, al amparo de la hoja de ruta militar EE. UU.-Marruecos 2026-2036 y los acuerdos de cooperación estratégica firmados con Tel Aviv. Washington requiere una plataforma militar terrestre en el Atlántico medio; Israel busca un cliente estratégico; Rabat exige impunidad diplomática y financiación permanente. La jornada del 15 de agosto condensa la naturaleza de este modelo: violencia racista como infraestructura de negocio, blindaje geopolítico, apagón informativo y la entrega de una nueva factura en Bruselas pagada con la dignidad y la vida de los desposeídos.