Por José Manuel Rivero, Abogado-Analista político
La reciente oleada de ataques de las Fuerzas Armadas ucranianas, bajo la cobertura de sus patrocinadores occidentales, contra la infraestructura económica rusa,el ataque frustrado a la residencia oficial del presidente Putin en Valdai y la masacre de civiles perpetrada en Jersón, no pueden entenderse como episodios aislados de una guerra convencional. Representan, más bien, la manifestación violenta de una contradicción fundamental en el seno del capitalismo occidental: la incompatibilidad entre dos proyectos hegemónicos que hoy se disputan no solo el control del aparato estatal estadounidense, sino la dirección misma del bloque histórico global. Cuando Donald Trump anuncia que un acuerdo de paz está «completado en un 95%», no actúa por humanismo, sino bajo la lógica de un bonapartismo pragmático. Este bonapartismo se caracteriza por una política exterior de extorsión y realismo transaccional —visible en sus previas amenazas a Venezuela e Irán, o sus pretensiones sobre Groenlandia— que busca salvar la viabilidad del Estado burgués estadounidense ante una sobreextensión estratégica terminal y una deuda pública (la de los Estados Unidos) que asciende actualmente a 38,37 billones de dólares. Para esta facción, el repliegue en Ucrania es una necesidad material para concentrar recursos en la contradicción principal: el ascenso de China.
Sin embargo, frente a este repliegue se alza un bloque de poder para el cual la guerra es la máxima mercancía. Se trata del capital financiero globalista, una red de intereses donde convergen gestoras de activos como BlackRock, figuras del especulacionismo financiero como Soros y los Rothschild, y los gigantes tecnológicos de la información como Google y Bloomberg. Para este entramado, cuya base de operaciones política es la City de Londres, la paz de Trump es percibida como una amenaza de expropiación. La continuidad del conflicto es un proceso de acumulación originaria: los contratos de reconstrucción de Ucrania y el acceso a los recursos estratégicos del Donbás ya han sido titulizados por estos fondos antes de que cesen los combates. Por ello, ante la posibilidad de un acuerdo que ceda territorios a Rusia, este bloque activa sus mecanismos de coerción para hacer naufragar cualquier diplomacia.
En esta dinámica, el Reino Unido asume su papel histórico como el brazo ejecutor más agresivo de este capital financiero desterritorializado. Londres no actúa como una potencia nacional soberana, sino como el nodo operativo de una alianza anglosajona que suple la falta de consenso político en Washington con sabotaje militar directo. El patrón de conducta quedó fijado en abril de 2022, cuando Boris Johnson, Premier británico, viajó a Kiev con la misión expresa de quebrar los acuerdos de paz que ya se daban por hechos en Estambul. Aquella intervención británica no buscaba la victoria de Ucrania, sino impedir una desescalada que habría excluido al bloque financierista de la gestión del conflicto. Hoy, ese rol se repite con renovada intensidad: las recientes revelaciones de The Telegraph sobre las pruebas secretas de submarinos clase Dreadnought y el adiestramiento de la CIA a las fuerzas de Kiev para golpear el «talón de Aquiles» económico de Rusia —sus refinerías y petroleros— son pruebas de una autonomía táctica de los servicios de inteligencia -lo mismo para el MI6- destinada a crear hechos consumados. Estas filtraciones, publicadas precisamente mientras se habla de paz, buscan elevar el costo del conflicto hasta que Moscú se vea obligado a una respuesta de tal magnitud que cualquier mesa de diálogo resulte políticamente inviable para los sectores moderados de Occidente.
El ataque frustrado a la residencia oficial de Putin en Valdai y la masacre de civiles en Jersón, ejecutada apenas diez minutos antes de las campanadas de Año Nuevo, poseen una lógica política absoluta dentro de esta dialéctica de la provocación. Al golpear centros de celebración y símbolos del liderazgo estatal en momentos de máxima carga psicológica, los perpetradores buscan herir la sensibilidad nacionalista rusa para que cualquier acuerdo de paz sea percibido internamente como una traición. La intención es forzar a Rusia a una escalada que justifique la perpetuación de la guerra y, con ella, la preservación de los flujos de ganancia de las gestoras de activos y el complejo militar-industrial.
Bajo esta luz, incluso el atentado contra Trump en Pensilvania, en la campaña presidencial del 2024, adquiere un sentido sistémico: es la advertencia violenta de un Estado profundo que no tolera interferencias en sus ciclos de valorización. La paz, en este contexto histórico, se ha convertido en un proyecto disruptivo que choca con la necesidad de reproducción del capital financiero militarizado. Lo que presenciamos no es una guerra entre naciones por la soberanía, sino el enfrentamiento entre una lógica de repliegue imperial y una lógica de caos lucrativo donde el valor de cambio de las armas y los contratos de reconstrucción pesa infinitamente más que la propia existencia humana. La resolución de esta contradicción marcará el carácter del orden mundial, mientras millones de vidas siguen siendo utilizadas como mera variable de ajuste en una partida geopolítica cuyas apuestas son, literalmente, existenciales.