Por: Andrés Ramírez Santana. Profesor Enseñanza Secundaria
Un nuevo informe contundente y demoledor jurídicamente, ahora del Ministerio de Política Territorial a través de su Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local, avala declarar como tránsfugas al alcalde Franscisco García y los cinco concejales que abandonaron Nueva Canarias y vuelve a confirmar el estatus de los mismos como miembros No Adscritos en la corporación municipal del Ayuntamiento de Santa Lucía al tomar como base el informe inicial del Secretario Municipal del Ayuntamiento emitido el 18 de marzo de 2026.
El informe fue solicitado el 5 de mayo por los tres concejales de Nueva Canarias a la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local para que dirimiera en un nuevo informe cuál de los dos informes (el de la Secretaría Municipal y el de la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias) se ajusta a la normativa básica estatal.
Sería bueno recordar este lío jurídico y estancamiento administrativo en el que los 6 tránsfugas han sumido al Ayuntamiento de Santa Lucía. El 16 de marzo de 2026, el presidente de Nueva Canarias-FAC comunicó formalmente la expulsión de estos seis ediles a la Secretaría Municipal. El 18 de marzo el Secretario Municipal del Ayuntamiento emitió un informe concluyendo que los seis ediles expulsados, incluido el alcalde, debían considerarse concejales ‘No Adscritos’, y como consecuencia tránsfugas también. Ante esa nueva situación jurídica en la que los 6 ediles tránsfugas perderían el derecho a la dedicación exclusiva y el derecho a percibir retribuciones ligadas a sus cargos, el alcalde solicita un informe ‘a la carta’ a la Viceconsejería de Administraciones y Transparencia del Gobierno de Canarias para que aclarase si debía modificarse la condición del alcalde y los cinco concejales respecto a su no adscripción. El 27 de abril, de forma inaudita y sorpresiva, (quizás también en un acto de prevaricación), la Viceconsejería emitió un informe favorable al alcalde. Ese mismo día, el Secretario Municipal del Ayuntamiento certifica que existen dos informes jurídicos con criterios discrepantes. Posteriormente, como no podía ser menos, en sesión plenaria del 30 de abril, el alcalde ‘como juez y parte’ optó por presentar al pleno el informe del Gobierno de Canarias desacreditando con ello al Secretario Municipal y haciendo oídos sordos también a los autos emitidos en esas fechas por Tribunales de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, que calificaba incluso la actitud de los 6 ediles tránsfugas como de “trasgresión y fraude de ley”. Cabe destacar y tener en cuenta aquí que los concejales tránsfugas pertenecen ahora al partido político de nueva creación ‘Primero Canarias’ que es la franquicia grancanaria de ‘Coalición Canaria’, partido en el gobierno canario y considerado el partido adalid y máximo exponente de la corrupción en Canarias.
El informe emitido por la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local se fundamenta en el artículo 73.3 de la LRBRL (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local), que define como ‘Concejales No Adscritos’ a quienes no se integren en el grupo político de la formación por la que fueron elegidos o abandonen su grupo de procedencia. Y aclara que el régimen de concejales no adscritos es aplicable a las coaliciones electorales y que la única excepción legal que permitiría no limitar los derechos económicos y políticos en coaliciones sólo se aplica cuando un partido político decide abandonar la coalición, no cuando los concejales son expulsados de la formación que presentó la candidatura.
De esta forma, según el informe, la condición de ‘No Adscritos’ del alcalde Francisco García y los concejales Roberto Ramírez Vega, Minerva Pérez Rodríguez, José Mario Bordón Vera, Arminda Santana Alonso y Juan Francisco Guedes González significa que los mismos tan solo podrán participar en los plenos municipales con voz y con voto, ejercer funciones de control político y presentar mociones o preguntas. El informe de la Dirección General de Régimen Jurídico Autonómico y Local deja claro además, de manera nítida, que estos 6 ediles tránsfugas no podrán ejercer responsabilidades de gobierno, impidiendo así que asuman cargos en el Ayuntamiento y que reciban retribuciones ligadas a esos mismos cargos. De igual manera, el informe deja, con absoluta nitidez, que la Viceconsejería del Gobierno de Canarias no es competente para emitir informes jurídicos en relación a la Legislación Básica de Régimen Local como es este caso que se trata, con lo que el informe emitido el 27 de abril por la Viceconsejería carece de validez alguna.
Importante también sería mencionar, por su rotundidad y precisión, el pronunciamiento de una Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, Sección 4ª, nº 1401/2020, de 26 de octubre de 2020 –criterios que se reiteran posteriormente en STS de 16 de diciembre de 2020- que, en uno de sus puntos, señala lo siguiente en relación al transfuguismo:
“Estos acuerdos se basan en la idea de que ‘el transfuguismo implica una alteración o falseamiento de la representación política, en cuanto actuación desleal hacia la voluntad que los ciudadanos manifestaron con sus votos’. Con tal inspiración, del artículo 73.3.3º de la LRBRL (Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local) se deduce una intención disuasoria del transfuguismo, idea que recoge la doctrina del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia de esta Sala.
En gran medida, nos tememos que los 6 ediles tránsfugas, con el alcalde a la cabeza, seguirán instalados en la indecencia e indignidad política, como una marca y característica ya propia del partido al que dicen representar, teniendo como único objetivo el de atrincherarse a sus cargos y mantener los altos salarios que están percibiendo de manera ‘ilegítima’. Probablemente, el alcalde y los 5 concejales tránsfugas intentarán nuevamente ‘sortear de forma infame’, e ‘ilegal’ me atrevería casi a afirmar, los sucesivos informes jurídicos del Secretario Municipal del Ayuntamiento y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Histórica, además de los autos emitidos por sendas magistradas de los Tribunales de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria que, aunque no sean preceptivos ni vinculantes, sí que recogen el espíritu y el sentido del valor democrático de la voluntad de la ciudadanía en las urnas.
Previsiblemente, como un fin en sí mismo, el alcalde Francisco García y sus cinco concejales tránsfugas, auspiciados por la trama política ‘presuntamente mafiosa’ de ‘Primero Canarias’ y de ‘Coalición Canaria’, optarán por alargar la agonía política en la corporación municipal usando ‘vericuetos jurídicos’ lentos e interminables hasta agotar el actual mandato y llegar a las próximas elecciones municipales de mayo de 2027.
Por último, sería bueno cuestionar el papel vergonzoso e indigno que están desempeñando, en esta situación antidemocrática en el municipio y en Canarias en general, otros dos partidos de la corporación municipal, el PSOE y Fortaleza. El PSOE de Santa Lucía por su complicidad al mantener el apoyo a un gobierno formado por 6 tránsfugas (+ 2 presuntos del propio partido socialista) conociendo, como se sabe, los informes emitidos por los distintos organismos. La vergüenza de Fortaleza por no dar el paso para apoyar una obligada y ética ‘moción de censura’, al intentar mantener una ‘equidistancia calculada’, al poner la mano y pasar por la caja de Coalición Canaria para la financiación en las próximas elecciones municipales. Según los mentideros del municipio, el partido Fortaleza ha firmado ya la claudicación y será engullido finalmente en el proyecto político más nefasto y destructor de ‘Primero Canarias’, el brazo ejecutor grancanario de ‘Coalición Canaria’, que es considerado en el panorama político canario como el partido adalid de la corrupción y precursor de la entrada de la ultraderecha de VOX en gobiernos de tres ayuntamientos de Canarias.
Al final va a ser verdad el hecho de que ‘Primero Canarias’ esté exhibiendo en la actualidad en enormes cartelerías diseminadas por toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canarias, a su líder ególatra Teodoro Sosa junto al lema exclusivista “Primero Nuestra Gente”, más propio de los defensores del racismo de la ultraderecha. ¿Quizás habrán querido expresar subliminalmente con ese lema la defensa de este otro de “Primero Nuestros Tránsfugas”?