Por: Manuel Marrero Morales
Las palabras nunca son inocentes. En política, menos aún. Quien consigue imponer el lenguaje con el que se interpreta la realidad ha ganado buena parte de la batalla cultural. Por eso resulta especialmente preocupante que conceptos como “prioridad nacional”, “los de casa primero” o “preferencia nacional” hayan dejado de ser consignas marginales de la extrema derecha para convertirse en expresiones que comienzan a circular con normalidad en el debate público e, incluso, en el discurso de partidos conservadores tradicionales.
No estamos simplemente ante un cambio terminológico. Estamos asistiendo a la normalización de un marco ideológico que convierte la igualdad de derechos en un privilegio condicionado por el lugar de nacimiento. Se presenta como una medida de sentido común para gestionar recursos limitados, pero en realidad introduce una jerarquía entre personas basada en la nacionalidad. Y ahí reside su verdadera naturaleza.
La extrema derecha ha comprendido que ya no necesita reivindicar abiertamente los postulados del fascismo histórico para avanzar políticamente. Le basta con sustituir unas palabras por otras. Donde antes hablaba de superioridad nacional o racial, hoy habla de prioridad nacional; donde antes proponía exclusión, ahora habla de preferencia; donde antes señalaba enemigos internos, hoy identifica a las personas migrantes como responsables del deterioro de los servicios públicos, de la falta de vivienda o de la precariedad laboral.
Es una estrategia tan sencilla como eficaz: desplazar la responsabilidad de las desigualdades desde quienes concentran el poder económico hacia quienes apenas disponen de recursos para sobrevivir. El problema deja de ser la especulación inmobiliaria y pasa a ser la inmigración; ya no son las políticas de recortes las que saturan la sanidad o la educación, sino quienes llegan buscando una oportunidad. El conflicto se desplaza desde arriba hacia abajo. Se enfrenta a trabajadores con trabajadores, a pobres con pobres.
Lo más inquietante es que este marco discursivo ya no pertenece exclusivamente a la extrema derecha. Su mayor victoria consiste precisamente en que otras fuerzas políticas asuman parte de su lenguaje y de sus planteamientos, legitimándolos como opciones razonables dentro del debate democrático. La historia demuestra que el autoritarismo rara vez conquista espacio presentándose con sus símbolos originales. Avanza cuando consigue que sus ideas parezcan moderadas, inevitables o simplemente pragmáticas.
Europa ya conoció ese proceso durante el siglo XX. Los fascismos no comenzaron con campos de concentración ni con la supresión inmediata de las libertades. Comenzaron construyendo un relato de amenaza permanente, definiendo quién pertenecía plenamente a la nación y quién debía ocupar un lugar subordinado o ser excluido de ella. La democracia empezó a erosionarse mucho antes de desaparecer formalmente.
Por eso resulta imprescindible recuperar la memoria democrática. No para establecer comparaciones simplistas ni para utilizar el pasado como arma arrojadiza, sino para comprender los mecanismos mediante los cuales las sociedades terminan aceptando restricciones de derechos que poco tiempo antes habrían considerado inaceptables.
En territorios como Canarias, además, la apelación a la “prioridad nacional” encierra una profunda contradicción histórica. La sociedad canaria conoce bien el significado de emigrar. Durante décadas fueron miles las personas que cruzaron el Atlántico buscando en América las oportunidades que aquí no encontraban. Aquellas generaciones sobrevivieron gracias a la solidaridad de otros pueblos. Olvidar esa memoria supone amputar una parte esencial de nuestra propia identidad colectiva.
Frente a esta deriva, la respuesta no puede limitarse a la confrontación política ni a la denuncia institucional. Hace falta una verdadera pedagogía democrática. Una educación que enseñe a identificar los discursos de odio cuando aparecen revestidos de aparente racionalidad; que explique cómo funcionan los prejuicios; que forme ciudadanos capaces de distinguir entre una política pública basada en derechos y otra basada en la exclusión.
Esa responsabilidad no corresponde únicamente a la escuela. También interpela a los medios de comunicación, a las organizaciones sociales, a los sindicatos, a las universidades y a toda la ciudadanía. Informar con rigor implica contextualizar, desmontar los eufemismos y evitar la falsa equidistancia entre quienes defienden la igualdad de derechos y quienes pretenden condicionarla a la identidad nacional.
Las democracias no se debilitan únicamente por quienes las atacan frontalmente. También lo hacen cuando aceptan, poco a poco, los marcos ideológicos de quienes cuestionan sus principios fundamentales. La igualdad, la solidaridad y la universalidad de los derechos no son concesiones sentimentales; constituyen el núcleo mismo del Estado democrático y social de derecho.
La verdadera prioridad nacional no consiste en decidir quién merece más derechos que otros. Consiste en garantizar que nadie vea vulnerada su dignidad por su origen, su nacionalidad o el color de su piel. Porque cuando una sociedad acepta que existen ciudadanos de primera y personas de segunda, no solo pierde quienes son excluidos: pierde la democracia en su conjunto.