Por: Marta Saavedra. Portavoz de Cultura en el Senado
@martaJSaavedra
Las democracias rara vez se deterioran de un día para otro. No suelen hacerlo mediante grandes rupturas ni acontecimientos espectaculares: con frecuencia comienzan a erosionarse a través de decisiones aparentemente menores, gestos simbólicos que algunos consideran irrelevantes y que, sin embargo, revelan una determinada forma de entender el poder.
La cultura es uno de esos ámbitos donde resulta más fácil identificar esa deriva. No hablamos únicamente de libros retirados de bibliotecas, de espectáculos cancelados o de programaciones culturales alteradas por razones ideológicas. Hablamos también de algo más profundo: de la pretensión de decidir quién merece ser recordado y quién no, quién forma parte del patrimonio colectivo y quién debe ser apartado de él.La reciente decisión del Ayuntamiento de Algete (Madrid) de retirar el nombre de Joan Manuel Serrat de un edificio municipal dedicado a la cultura trasciende el ámbito local. No porque el reconocimiento a un vecino ilustre sea en sí mismo discutible, sino porque obliga a preguntarnos por qué es necesario borrar un nombre para colocar otro. Y cuando la pregunta se formula, la respuesta parece inevitable.
Joan Manuel Serrat no es patrimonio de una ideología. No pertenece a un partido político ni a una corriente de pensamiento determinada. Pertenece a varias generaciones de españoles que crecieron escuchando sus canciones, descubriendo la poesía a través de sus versos o encontrando en su música una forma de interpretar el mundo, de sentirlo, de amarlo y de intentar mejorarlo.
Su obra forma parte de una memoria sentimental compartida, de una memoria colectiva que hasta ahora parecía indiscutible. Porque resulta inquietante que, cada vez con mayor frecuencia, asistamos a episodios en los que determinadas expresiones culturales son cuestionadas no por su valor artístico, sino por las opiniones de quienes las crearon.
Como si el mérito cultural dependiera de la afinidad ideológica con quienes gobiernan en cada momento. La cultura nunca debería superar ninguna prueba de pureza política, porque la cultura no nació para ser evaluada desde la sospecha.
Una democracia madura es aquella que protege la libertad de quienes piensan como nosotros, pero también la de quienes discrepan. Es aquella que entiende que la creación artística es, por naturaleza, incómoda, diversa y plural. Y es aquella que sabe distinguir entre el debate político legítimo y la tentación de convertir la cultura en un territorio sometido a vigilancia ideológica.
España conoce demasiado bien las consecuencias de los tiempos en los que artistas, escritores e intelectuales eran observados y perseguidos por expresar ideas diferentes.
Precisamente por eso, la Constitución consagró la libertad de creación como una de las expresiones más nobles de nuestra democracia.
La libertad cultural no es un adorno del sistema democrático, sino una garantía esencial.
Cuando se cuestiona el legado de un creador por motivos ideológicos, cuando se pretende reescribir simbólicamente el espacio público para hacerlo más uniforme y menos plural, lo que está en juego no es únicamente el nombre de una placa. Lo que está en juego es la capacidad de una sociedad para convivir con la diversidad de ideas, sensibilidades y expresiones que la conforman.
Tal vez convendría que prestásemos, a partir de ahora, más atención a “aquellas pequeñas cosas”, como cantaba el maestro Serrat. Porque las sociedades abiertas no empiezan a perder libertad cuando desaparecen los grandes símbolos, sino cuando dejan de defender los pequeños. Cuando se normaliza que la discrepancia se convierta en señalamiento o que la pluralidad se transforme en sospecha. O, peor aún, cuando la cultura pasa a ser un instrumento político de confrontación.
Una democracia segura de sí misma no necesita borrar nombres. Necesita preservar la memoria de quienes contribuyeron a hacerla más libre, más crítica y más diversa. Y también, como en el caso que nos ocupa, más sonoramente hermosa.