José Manuel Rivero. Abogado – Analista Político
Lo acontecido recientemente en los pasillos de Davos, entre el presidente Donald Trump y la cúpula de la OTAN, representada por el Secretario General Mark Rutte, no debe leerse como una mera excentricidad diplomática ni como una transacción inmobiliaria a escala global. Lo que se ha formalizado bajo el eufemismo de «acuerdo marco» para la seguridad ártica constituye un punto de quiebre en el Derecho Internacional formalmente vigente y una advertencia existencial que resuena con fuerza alarmante en nuestro Archipiélago Canario. La realidad es que Dinamarca, bajo la coerción de una guerra comercial y la amenaza de aranceles punitivos, ha capitulado. La soberanía de Groenlandia ha sido fragmentada para dar paso a lo que en la jerga de las negociaciones se ha denominado «bolsillos de soberanía estadounidense»; un modelo que replica el estatus colonial de las bases británicas en Chipre. Es imperativo subrayar que no estaríamos ante un arriendo o una cesión temporal de uso, sino ante una transferencia de dominio y título real, donde la potencia ocupante ostenta la titularidad plena y perpetua sobre el suelo, asumiendo una jurisdicción que anula de facto la autoridad del Estado cedente. El acuerdo sobre Groenlandia anunciado por el presidente Donal Trump permitiría a Washington estacionar misiles estadounidenses en el territorio de su isla, le otorgaría derechos mineros e implicaría una presencia reforzada de la OTAN, según fuentes de la revista Bloomberg.
Este movimiento desvela la verdadera naturaleza de las relaciones atlánticas en este 2026: la soberanía formal de los estados menores es papel mojado ante las necesidades estratégicas del hegemón. Mientras en Copenhague y Nuuk se mantendrá la ficción administrativa y la bandera danesa seguirá ondeando, el control efectivo, militar y estratégico del territorio —especialmente para el despliegue del escudo antimisiles «Domo Dorado»— pasa a manos exclusivas del Pentágono. Se ha consumado una ocupación de facto amparada por la alianza militar atlántica, vaciando de contenido la autonomía del pueblo groenlandés y reduciendo a Dinamarca a la condición de mero gestor civil de un portaaviones estadounidense.
Para quienes observamos la geopolítica desde la latitud de Canarias, este precedente jurídico-militar es de una gravedad extrema. No podemos caer en la ingenuidad de pensar que la voracidad imperial se detiene en el Círculo Polar Ártico. La lógica del poder es universal y busca llenar los vacíos estratégicos allí donde se produzcan. Si miramos hacia nuestro flanco sur, la situación en el Sahel y el Golfo de Guinea presenta un escenario de colapso para los intereses occidentales tradicionales, con la expulsión de potencias occidentales de sus antiguos feudos territoriales. Estados Unidos necesita urgentemente una plataforma segura, estable y «occidentalizada» desde la cual proyectar su fuerza, controlar los recursos estratégicos y asegurar su hegemonía en el Atlántico Medio y Sur frente a competidores globales, como China y Rusia.
En este diseño, la militarización del Archipiélago no solo se justifica ofensivamente por la proximidad al continente, sino que se instrumentaliza a través de la «seguridad marítima». No son ajenas a este plan las constantes operaciones de incautación de grandes alijos de droga en aguas circundantes a Canarias, que sirven de pretexto para una vigilancia permanente (intervenciones, cada vez más,de la DEA estadounidense en tales incautaciones) y una presencia naval extranjera cada vez más asfixiante. Estas operaciones, a menudo presentadas bajo una pátina de legalidad internacional, guardan una estrecha relación con las estrategias de acoso jurídico y bloqueos financieros aplicados a naciones soberanas como Venezuela, donde la supuesta lucha contra el narcotráfico se convierte en la herramienta predilecta para la intervención política y la desestabilización estatal. El uso de nuestras aguas como escenario de estas «razias» de inteligencia y control militar no es más que la avanzadilla de una ocupación mayor.
Detrás de estos pretextos de seguridad, narcotráfico o control migratorio, subyace el objetivo real: el control absoluto de los recursos naturales. Canarias se sitúa en el epicentro de una disputa por la base material del futuro. El despliegue militar busca blindar el acceso exclusivo a los recursos submarinos y las tierras raras de los montes submarinos —como el Tropic—, fundamentales para la industria tecnológica y armamentística. Asimismo, esta proyección de fuerza asegura el control sobre los caladeros de pesca, las potenciales bolsas de petróleo y los yacimientos de fosfatos de la región. Desde el Archipiélago, el control militar se extiende hacia el Sahel, garantizando el flujo de uranio vital para la infraestructura nuclear y el dominio energético del bloque imperialista.
Canarias se erige, en este tablero, como la pieza codiciada. Las mismas dinámicas que han doblegado a Dinamarca son perfectamente aplicables al Estado español. La debilidad estructural de nuestra posición y la docilidad histórica de Madrid ante las exigencias de Washington nos colocan en una situación de vulnerabilidad máxima. Al igual que se ha utilizado la excusa de la «seguridad ártica» para la ocupación de Groenlandia, es previsible que se invoque la «seguridad del flanco sur» o la estabilidad del Golfo de Guinea para exigir una transferencia de soberanía sobre puntos estratégicos de nuestras islas. No hablamos ya de meras autorizaciones de uso en bases compartidas, sino de la implementación de enclaves soberanos exclusivos que garanticen la operatividad estadounidense al margen de cualquier vaivén político español.
El peligro es inminente. La historia no engaña y la memoria del pueblo canario debe tener presente el precedente del Sáhara Occidental. En 1975, el Estado español no dudó en entregar el territorio y a su población para salvaguardar los intereses de la metrópoli, pero con ello también se conseguía un objetivo estratégico superior para Washington: reforzar a Marruecos como aliado incondicional y ariete contra el papel regional de Argelia. Hoy, la necesidad imperial de controlar las rutas del comercio y la energía frente a África conforma un incentivo irresistible que nos sitúa en la misma diana.
Frente a este horizonte de sumisión, la única respuesta posible reside en la movilización consciente y organizada del pueblo canario. No podemos permitir que nuestro suelo sea el tablero de juegos de guerra que solo benefician al capital transnacional. Es imperativo rescatar y blindar la exigencia histórica del Estatuto de Neutralidad para Canarias; un marco jurídico y político que nos sustraiga de la estructura militar imperialista y nos convierta en un auténtico puente de paz entre continentes, y no en la punta de lanza de una ocupación. La soberanía no se concede, se defiende en la calle y en la conciencia colectiva, construyendo un bloque histórico capaz de decir no a la ignominia y sí a un futuro de autodeterminación y paz.