Por: José Manuel Rivero. Abogado y analista político
La Audiencia Nacional —tribunal que asumió en 1977 las funciones del extinguido Tribunal de Orden Público (TOP) franquista— vuelve a situarse en el centro del debate público, demostrando que sus ritmos procesales y giros de guion no siempre obedecen a la estricta lógica formal del derecho, sino que parecen actuar en llamativa sintonía con la coyuntura política y las estrategias de desgaste institucional. El reciente auto del magistrado Santiago Pedraz, que ordena, a través de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civi) recabar o requerir información en la sede federal del PSOE en la calle Ferraz que, al final, después de más de diez horas en la sede, es más bien un registro,no constituye un hecho aislado ni una mera diligencia de investigación penal rutinaria; representa, por ahora, el último eslabón visible de una cadena de eventos policiales, judiciales, mediáticos y políticos que que vienen operando coordinadamente con intereses que trascienden las fronteras del Estado español, siendo el portavoz de esta estrategia, desde Noviembre de 2023 el expresidente ultraconservador proestadounidense y sionista José María Aznar: “el que pueda hacer que haga”, cuya consigna reprodujo, en un vídeo recientemente, a raíz de la imputación judicial al expresidente socialdemócrata José Luis Rodríguez Zapatero.
Para desentrañar la verdadera naturaleza de estos movimientos sectoriales del aparato de Estado, es metodológicamente imprescindible conectar la actividad instructora con la geopolítica de servicios de inteligencia. No es posible desvincular la hiperactividad de la Audiencia Nacional de las recientes y significativas maniobras de la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. Las muy recientes reuniones del nuevo embajador de la Administración Trump con los líderes del bloque conservador y reaccionario —Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal—, sumadas a sus declaraciones públicas, en un denominado desayuno informativo organizado por el Foro de Nueva Economía el 27 de mayo de 2026, en Madrid, contra el Ejecutivo de coalición, superan los límites de la cortesía diplomática. Configuran, en términos de bloques de poder, la articulación de una ofensiva que aspira a tutelar, condicionar y erosionar la soberanía del Gobierno de España.
El trasfondo conceptual y material de estos desencuentros bilaterales no responde a cuestiones accesorias, sino a una enmienda a la totalidad de la política exterior y de defensa de España por parte de Washington. Son tres los vectores de ruptura fundamentales. En primer lugar, la oposición del Ejecutivo español frente a la exigencia estadounidense de elevar el gasto militar al 5% del PIB, un umbral hipertrofiado que asfixiaría el gasto social en favor del complejo militar-industrial. En segundo lugar, el posicionamiento nítido de Moncloa en apoyo al pueblo palestino y la denuncia del genocidio en Gaza, una línea roja para el consenso bipartidista de Washington. Y, finalmente, el detonante inmediato de la crisis: la prohibición de la utilización de las bases de Morón de la Frontera y Rota como plataformas de agresión militar contra Irán. A principios de marzo de 2026, el Gobierno español comunicó formalmente que no autorizaría el uso de dichas instalaciones estratégicas para una ofensiva bélica, amparándose en el Convenio de Cooperación para la Defensa de 1988 y ante la flagrante falta de cobertura de una resolución de Naciones Unidas. Esta decisión de no alineamiento automático obligó al Pentágono a retirar al menos once aviones cisterna KC-135 con destino a la base de Ramstein, en Alemania.
Esta confluencia de discrepancias estructurales —gasto militar, Palestina y las bases— desató una inmediata hostilidad diplomática. El propio embajador de los Estados Unidos en España explicitó este esquema de asedio político en sus declaraciones en el mencionado Foro, al precisar de manera quirúrgica que la Administración Trump dirige sus críticas y hostilidad directamente contra el Gobierno español y sus posiciones ideológicas y geoestratégicas, desvinculando de dicho ataque al «pueblo español» en una clásica maniobra de manual de guerra política dirigida a minar la legitimidad del Ejecutivo ante su base social. Asimismo, el presidente Donald Trump calificó la actitud soberana de España de «terrible», llegando a sugerir la ruptura de relaciones bajo una retórica imperial: «podríamos usar su base si quisiéramos (…) nadie nos va a decir que no la usemos».
Es precisamente en este escenario de confrontación abierta donde cobra sentido la instrumentalización de los archivos de Homeland Security Investigations (HSI). Esta agencia especializada en crimen transnacional y delitos financieros, integrada en el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de los Estados Unidos y con oficina operativa dentro de la propia delegación diplomática en Madrid, ha actuado como proveedora de la munición procesal. Oficialmente, un portavoz del DHS confirmó a la agencia Reuters su colaboración con la Policía Nacional en una investigación sobre blanqueo de fondos. Sin embargo, la cronología desborda cualquier lógica de auxilio judicial ordinario: la extracción de los datos del teléfono móvil de Rodolfo Reyes Rojas —empresario venezolano vinculado a la aerolínea Plus Ultra a través de Snip Aviation— fue realizada por la agencia estadounidense en Miami con mucha anterioridad, pero Washington retuvo de forma calculada ese dosier, procediendo a su entrega definitiva a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en noviembre de 2025, coincidiendo milimétricamente con el momento de mayor tensión política e internacional entre ambos Gobiernos.
La aportación de esta prueba tecnológica, tutelada y dosificada por los servicios estadounidenses, ha resultado capital para la reactivación penal en la Audiencia Nacional. Según consta en los autos del juez José Luis Calama, titular del Juzgado de Central de Instrucción número 4, la extracción telefónica del terminal de Reyes Rojas ha sido la palanca para imputar al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, organización criminal y falsedad documental. El relato judicial asume indicios de que diversos intermediarios buscaban la intercesión del expresidente («busco llegar a Zapatero», «nuestro pana Zapatero está por detrás»), situándolo de forma provisional al frente de una supuesta estructura jerarquizada que habría utilizado la consultora Análisis Relevante para canalizar pagos y justificar la concesión del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra durante la crisis sanitaria del COVID. El manejo estratégico de los tiempos por parte de HSI evidencia que la prueba tecnológica no se activó por razones procesales, sino por estricta oportunidad política global de los Estados Unidos. Había que sacar a Zapatero de las relaciones o de sus interactuaciones diplomáticas o comerciales con Venezuela y con China. Y de paso, remover uno de los principales pilares de apoyo político del Presidente Sánchez.
De forma simultánea, la instrucción penal se nutre en el plano operativo local de piezas instrumentales como Carmen Pano, correa de transmisión de los negocios de Víctor de Aldama, vinculado a sectores ultraderechistas y que no cesa de pronunciarse políticamente para hacer caer al Gobierno español. Pano, cuya vinculación con Aldama transita desde lo personal hasta la presunta trama corporativa del fraude del IVA de hidrocarburos vinculada a la operadora Villafuel, ha asumido un rol estelar en la hoja de ruta de la acusación. Según sus propias declaraciones en sede judicial, Pano fue la encargada de transportar y entregar en mano a una persona desconocida (así lo dice) 90.000 euros en efectivo en la sede central de Ferraz, haciéndose pasar como el vector operativo para introducir flujos monetarios bajo sospecha en la arquitectura interna del partido gubernamental.
Sobre este trasfondo de injerencia externa y delaciones dirigidas, la actuación de determinados sectores de la judicatura proyecta sombras que afectan a las más elementales garantías constitucionales. La apariencia de imparcialidad objetiva del magistrado Santiago Pedraz se encuentra severamente comprometida tras haberse documentado y difundido sus reiterados encuentros de carácter social con el exjuez y actual abogado defensor de Carmen Pano, Javier Gómez Bermúdez (magistrado en excedencia de la Audiencia Nacional, de la que fue presidente la Sala de lo Penal), en establecimientos públicos de la calle Almagro, a escasa distancia de la Audiencia Nacional. Semejante contigüidad podría encajar conceptual y normativamente en las causas de abstención de obligado cumplimiento tipificadas en el artículo 219.9.ª de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) por amistad íntima con los letrados intervinientes. Pudiendo viciar la limpieza del procedimiento y de las diligencias ordenadas en la sede del PSOE.
Se constata, por tanto, la apariencia de ejecución de un diseño de asedio multifactorial y sincronizado: una potencia extranjera custodia y dosifica dosieres de inteligencia para entregarlos a la UDEF en el cénit de un conflicto diplomático motivado por el rechazo al aumento del gasto militar, la defensa de Palestina y el veto a las bases de Morón y Rota; testimonios de parte y delaciones operativas marcan la dirección de la causa; magistrados de la Audiencia Nacional canalizan el material bajo un manto de formalidad procesal, siguiendo miméticamente los atestados policiales y pudiéndose cuestionar su imparcialidad; y el bloque político y mediático de la derecha y la ultraderecha doméstica amplifica el relato criminalizador para justificar la tesis del desmantelamiento institucional. No estamos ante el discurrir ordinario del Estado de derecho, sino podríamos estar asistiendo ante una sofisticada operación de lawfare e injerencia geopolítica donde sectores del aparato judicial interno parecen actuar en sintonía con los intereses de una potencia exterior, los Estados Unidos, cuyo interés es quebrar la soberanía nacional para forzar un cambio de ciclo político en el Estado español .