Por: José Manuel Rivero. Abogado-Analista político
La reciente acusación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz, Líder de la Revolución cubana, no constituye un acto de justicia, sino una maniobra de provocación política, despreciable e infame. Esta acción, carente de toda legitimidad y jurisdicción, se erige sobre la manipulación deshonesta de hechos ocurridos en febrero de 1996, cuando Cuba ejerció su derecho inalienable a la legítima defensa frente a la reiterada violación de su espacio aéreo por aeronaves de la organización terrorista Hermanos al Rescate.
Washington ignora deliberadamente, y con absoluto cinismo, las múltiples denuncias formales que Cuba presentó ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI). En aquel entonces, el gobierno estadounidense hizo oídos sordos a las advertencias cubanas sobre más de 25 violaciones graves y deliberadas de su soberanía, dejando en evidencia su complicidad con las acciones violentas gestadas desde su propio territorio. Mientras la potencia hegemónica se autoproclama juez del mundo, oculta su propio historial de uso desproporcionado de la fuerza, ignorando que la respuesta soberana de Cuba en 1996 estuvo plenamente amparada por la Carta de las Naciones Unidas y los principios fundamentales del derecho internacional.
La instrumentalización de los mecanismos del Departamento de Justicia como arma de coacción —una expresión depredadora de lawfare utilizada como herramienta de terrorismo de Estado para criminalizar la historia y deslegitimar el liderazgo revolucionario desde el poder ejecutivo— no es un hecho aislado. Se inscribe en el marco de una política de agresión multidimensional que Washington ha intensificado ante su incapacidad de doblegar el proceso emancipatorio cubano. Esta cortina de humo funciona como el preludio narrativo con el que el imperialismo intenta justificar un castigo colectivo, el recrudecimiento del bloqueo energético y, de manera alarmante, la preparación de una intervención militar directa.
Ante esta coyuntura, la advertencia del presidente Miguel Díaz-Canel no deja margen a la ambigüedad: una agresión armada contra la isla provocaría un baño de sangre de consecuencias incalculables. Esta declaración no constituye una bravata, sino una advertencia basada en la realidad de un sistema defensivo que ha sido perfeccionado durante décadas bajo la doctrina de la «Guerra de Todo el Pueblo». Cuba no es una nación indefensa; su capacidad de respuesta ante un ataque preventivo o directo está diseñada para ser total y asimétrica.
Esta estrategia defensiva no es estática; es un engranaje vivo. Ante la amenaza de una intervención, el Estado cubano cuenta con un despliegue operativo que combina la tecnología de cohetería de mediano y largo alcance —capaz de neutralizar plataformas de proyección de fuerza— con una doctrina de resistencia que atomiza el combate. Cada zona de defensa, cada circunscripción y cada ciudadano se integran en una estructura fortificada y autónoma. Mientras el imperialismo apuesta por la superioridad tecnológica y el ataque quirúrgico desde la distancia, la doctrina cubana garantiza que cualquier intentona invasora se encuentre con un territorio donde cada punto geográfico es una posición de combate, transformando la ocupación en una pesadilla logística y humana inasumible para el atacante.
El intento de criminalizar al Líder de la Revolución es, en esencia, un ataque directo a la dignidad de toda una nación. Estados Unidos pretende sustituir el derecho internacional por el arbitrio de una potencia que se arroga el papel de verdugo, pero se topa con un pueblo que ha hecho de la soberanía un principio innegociable. La respuesta a esta nueva canallada es la unidad absoluta y el respaldo irrestricto a la historia y la continuidad que Raúl Castro Ruz simboliza. La firmeza frente a esta escalada bélica es la única garantía de paz ante quienes, desde la desesperación imperial, pretenden forzar una confrontación que solo conduciría a la autodestrucción de la estabilidad regional. Ni el chantaje judicial de lawfare, ni las amenazas de fuerza lograrán doblegar a quienes han decidido construir su destino soberano lejos de cualquier cadena neocolonial.