De los 20 ancianos que han recibido la orden de desalojar sus habitaciones en el centro público Residencial La Dehesa de Santa Cruz de La Palma, todos han sido ya trasladados a otros espacios, a excepción de una persona que se ha resistido a marcharse: Juan Martín Vega.
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Martín Vega, conocido como Chema Tante, director del digital La Casa de Mi Tía, es una de las personas afectadas por la orden de traslado de los veinte ancianos, la mayoría octogenarios y nonagenarios, de sus respectivas habitaciones individuales en las plantas 2 y 3 del Centro Residencial La Dehesa en Santa Cruz de La Palma.
Denuncian que se les ha dado orden de traslado, a última hora y sin previo aviso, a otras plantas del mismo edificio, en inferiores condiciones, donde deberán compartir habitación y baño con varias personas y en espacios mucho más reducidos, donde además no podrán llevar la mayor parte de sus actuales pertenencias. Incluso a otros ancianos los envían al hospital de Dolores, un edificio vetusto, en habitaciones de 2 x 3 metros que califican los usuarios como ‘un ataúd en vida’.
Los afectados se resisten a renunciar a su derecho a vivir los últimos años de su vida en condiciones dignas donde se vulneran sus derechos básicos a la dignidad, a la intimidad, a no perder condiciones de alojamiento y a no compartir habitación contra su voluntad.
El Cabildo de La Palma, que gestiona el Centro Residencial La Dehesa, justifica esta orden en la necesidad de realizar una obra de reforma urgente, por la supuesta situación de ruina en la que se encuentran dichas plantas. La obra está valorada en seis millones de euros y se efectuará con cargo a fondos europeos Next Generation.
Sin embargo, los afectados consideran que la supuesta declaración de ruina de dichas plantas no ha sido suficientemente explicada ni acreditada. Aseguran que el proyecto resulta irregular desde su origen, ya que se elaboró sin consultar ni permitir la participación de los residentes, tal como exigen el Reglamento del propio Centro y la legislación de servicios sociales.
Traslado bajo amenazas de perder la plaza de residente
Juan Martín Vega ha explicado en radio San Borondón que ninguno de los veinte ancianos residentes estaba de acuerdo con este traslado obligatorio, pero recibieron amenazas advirtiéndoles de que, o aceptaban el traslado o podían perder su plaza residencial, con frases como: ‘te vamos a poner en la calle’. Es por ello que, en el momento actual, solo uno de los residentes, el propio Juan Martín, se mantiene en su habitación, a la espera de que, si se cumplen las advertencias de la institución insular, este miércoles a las 10:00h., lo sacarán de su habitación usando si fuese necesario a la policía local.
Martín Vega añade además, que desde el Cabildo han hecho falsas promesas a los ancianos con la falsa promesa de que es un tema transitorio de once meses. Por la información que maneja, considera que teniendo en cuenta las obras, el acondicionamiento necesario, la burocracia administrativa y la gestión realizada hasta ahora por el Cabildo, no serán menos de dos años.
El residente asegura que el Cabildo está incumpliendo la ley, que dice que los residentes tienen derecho a intervenir en el proceso de toma de decisiones que afecten a su vida “aquí no se nos informó ni se nos pidió opinión”, nos enteramos cuando ya estaba todo en marcha.
Juan Martín resalta además que la resolución emitida por la Consejera de Acción Social del Cabildo de La Palma para desalojar a quienes se han negado a ser trasladados, indica que estas personas deben abandonar el Centro para trasladarlas a alojamientos similares a los que habitaban hasta ahora, lo cual no se está cumpliendo. Aunque en el mismo escrito advierte de que “de no hacerlo serán desalojados por la policía local perdiendo sus derechos”.
Este residente afirma que la Consejera se está arrogando competencias que no le pertenecen, pues no tiene autoridad para mandar a la fuerza pública contra un usuario de una Residencia de Mayores. “La policía solo puede actuar en caso de incidente peligroso o flagrante delito, que no es la situación. Tiene que ser un juez quien dicte una Orden de Desahucio, que luego ejecutaría la policía o guardiacivil, pero nunca por orden de una Consejera”, afirma.
Explica que, desgraciadamente, la administración se ha aprovechado de que la mayor parte de personas son muy mayores, con problemas de salud, desvalidas y con menos conocimientos para defender sus derechos, “De hecho el desalojo empezó con un señor de 90 años”.
También rechaza la acusación que desde el Cabildo se hace contra los ancianos, afirmando que ‘estos señores lo que quieren vivir bien’ y que por su culpa se pueden perder los 6 millones para la obra. “Solo reclamamos nuestro derecho a vivir con dignidad, no es incompatible realizar las obras de reforma y trasladarnos a espacios en las mismas condiciones que teníamos”, afirma.
El abogado José Manueol Rivero ha afirmado que, desde el rigor jurídico, lo que estamos presenciando es una vulneración sistemática de derechos fundamentales que no admite paliativos. El artículo 10.1 de la Constitución Española no es un adorno retórico: sitúa la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad como el fundamento mismo del orden político.