Por: Antonio Aguado Suárez
Son muchas (demasiadas) las instituciones que tenemos que, por su inutilidad y el alto coste que representa mantenerlas habría que abolirlas: Senado, diputaciones y cabildos. Consejo de Estado, Tribunal de Cuentas y Defensor del Pueblo y junto con éstas a sus homólogas territoriales.
De entre todas hay cientos de miles cargos públicos electos y otros tanto de libre disposición (enchufados). El Senado es uno de los máximos exponentes. Esta cámara en los países que existen como el nuestro, es conservadora y al no tener las competencias del Congreso de los Diputados, el Partido Popular que tiene la mayoría absoluta la utiliza como caja de resonancia, con métodos inquisitoriales a los que son sometidas las personas que son citadas para interrogarlas, en gran medida componentes del Gobierno o del entorno del PSOE.
Las diputaciones, sin ser el PP pues ha venido (y viene) aprovechándose de ellas, sobre todo en las zonas rurales, en las elecciones generales de junio del 2016, había un consenso de los demás partidos políticos para abolirlas. Sin embargo, eso no ocurrió y con el Estado de las autonomías, aun no teniendo razón de ser, siguen persistiendo.
Eso mismo ocurre con los cabildos en Canarias. Al comienzo de la Transición había un consenso de los partidos políticos de izquierda para su abolición. Los argumentos eran claros, contundentes e irrefutables. Se consideraba a esta institución el refugio natural de las oligarquías isleñas que, para lograr el dominio de unas sobre otras (sobre todo de las islas más pobladas Tenerife y Gran Canaria), sus enfrentamientos le hacían (y hacen), mucho daño al conjunto de Canarias. A diferencia de las diputaciones, los cargos públicos de consejeros en los cabildos son elegidos directamente por los electores.
En este sentido, lo tengo muy claro y mi voto útil será solo y exclusivamente para el Congreso de los Diputados, pues esta es la cámara que marca, fija y gestiona el rumbo del país y no es cuestión de que, lo haga un gobierno del PP y Vox. De ocurrir, el retroceso en libertad y justicia social sería de incalculables consecuencias, implantando y llevando a efecto políticas represoras, con la que llaman prioridad nacional, incluyendo la marginación y deportación de inmigrantes.