Intersindical Canaria denuncia que mientras la Consejería de Educación presume de la expansión del ciclo 0-3 años, los centros dependientes de Bienestar Social, Igualdad, Infancias y Familias de la Comunidad Autónoma de Canarias sufren cierres de aulas por falta de personal y una gestión basada en una normativa obsoleta de 1994.
Los profesionales y familias de las Escuelas Infantiles dependientes de la Consejería de Bienestar Social denuncian públicamente la situación de abandono y discriminación que sufren los menores escolarizados en estos centros. Aseguran que, a pesar de que la ley es clara al definir el primer ciclo de Educación Infantil como una etapa educativa única, en Canarias existen hoy «niños de primera» (en la Consejería de Educación) y «niños de segunda» (en Bienestar Social).
Cierre de aulas y falta de personal
Para los afectados, la situación ha llegado a un punto crítico. En los últimos meses, varias escuelas infantiles de la red de Bienestar Social se han visto obligadas a cerrar aulas completas durante días debido a la falta de cobertura de las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT). A diferencia de los centros de la Consejería de Educación, donde las sustituciones y los apoyos cuentan con mecanismos más ágiles, en Bienestar Social la burocracia y la falta de previsión dejan a las familias sin servicio y a los niños sin su derecho a la educación de forma recurrente.
Un anacronismo legal: Gestionar el 2026 con normas de 1994
Dede IC consideran que resulta inadmisible que la Consejería de Bienestar Social siga utilizando el Artículo 16 de una Orden de septiembre de 1994 para organizar los horarios y el funcionamiento de estos centros.
Una normativa -indican – dictada hace más de 30 años, responde a un modelo «asistencialista» y de «protección del menor» que ha sido legalmente superado.
Mientras el reciente Decreto 446/2023 establece en su Disposición Adicional Primera que estos centros
deben gestionarse según el currículo educativo actual (Decreto 196/2022), sin embargo, aseguran que la realidad es un contrasentido pedagógico: se exige a los educadores cumplir con objetivos educativos
modernos mientras se les imponen horarios de «guardería» y se les niega el personal de apoyo y los
tiempos de preparación que sí tienen sus compañeros en Educación. Y lo mismo ocurre con el personal de limpieza teniendo que hacer el trabajo de hasta dos compañeros de baja por meses o el
personal de cocina, al tener que sustituir al cocinero o cocinera del centro por un catering teniendo
una lista de reserva actualizada.
Discriminación de los menores
«No es solo una cuestión de derechos laborales, es una cuestión de derechos de la infancia», afirman
los portavoces del colectivo. «Un niño en una escuela de Bienestar Social no recibe el mismo
tiempo de atención individualizada ni cuenta con la misma estabilidad de personal que un niño en
una escuela de Educación. Estamos fracturando el sistema educativo canario desde su etapa más
temprana y funcional.
Desde el sindicato exigen la intervención inmediata del Gobierno de Canarias para:
1.Unificar las condiciones de gestión de todas las escuelas infantiles públicas,
independientemente de la Consejería a la que estén adscritas.
2.Actualizar las RPTs de forma urgente para evitar el cierre de aulas por falta de personal
de apoyo.
3.Derogar de facto la aplicación de la Orden de 1994, adaptando los horarios y calendarios
a la realidad educativa del siglo XXI.
Afirman que «Canarias no puede permitirse una educación infantil a dos velocidades. La conciliación de las
familias no puede construirse sobre la precariedad de los centros ni sobre la desigualdad de
oportunidades de los más pequeños».